- El gasto corriente público en los servicios y prestaciones del Sistema Vasco de Servicios Sociales aumentó entre los años 2011 y 2018 en 223 millones de euros, hasta alcanzar un total de 1.055 en 2018, de forma que el gasto corriente público ejecutado se ha incrementado en siete años un 21,12%, respecto al gasto corriente público total.
La Comisión de Políticas Sociales y Juventud del Parlamento Vasco acogió ayer la comparecencia, a petición propia, de la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, para presentar el Informe de evaluación del Plan Estratégico de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma vasca 2016-2019: “Me gustaría propiciar una visión crítica de esta evaluación para lograr una mejora continua, partiendo de la experiencia y con los ojos puestos en la aprobación en 2022 de un segundo plan estratégico”.
Tras informar de que se trata de la primera evaluación del Sistema Vasco de Servicios Sociales desde su definición normativa como un sistema universal de responsabilidad pública, señaló que este ejercicio no ha estado “exento de dificultades”, pero destacó que es “ambicioso”.
Asimismo, afirmó que el sistema social vasco es “joven, pero reconocido como puntero en el Estado”, que “complementa y completa el sistema de protección social en Euskadi, consolidando como un derecho subjetivo el acceso a un extenso catálogo de servicios y prestaciones económicas”: “Nuestra red se configura como universal y de responsabilidad pública”.
La consejera recordó que el sistema se configura en la ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, una norma aprobada “justo en las puertas de una crisis financiera, con un impacto económico y social duradero e importante”.
En este sentido, dijo que en un contexto de “menor recaudación”, entre 2011 y 2018, el gasto corriente público en los servicios y prestaciones del Sistema Vasco de Servicios Sociales aumentó en 223 millones de euros sobre un total de 1.055 en 2018, lo que significa más del 21%. “Es necesario recordar que una cuarta parte de este gasto público de 2018 no existía hace siete años”, precisó.
Artolazabal manifestó que “las medidas anticíclicas no son un invento reciente” y subrayó que “a la diferencia entre los ingresos disponibles y el gasto, se le denomina técnicamente esfuerzo”.
“Las administraciones públicas vascas, en materia de servicios sociales, lo venimos realizando. Debemos seguir haciéndolo, se habrá de incrementar para responder a cambios sociales y demográficos relevantes, como el envejecimiento y el impacto de esta crisis, sumado al de la anterior, en las necesidades sociales, particularmente en el ámbito de la exclusión”, subrayó.
Artolazabal aseveró que “la actual crisis sanitaria ha tenido sus consecuencias económicas y las va a tener sociales y sanitarias”. No obstante, informó de que este crecimiento se registra en los tres niveles de las administraciones públicas vascas. De los 222,8 millones de gasto adicional reportado, el gasto municipal crece en 22,05 millones de 184,39; el gasto foral aumenta en 197,33, de 858,94; y el gasto del Gobierno vasco sube en 3,47, de 11,68.
