- La mayoría de los ayuntamientos vascos siguen sin haber adaptado su normativa urbanística a la Ley de Suelo, que se aprobó en 2006 y concedió un plazo de ocho años a los consistorios para adaptar sus planes generales y normas subsidiarias a la nueva ley. Pero en 2014, al ver que muchos quedarían al margen de la legalidad por no hacerlo, se amplió el periodo de adaptación a 15 años, hasta octubre de 2021.
A un año de esa nueva fecha límite, según recoge el Inventario de Planeamiento del Gobierno Vasco, solo 109 de los 251 ayuntamientos vascos tiene adaptada su normativa urbanística a lo establecido en la Ley de Suelo y la práctica totalidad de los más poblados, salvo en Gipuzkoa, forma parte del 56,6% que no lo ha hecho. Entre esos 142 municipios que no han cumplido aún están los más poblados de Araba y Bizkaia.
Gasteiz, Laudio, Amurrio o Bastida son algunos de los que no cumplen en Araba; al igual que los más poblados de Bizkaia como Bilbao, Barakaldo, Getxo, Santurtzi, Leioa, Sestao, Basauri, Erandio, Galdakao, Zornotza, Mungia, Gernika u Ortuella. Portugalete es el único municipio vizcaino de más de 30.000 habitantes con su normativa adaptada. La excepción es Gipuzkoa, donde Donostia, Irun, Eibar o Arrasate ya han adaptado su normativa, aunque todavía deben hacerlo otros municipios grandes como Errenteria, Pasaia, Lasarte-Oria o Zumarraga.
Elaborar un plan general de ordenación urbana (PGOU) es un procedimiento muy lento y farragoso que en la mayoría de las ocasiones lleva más de cuatro años y que se ha complicado en la última década al ser obligatorio incorporar políticas sectoriales al planeamiento, como la sostenibilidad o la perspectiva de género.
La viceconsejera de Planificación Territorial, Arantza Leturiondo, explica que esta es una de las razones del retraso de los ayuntamientos en adaptarse a la Ley de Suelo, aunque ahora ya se puede tramitar la declaración medioambiental estratégica de forma paralela al PGOU, en vez de ser un requisito previo. También apunta que la Ley de Suelo se aprobó en 2006 y poco después estalló la “crisis del ladrillo” y los ayuntamientos no tuvieron necesidad de hacer recalificaciones al no haber demanda de suelo, ni residencial ni tampoco industrial.
De todas formas, la viceconsejera resta importancia a esta falta de adecuación de los planes urbanísticos porque durante estos años los ayuntamientos han ido aprobando planes parciales y sectoriales y además los que están en vigor, aunque tengan 25 años como el de Bilbao, “tenían una visión de largo plazo” y son adaptables a las nuevas necesidades.
“Es más importante revisar los planes urbanísticos para cumplir las nuevas demandas de sostenibilidad, como en la edificabilidad o los espacios libres y verdes, que adaptarlos a la Ley de Suelo”, concluye Leturiondo.
