La ley de eutanasia que permite "dejar de morir mal" ya se puede solicitar en Euskadi

Desde hoy es posible ejercer este derecho fundamental que ayuda a poner fin a la vida en determinados supuestos y que se presenta como una prestación sanitaria más, universal y gratuita mediante documento firmado

25.06.2021 | 00:24
Concentración convocada por la asociación Derecho a Morir Dignamente para celebrar la aprobación de la Ley de Eutanasia. Foto: Patxi Cascante

donostia – El Gobierno Vasco ya ha dado los pasos necesarios para garantizar el cumplimiento en Euskadi de la ley estatal que regula el derecho a la eutanasia, que entra en vigor hoy y que nace por empatía legislativa con las personas a las que no se quiere añadir más sufrimiento.

La norma, que supone un hito de enorme trascendencia, es garantista en el procedimiento al defender los derechos y voluntades, tanto de quienes aspiran a la muerte asistida como de los profesionales sanitarios que se oponen a la realización consciente de estas prácticas.

El proceso, en cualquier caso, no es sencillo. El paciente deberá solicitar la eutanasia a un "médico responsable" elegido por la propia persona interesada y que normalmente se corresponde con el facultativo de cabecera. Este registrará la solicitud en el historial, y se abre así un plazo de quince días de deliberación durante el cual se remite al paciente información sobre terapias y otras opciones de cuidados paliativos.

Si transcurrido este tiempo la persona interesada "no ha desistido", debe hacer una segunda solicitud al "médico responsable", que lo deriva a un "médico consultor" formado en la patología del paciente. Este estudiará el caso y la historia clínica para emitir posteriormente otro informe.

En el caso de que ambos estudios sean positivos, la petición debe elevarse al Comité de Garantías y Evaluación, que vela por la seguridad clínica y jurídica de todo el proceso y que en Euskadi está integrado por 25 profesionales médicos, de Enfermería, Derecho y el ámbito social. Son las personas responsables de verificar el procedimiento, con acceso a la documentación y posibles entrevistas con los profesionales y el paciente. Solo cuando el informe de este comité sea positivo, se procederá a dar la prestación en un plazo de siete días. Entre todos los pasos, no deben excederse los 45 días.

aumentan las consultas

Así, a partir de hoy, cualquier persona, sean cuales sean los medios económicos que tenga, podrá pedir ayuda médica para adelantar su muerte. Entre los requisitos figura ser mayor de edad y sufrir "una enfermedad grave e incurable", o un "padecimiento grave, crónico e imposibilitante" que afecte a la autonomía y que genere un "sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable".

La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) ha recibido en las últimas semanas una gran demanda de información acerca de la ley y ya conocen varios casos de quienes se han mostrado dispuestos a solicitar esta ayuda "con bastante premura". Esta agrupación, referente en Euskadi en relación a esta cuestión y que integra a unas 400 personas, aplaude la nueva ley, a pesar de que no sea al 100% la normativa que hubieran deseado. "Nos parece una normativa restrictiva con la libertad de las personas a la hora de elegir, valorar y ponderar su momento y manera de morir. En cualquier caso, preferimos ver los aspectos positivos más allá de los negativos", señala Iñaki Olaizola, antropólogo y miembro de la asociación.

En opinión de esta asociación, se trata de una ley excesivamente medicalizada. "Cuando una persona decide que su mejor estrategia es morir porque la vida le es insoportable, llegados a ese momento, la muerte no es competencia de la medicina. Es más bien fruto de la reflexión, de la identidad de esa persona, de la manera de entender el manejo de la libertad y la autonomía", sostiene Olaizola. "Es una ley excesivamente medicalizada que alarga y dificulta el proceso innecesariamente", opina.

carrera de obstáculos

A pesar de no contentar a todas las partes, no ha sido nada fácil llegar hasta este punto. El pasado 18 de marzo el Congreso de los Diputados aprobó la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE). Pese a estar entre los primeros países del mundo en aprobarla, el camino hacia la legalización de la eutanasia ha sido una constante carrera de obstáculos.

De hecho, han transcurrido 28 años desde que Ramón Sampedro presentara ante un juzgado de Barcelona su demanda judicial para ser ayudado a morir, lo que impulsó el debate en el Estado.

La propuesta se abordó en el Congreso en 1994 con amplio rechazo, y el suicidio asistido quedó tipificado en el Código Penal un año después con prisión de entre cuatro y ocho años para quienes cooperaran con él. En más de otra decena de ocasiones la eutanasia entró y salió del Congreso hasta la definitiva aprobación de la ley el pasado 25 de marzo.

La asociación DMD no cree que, como hasta ahora, salgan a la luz pública casos de personas que soliciten la eutanasia. "La mayoría de personas, por no decir la totalidad, quieren vivir este proceso en la intimidad, sin dar publicidad, por ellos mismos y por su familia y dudamos mucho de que salgan a la luz casos como salían antes, que lo hacían como denuncia".

Uno de los que más eco mediático ha tenido en los últimos años ha sido el de la familia de Maribel Tellaetxe, la vizcaina enferma de alzhéimer que dejó por escrito que no quería seguir viviendo en el momento que no reconociese a sus seres queridos. "Cuando te abres a corazón abierto como lo hicimos para conseguir un cambio normativo, resulta agotador, pero a la vez muy satisfactorio por el logro obtenido", indica a este periódico Danel Lorente, uno de los hijos de Maribel. "La nueva ley no es más que una opción. En realidad, nadie quiere morir, pero hay personas cuyo padecimiento les lleva a tomar la decisión", advierte.

Instituciones Religiosas Sanitarias han presentado esta semana un manifiesto ante la nueva ley en el que se posicionan en el cuidado y alivio del sufrimiento al final de la vida. Señalan que la sociedad puede hacer posible que personas con vidas frágiles o muy limitadas se encuentren integradas y acogidas, dedicando suficientes recursos sanitarios y sociales que hagan posible afrontar estas situaciones. Exigen así "no dañar la vida ni la integridad personal, sino promover y cuidarla, actuando para aliviar el sufrimiento" para lo que apuestan por una sedación paliativa "correctamente indicada, cuando no son efectivas otras medidas", y administrada previo consentimiento del paciente. De ese modo, sostienen, se "respeta y humaniza" el proceso del final de la vida "mitigando el sufrimiento intenso e incoercible".

Desde la asociación Derecho a Morir Dignamente replican que se trata de una ley "que no obliga a nadie" y que tan solo "abre la posibilidad para aquellas personas que quieren diseñar su propia muerte". Asegura el antropólogo Olaizola que "la muerte no es lo peor que le puede pasar a una persona cuando está deteriorada. Es un pronunciamiento que puede chocar, pero hay momentos y situaciones en las que es la solución, cuando no hay posibilidad razonable de reconducir la vida de una persona con estándares como la dignidad, bienestar y satisfacción".

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