- Euskadi, y más concretamente Gipuzkoa, arrastran “desde hace años” un colapso de alumnos que han de esperar semanas y hasta meses para poder examinarse del carné de conducir. A la falta de controladores, se ha sumado el COVID-19, que ha alargado todavía más la lista de espera. La decisión del Ministerio del Interior de llevar a cabo exámenes extraordinarios este agosto no ha sido suficiente para aligerar la situación, por lo que la diputada del PNV, Josune Gorospe, solicitó ayer en el Congreso la transferencia de su competencia, ya que “afecta a las posibilidades de empleo de muchas personas y pone en peligro el futuro de microempresas que ven en riesgo su inversión”.
Gorospe se dirigió al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la sesión de control al Gobierno español ayer, denunciando que el colapso en los Centros de Exámenes de Tráfico de Euskadi son “un problema viejo” y no fruto de la pandemia, tal y como había indicado el ministro. “Necesitamos medidas estructurales y una solución global y no más parches”, señaló la diputada, en referencia a los exámenes extraordinarios que se han celebrado este agosto como consecuencia de la paralización de los mismos entre marzo y junio.
“No nos podemos permitir perder oportunidades de empleo y de reactivación económica”, aseguró Gorospe, que incluyó estos controles extraordinarios como una medida del Gobierno español similar a otras como la de traer examinadores de otras Comunidades Autónomas por un tiempo limitado para aligerar el número de alumnos que esperan su turno para poder sacarse el carné de conducir.
Ante esta falta de “concreciones” y de una “solución global”, la diputada jeltzale pidió la transferencia a Euskadi de los exámenes de tráfico: “Se trata de un asunto viejo por el que nos hemos interesado desde hace más de tres años a través de preguntas, intervenciones en Comisión y proposiciones no de ley y que no se ha solucionado”.
Según indicó Gorospe, este colapso “afecta a las posibilidades de empleo de muchas personas” y puso como ejemplo aquellas que “no pueden presentarse a distintas OPE que piden el carné de conducir porque no pueden hacer el examen”, con listas de espera para el de camión de entre dos y cuatro meses.
Asimismo, esta situación pone en peligro a muchas microempresas o empresas familiares que “ven en riesgo su inversión”. “Es un problema para los autónomos, las familias y las autoescuelas, pero también para la movilidad de las personas que viven en ámbitos rurales y para el sector del transporte”, concluyó.
