La Generalitat pide denunciar ante los Mossos las reuniones ilegales

Desde el decreto de estado de alarma se han tramitado 60.000 multas y se han cobrado 3.000

14.10.2020 | 16:55
Una patrulla de los Mossos observa a una persona que camina por el centro de Barcelona

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha llamado a la corresponsabilidad ante las nuevas restricciones por el coronavirus y la imposibilidad de controlar si cada persona se relaciona más allá de su grupo burbuja --las personas con quienes se convive--, y ha pedido avisar a los Mossos d'Esquadra si se detecta una reunión entre personas no convivientes en una casa.

Lo ha explicado este miércoles en rueda de prensa junto al vicepresidente en funciones de presidente del Govern, Pere Aragonès, y las conselleres Meritxell Budó y Alba Vergés, quienes han anunciado las nuevas medidas de contención del coronavirus.

También ha explicado que su departamento ha trabajado en la mejora de la coordinación policial entre los Mossos y las policías locales, y ante las nuevas restricciones por el coronavirus ha avisado: "Los cuerpos de seguridad harán su trabajo".

Sàmper ha detallado que los cuerpos municipales de policía enviarán informes diarios a los Mossos sobre el número de agentes afectados por covid-19, personas identificadas o denunciadas por incumplir las restricciones, así como incumplimientos de establecimientos.

Ha remarcado que la resolución con nuevas restricciones presentada este miércoles no tiene "un espíritu recaudatorio sino disuasorio", aunque ha animado a denunciar ante los Mossos si se tiene conocimiento de que alguien del entorno no respeta las restricciones y se relaciona más allá del núcleo con el que se convive.

MULTAS DE 300 A 6.000 EUROS


En estos casos, Sàmper ha explicado que "podrían llegar a caer sanciones de hasta 6.000 euros en casos de reincidencia", aunque lo más habitual sería una multa de 300 euros.

Desde la entrada en vigor del decreto de estado de alarma en marzo, Mossos y policías locales de Cataluña han tramitado en total 60.000 denuncias, de las que se han cobrado más de 3.000, la mayoría por un importe de unos 300 euros.