- ¿Debe vacunarse de forma obligatoria el personal trabajador de las residencias de ancianos? El debate -abierto desde hace ya unos cuantos días en muchos países- lo retomó el martes el diputado general de Araba, Ramiro González, diciendo que le gustaría disponer de los instrumentos formativos necesarios para impedir que las personas no vacunadas trabajaran en las residencias, un argumento que compartió ayer el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran.
En una entrevista en Radio Euskadi, Urtaran consideró que las personas no vacunadas no deberían trabajar con pacientes con un perfil de riesgo porque “ponen en peligro a todos los que les rodean”, aunque también reconoció que la ley no permite “apartar” a esa persona “de sus funciones laborales habituales”.
La Diputación de Gipuzkoa no es ajena a este debate, aunque no tiene intención de variar su postura desde que comenzó el proceso de vacunación, que es la de no obligar a sus trabajadores a inmunizarse contra el covid. Por un lado, no tiene argumentos legales para hacerlo, y, por otro, prefiere quedarse en la “recomendación”, tal y como indicaban ayer a este periódico desde el ente foral.
En estos momentos son alrededor de 7.000 los trabajadores de la red residencial de Gipuzkoa y la Diputación no facilita la cifra de cuántos han recibido la vacuna y cuántos no lo han hecho. En su momento se habló de que estaba inmunizado “más del 80%” del personal y posteriormente se indicó que este porcentaje había “subido bastante” -este porcentaje alcanza el 95% en Araba y Bizkaia-, aunque a día de hoy el ente foral no ofrece un porcentaje definitivo. Los motivos son que, además de las personas que se niegan a recibir la vacuna, hay algunas que pueden tener contraindicaciones médicas.
Además, no quieren “señalar” a esos trabajadores que no han querido recibir la vacuna. De hecho, en una comparecencia hace mes y medio, la portavoz de la Diputación, Eider Mendoza, fue cuestionada sobre si los ocho trabajadores entonces contagiados por covid habían sido o no vacunados, y respondió que no iba a confirmar si esos empleados estaban o no vacunados, limitándose a recordar que el hecho de haber sido inoculado no exime de poder contraer la enfermedad.
Sobre esta posible obligación de vacunar habló ayer en ETB el presidente del Comité de Bioética, Federico de Montalvo. La vacunación obligatoria estaría, según indicó, “amparada por la Ley General de Sanidad de 1986 que recoge la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para superar una situación de grave riesgo para la salud pública”.
“Entiendo que dentro de esas medidas se permite la vacunación obligatoria como medida excepcional en un contexto como el de ahora, que es excepcional. En este caso se exigiría, además de acreditar que es necesario para la salud pública, una previa autorización judicial”, explicó Federico de Montalvo, quien considera que “el derecho a la vida de la persona cuidada prevalece sobre una mínima intromisión en la integridad física del cuidador”.
En cualquier caso, por ahora la vacunación del personal de residencias -debate que puede ampliarse a todos los sanitarios- no es obligatoria en el Estado, aunque cada país sigue sus pautas. Así, Italia hizo obligatoria la vacunación a sanitarios y en Francia lo será a partir del 15 de septiembre, lo que está provocando protestas más allá de la muga. En Reino Unido se está estudiando esta posibilidad, que al menos hasta el momento Alemania la descarta.
En cuanto al número de casos de coronavirus entre las personas usuarias en las residencias del territorio, esta cifra ha bajado a 18, ya que en las últimas horas se ha detectado un nuevo caso en el centro residencial Petra Lekuona de Oiartzun -un usuario vacunado que no presenta síntomas- pero tres personas de la residencia Aldakonea de Donostia han superado la enfermedad.
Los 18 casos activos que hay en estos momentos se reparten de la siguiente manera: nueve en Fraisoro de Zizurkil, cinco en Petra Lekuona de Oiartzun, dos en la Inmaculada de Irun, una en Santiago de Villabona y una en Aldakonea de Donostia. De estas 18 personas, 17 se encuentran en el centro covid de Eibar.
La Diputación no tiene argumentos legales para obligar a vacunarse y, además, prefiere quedarse en la “recomendación”
