- Con el arranque del curso a la vuelta de la esquina, son muchas las preguntas que aún quedan en el aire sobre cómo serán las clases a partir del 7 de septiembre. Esta semana puede ser clave para conocer en qué se traduce la adaptación del protocolo general actuación de los centros educativos de Euskadi frente al COVID-19 tras el repunte de la pandemia. Y es que la situación sanitaria a finales de agosto ha empeorado mucho respecto a la de junio, mes en el que el Departamento de Educación aprobó y envió el protocolo a los centros educativos para que realizasen sus propios planes de contingencia con las medidas necesarias a aplicar en los tres escenarios previstos: actividad educativa presencial, semipresencial y a distancia. Lo único que está claro es que va a ser un curso complicado, con mascarilla para los mayores de seis años si no se guarda 1,5 metros de distancia interpersonal, ventilación permanente de las aulas, clases burbuja para los más pequeños, jornada continua de mañana en los ciclos superiores y sin extraescolares que supongan pasar la noche fuera de casa.
Pero más allá de esta foto general, que es prácticamente compartida por todas las comunidades autónomas, aún hay detalles a nivel de seguridad sanitaria que mantienen en vilo a miles de familias y profesionales de la enseñanza. El principal quizá sea el protocolo de actuación en caso de que se confirmen uno o varios positivos en un centro, o cuántos positivos se deben dar para ordenar la suspensión de la actividad presencial de un centro. Según las orientaciones del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, cada centro tendrá una sala de aislamiento a la que deberá acudir con la mascarilla puesta la persona que presente sintomatología compatible con el COVID-19. Además, cada centro deberá tener una persona o un equipo responsable de COVID-19 que actuará como enlace con los servicios sanitarios.
Según este protocolo, cuando un estudiante o docente dé positivo, el resto de su clase o grupo, dentro de su entorno de cuidado infantil o educación, se considerará contacto y deberá realizar cuarentena domiciliaria durante catorce días desde la fecha del último contacto. Sin embargo, esta pauta podría variar y verse más limitada. El pasado viernes, la consejera de Salud, Nekane Murga, dijo que el tratamiento no debe ser igual en aulas de cursos superiores que en las de alumnos más pequeños. Además, en caso de contagios cree que es necesario valorar el volumen de alumnos de cada clase y la convivencia a la hora de definir contactos estrechos o no estrechos. "Tenemos que intentar compartimentar las relaciones, incluso dentro de las aulas", defendió.
Descartada la realización de pruebas PCR masivas a todo el profesorado, porque hay estudios que señalan que un resultado negativo podría llevar a la relajación de las medidas de seguridad, queda por saber a qué colectivos sí se hará el test. Sobre la realización de los cribados masivos, Murga recordó que la PCR es una "foto inicial", por lo que es necesario valorar "qué capacidad tiene en unos grupos que a las 15.00 horas van a salir y realizar otro tipo de actividades, tanto los alumnos como los profesores". Por ello, destacó que no es comparable con los colectivos de las residencias porque son personas de "muy alto riesgo" y con menor movilidad, mientras que en los colegios o ikastolas "no existe la capacidad de aislarles y que la foto permanezca durante días". Asimismo, indicó que en el caso de los centros educativos, la proximidad es diferente cuando se trabaja con una persona con un alto grado de discapacidad, a cuando se es profesor de un último curso con alumnos de 18 años. "Esto es algo en lo que estamos trabajando y valorando", dijo.
Uno de los puntos que mayor polémica han suscitado las últimas semanas y meses entre la comunidad educativa es la necesidad de bajar la ratio de alumnos por aula, lo que conllevaría el desdoble de muchos grupos y la contratación de más profesorado. La semana pasada, la consejera de Educación, Cristina Uriarte, reiteró la decisión de su Departamento de apoyar con recursos humanos y materiales a los centros donde haya necesidades. Serían apenas medio centenar que tienen una ratio por encima de la media vasca, aunque dentro del máximo legal. Uriarte explicó que el Departamento ha hecho un análisis de la situación por si fuera necesario un refuerzo del profesorado actual como reclaman algunos sindicatos.
En este sentido, dijo, en ningún centro se superan los ratios máximos establecidos, por lo que en principio no es necesaria la contratación de más docentes, aunque indicó que si hubiera una necesidad concreta de ello "se hará". Recordó que en los centros de Infantil la ratio máxima es de 23 alumnos por aula y la media en Euskadi está en 18,5, mientras que en Primaria el máximo es de 25 y la media está en 19,6. En la ESO el ratio permitido es de hasta 25 y se encuentra en 21,5 alumnos y en Bachillerato la media está en 24,6, cuando el máximo fijado es de 30 estudiantes por aula.
Los sindicatos de la enseñanza pública vasca han criticado el plan de vuelta al cole del Gobierno Vasco, tanto por su contenido como por la falta de diálogo con el sector. Steilas, LAB, CCOO y UGT califican las medidas de protección propuestas por Educación para el comienzo de curso de "insuficientes y poco adecuadas a la realidad". Además, acusan a la consejera Cristina Uriarte de haberlas decidido "de forma improvisada, sin contar con los agentes educativos y tras hacer oídos sordos a las propuestas sindicales". El sindicato ELA, por su parte, solicitó el viernes a Educación que se reúna "cuanto antes y de forma urgente" con los sindicatos porque, a dos semanas del inicio del curso, "no hay ningún avance en los planteamientos de gestión y dotación de recursos necesarios a los centros para hacer frente a la crisis sanitaria y responder a las necesidades del sistema educativo".
