El Gobierno vasco va a archivar los alrededor de 14.700 expedientes sancionadores no firmes derivados de las multas interpuestas durante el confinamiento establecido en el primer estado de alarma, que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Esta medida no afectará a las más de 5.200 multas ya abonadas por "Pronto Pago" o a las casi 3.000 que cuentan con resolución de sanción en firme.

El BOPV publica este miércoles un orden del 17 de agosto del vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, por la por la que se llevan a cabo diversas actuaciones con motivo del fallo de la Sentencia del Tribunal Constitucional 148/2021, de 14 de julio de 2021.

En la orden se recuerda que, por Real Decreto de 14 de marzo, se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación sanitaria ocasionada por el Covid-19, donde se incluían limitaciones a la libertad de circulación de las personas.

En julio de este año una sentencia del Tribunal Constitucional estimó parcialmente un recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra ese Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declarado inconstitucionales y nulos, entre otros, los apartados 1 y 3 del artículo 7, que hacían mención a esas limitaciones a la libertad de circulación de las personas.

En la orden se señala que concurren circunstancias de índole técnico-jurídica que justifican dar respuesta en un único acto administrativo a la variedad de situaciones jurídicas surgidas con motivo del fallo de la sentencia del Tribunal Constitucional.

Por lo tanto, en aplicación del fallo, en la orden se acuerda no incoar aquellos procedimientos sancionadores en los que la conducta infractora consista únicamente en haber infringido los apartados 1 y/o 3 del artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma.

También se procede a finalizar tanto los procedimientos en los que, habiendo sido incoados, no haya recaído aún resolución sancionadora, como los procedimientos en los que, habiendo recaído resolución sancionadora, esta no es firme por haber sido recurrida en alzada en el plazo legalmente establecido y no haber sido todavía resuelto dicho recurso.

Además, se ha acordado estimar los recursos de alzada, a los solos efectos de la anulación de la sanción impuesta, que, no habiendo recaído, resolución administrativa por la que se resuelven dichos recursos, hayan sido interpuestos en plazo contra los procedimientos administrativos sancionadores.

EXPEDIENTES

La Ertzaintza y las policías locales de Euskadi, cuyos expedientes tramita el Gobierno vasco, habían interpuesto 22.957 denuncias por ligadas a esa normativa del primer estado de alarma. De esas denuncias, a fecha de finales de julio, el Gobierno vasco había incoado 20.237 expedientes sancionadores y quedan paralizados los que no son firmes o las denuncias que no se hayan incoado todavía, en total 14.740.

En concreto, de los citados 20.237 expedientes sancionadores, un total de 5.256 son firmes al haberse abonado por el procedimiento del "Pronto Pago" sin recurso y otros 2.961 son firmes también por tener resolución de sanción, ya, en firme.

"Agravio comparativo" para quienes abonaron las multas

El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, cree que la sentencia del Tribunal Constitucional genera un "agravio comparativo" con las personas que en Euskadi abonaron las multas nada más notificarse, por el procedimiento "pronto pago", cumpliendo así con sus obligaciones ante la administración con "la máxima diligencia".

El Boletín Oficial del País Vasco publica este miércoles una orden de Erkoreka que paraliza y archiva definitivamente todos los expedientes administrativos sancionadores que tramita el Gobierno Vasco, en los que no se ha dictado resolución firme, que estaban ligados a la normativa anulada por el Tribunal Constitucional del primer estado de alarma.

De esta forma, las personas que estén en este supuesto no deberán realizar ninguna acción ya que el Gobierno vasco paraliza y archiva, de oficio, todos estos procedimientos, se encuentren en la fase administrativa que se encuentren. Esto es, no se van a incoar las sanciones aún no tramitadas, se archivan las que estaban en marcha y se estimarán todos los recursos presentados en plazo por las personas sancionadas.

Desde el Gobierno vasco han señalado que el Tribunal Constitucional "no deja lugar a dudas al dictaminar que los expedientes sancionadores que, en cambio, ya son firmes tanto en vía administrativa como judicial, no son objeto de revisión". Esta situación es, en palabras de Josu Erkoreka, "un agravio comparativo para las personas que han abonado ya las multas, por ejemplo, por la vía del 'Pronto Pago'".

A su juicio, el alto tribunal "perjudica, claramente y sin motivo justificado, a quienes en Euskadi abonaron las multas nada más notificarse, cumpliendo así con sus obligaciones ante la administración con la máxima diligencia".

CIFRAS

La Ertzaintza y las policías locales de Euskadi (cuyos expedientes tramita el Gobierno vasco) han interpuesto 22.957 denuncias ligadas a la normativa del primer estado de alarma anulado por el TC. De ellas (a fecha finales de julio), el Gobierno Vasco ha incoado 20.237 expedientes sancionadores.

De estos, 5.256 son firmes al haberse abonado por el procedimiento del "Pronto Pago" sin recurso y otros 2.961 son firmes también por tener resolución de sanción, ya en firme.