El Ejecutivo autonómico ha dado luz verde al decreto de creación de la "Comisión de Garantía y Evaluación" en materia de eutanasia, derivada de la ley orgánica que entrará en vigor el 25 de junio, cuyos integrantes serán nombrados en los próximos días.

Este decreto se enmarca dentro de las actuaciones que está desarrollando el Departamento de Salud para garantizar el cumplimiento en Euskadi de la ley que regula el derecho a la eutanasia, en la que se recoge la necesidad de crear este órgano de naturaleza administrativa y multidisciplinar.

Formado por personas del ámbito sanitario y jurídico que serán designadas en las próximas jornadas a propuesta de la Comisión Sociosanitaria de Comités de Ética de Euskadi, su función pasa por garantizar la seguridad clínica y jurídica del proceso y por evaluarlo.

Protocolo

Así, esta comisión se encargará de proveer a las personas que soliciten la eutanasia y a sus médicos responsables de la autorización para que pueda llevarse a cabo, tras la comprobación de que se cumplen los requisitos y de que se han realizado las diversas sesiones de deliberación con la persona enferma a las que obliga la norma.

Este órgano también se ocupará de resolver posibles reclamaciones que tengan lugar durante el proceso, de verificar si la prestación de ayuda para morir se ha realizado de acuerdo con los procedimientos previstos en la ley, y de detectar posibles problemas. Podrá proponer también mejoras concretas para su incorporación a los manuales de buenas prácticas y protocolos.

Por último, servirá de órgano consultivo para resolver dudas o cuestiones que puedan surgir, y elaborará y publicará un informe anual de evaluación acerca de la aplicación de la Ley.

Las personas que la integren están obligadas a guardar secreto sobre el contenido de sus deliberaciones y a proteger la confidencialidad de los datos personales que sobre profesionales sanitarios, pacientes, familiares y personas allegadas hayan podido conocer.

El Departamento de Salud continúa con el proceso para adaptarse a esta nueva normativa con la formación de profesionales del ámbito de la salud, la adaptación de la historia clínica electrónica y la creación del registro de profesionales objetores de conciencia.