- El Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco recordó ayer a la plataforma Stop Desahucios que las familias que actualmente ocupan los apartamentos dotacionales de alquiler (ADA) de Sagastialde, en Hernani, tienen una prórroga de seis meses, que ya les había sido notificada, antes de abandonar un piso que se adjudica por un plazo determinado de tiempo, cinco años en este caso.

Todos los inquilinos de estos pisos, que las fuentes del departamento recuerdan que corresponden a una “solución habitacional provisional para la emancipación de los jóvenes”, conocían que la adjudicación tiene un plazo “improrrogable” de cinco años, aunque en esta ocasión se haya establecido una prórroga de seis meses por lo excepcional del caso.

Una vez finalizado el contrato, “a las personas que cumplen las condiciones de derecho subjetivo a vivienda se les va a dar otras”, que ya están adjudicadas.

A los casos que los Servicios Sociales municipales estimen que se encuentran en “situación del vulnerabilidad” y elaboren el pertinente informe que la justifique, “se les busca una solución” y una nueva vivienda.

“El resto ya sabían en qué condiciones aceptaban la vivienda, y que hay mucha gente en las listas de Etxebide esperando”, apuntan desde el Gobierno Vasco.

“En esta ocasión, la denuncia, en los términos en los que se ha realizado, no viene al caso porque ante la situación COVID se aplica la prórroga de seis meses hasta los contratos que terminan el 31 de enero”, abundan desde Gasteiz.

“Hacer ver que el Gobierno Vasco se comporta como un fondo buitre desalmado, cuando la media de los contratos públicos de alquiler está en 230 euros, en muchos casos rebajados, no tiene sentido”, añaden dichas fuentes.

“No hay que olvidar que las ADA son una fórmula especial que por definición y por ley tienen estipulado un plazo de uso de cinco años”, explican desde el Gobierno Vasco.

Actualmente están en vigor algunas excepciones, que afectan especialmente a las personas mayores de 70 años. En estos casos se ha habilitado una solución para aquellas personas que, siendo válidas, no necesitan el espacio del que disponían en sus hogares.

“En estos casos se hizo una excepción y si dejan su vivienda en alquiler público pueden acceder a una ADA. Para estas personas no hay un plazo de cinco años, sino que pueden usar la vivienda mientras se valgan por sí mismos”, abundan desde el Gobierno Vasco.

Otras de las excepciones al adjudicar estas vivienda puede ser el de las mujeres víctimas de la violencia machista que requieren de una solución habitacional urgente, aunque esta solución sea “transitoria”.

De este modo, el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco quiere dar respuesta a la denuncia formulada por Stop Desahucios, incidiendo en la idea de que en este tipo de situaciones se entra incluso a la negociación casi personal ya que, en ningún caso, se busca la obtención de beneficio económico.

“Las ADA tienen un plazo de habitabilidad de cinco años y hay mucha gente en Etxebide esperando”, recuerdan desde Vivienda

Se han establecido una serie de excepciones, como las que afectan a personas de más de 70 años que han puesto su piso en alquiler