- Trabajadoras despedidas de la residencia San Andrés de Eibar reclamaron ayer en las Juntas Generales que se ejecute la sentencia que les reconoció en 2019 como indefinidas no fijas algo que, según denunciaron, no ocurrió por “discrepancias” con el organismo foral Kabia, “que lo único que propuso fue una reducción de jornada tras la cual llegaron los despidos”. La diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, aseguró que “en todo momento” han mostrado su voluntad para llegar a un acuerdo, “pero los márgenes están establecidos y no es posible ofrecer a toda la plantilla” un calendario del 100% desde comienzos de año. Ambas partes mostraron, en todo caso, su disposición para evitar que el caso llegue a los tribunales el próximo 28 de julio.
El origen del conflicto se remonta a 2018 cuando el centro residencial estaba en manos de un patronato del Ayuntamiento de Eibar. Las trabajadoras, tres de las cuales han sido finalmente despedidas, tenían un contrato eventual y los juzgados dictaminaron que la fundación municipal responsable de la residencia debía hacerlas fijas discontinuas.
Kabia heredó el problema laboral, una vez que la residencia se integró en el organismo foral de la Diputación de Gipuzkoa. A partir de ese momento se inició una negociación con el comité de empresa para acordar, entre otras cuestiones, los calendarios de trabajo. “Finalizó sin consenso y Kabia estableció los calendarios cumpliendo lo que dictaba la ley”, aseguró Peña.
Parte del comité interpuso dos demandas en el Juzgado de lo Social de Eibar. “En el caso de los calendarios no se pudo llegar a un acuerdo, pero hay una sentencia favorable de Kabia”, insistió la diputada, que recalcó que dentro de este organismo foral llevan a cabo la gestión de 300 trabajadores “y no es posible” establecer un calendario fijo desde comienzos de año, motivo que desató la controversia que acabó con los despidos.
“Hemos llegado a trabajar hasta 200 horas mensuales, de lunes a domingo sin descanso y durante diez años no hemos podido hacer ningún plan”, denunció Puri Dorronsoro que, junto a Mónica Merino, compareció en la Comisión de Políticas Sociales para ofrecer su relato de lo ocurrido junto al letrado Borja Mollá.
El abogado insistió en el incumplimiento de la sentencia de 2019 que les reconoce la categoría de indefinidas no fijas. Los sindicatos de la residencia plantearon por ello un conflicto colectivo para disponer de un calendario. “Justo a las puertas del juicio, se llegó a un acuerdo en el que las partes se comprometían a hablar, pero la única respuesta de Kabia fue una reducción de jornada”, expuso el letrado.
La decisión fue impugnada “porque no se pueden plantear represalias por defender derechos. Han estado 365 días de guardia, de un modo permanente en una institución pública. Lo único que se pide son unas condiciones dignas para que no estén y vivan a golpe de teléfono”.
La diputada, que empatizó con la situación personal que han podido llegar a vivir, insistió en que a comienzos de año resulta imposible detallar un calendario laboral que se va perfilando según discurren los meses.
Expuso que se ha intentado en dos ocasiones llegar a un acuerdo con el comité de empresa pero no ha sido posible. “Kabia en todo momento ha estado dispuesta a no rescindir los contratos, pero si el personal no muestra su posición favorable a la reducción de jornada y el comité no quiere negociar el incremento de la jornada flexible, a Kabia no le ha quedado otra posibilidad”, detalló la diputada, quien aseguró que los ratios de la residencia de San Andrés están por encima del catálogo.
