- El Consejo de Ministros aprobó ayer suprimir las limitaciones a las portabilidades en los servicios de telecomunicaciones después de más de dos meses en vigor, una medida que fue impuesta durante el estado de alarma para hacer frente a la expansión del coronavirus.
Así lo confirmó la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, durante la comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en la que destacó que el sector de las telecomunicaciones ha demostrado ser "crucial" en estos momentos de confinamiento domiciliario y movilidad reducida.
Montero recordó que, para restringir los movimientos de las personas y de los técnicos de las empresas, desde el inicio del estado de alarma se limitó la capacidad de los usuarios para cambiar de operador sin cambiar de número, lo que se conoce como portabilidad. El nuevo real decreto de medidas urgentes aprobado ayer en el Consejo de Ministros pone fin a esta limitación.
En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital subrayó que esta medida ha contribuido a "la protección de la salud de los ciudadanos y a la contención de la progresión de la pandemia manteniendo la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas y garantizando la conectividad".
Superada la fase 0, y una vez que todo el territorio estatal está ya en fase 1 o fase 2, "la eliminación de las restricciones a la portabilidad permitirá que el mercado de las telecomunicaciones recupere su dinamismo y plena operatividad y, al mismo tiempo, se restablezca la capacidad de la ciudadanía de elegir los servicios que mejor se adapten a sus necesidades", incidió.
De esta manera, solo permanece la obligación extraordinaria para los operadores de no interrumpir las comunicaciones electrónicas, "al tratarse de servicios esenciales", hasta que se dé por finalizado el estado de alarma, "incluso en el caso de abonados que no hubiera procedido al pago".
Además, la medidas aprobadas ayer incluyen un procedimiento que facilita a los abonados satisfacer las facturas pendientes "de un modo flexible".
En concreto, los operadores estarán obligados a ofrecer un fraccionamiento y aplazamiento de la deuda en la que hayan podido incurrir sus abonados desde la fecha de inicio del estado de alarma y hasta el 30 de junio de 2020.
El plazo para realizar los pagos fraccionados será de seis meses, salvo que el abonado haya acordado libremente con el operador un plazo diferente y no se podrán devengar intereses de demora ni se exigirán garantías para el fraccionamiento y aplazamiento.
