DONOSTIA. El Juzgado de lo Social número 1 de Donostia ha admitido a trámite la demanda interpuesta por ELA y ha concedido parcialmente la medida cautelarísima solicitada por el sindicato exigiendo a las residencias de mayores Iurramendi de Tolosa y San José de Ordizia que cumpla las medidas de salud para proteger a sus trabajadoras ante el Covid-19.
En dos autos fechados este pasado miércoles, se estima parcialmente las medidas cautelarísimas, sin perjuicio de celebración ulterior de la comparecencia prevista en el artículo 180.5 de la LRJS para la que se procederá a la citación.
De este modo, requiere a Zu eta biok, Eulen y el organismo foral Kabia para que "con carácter de urgente e inmediato, y en tanto dure la vigencia de la pandemia Covid-19, cumpla las medidas aprobadas en las normas, órdenes, guías y protocolos vigentes, en la medida en que no se esté cumpliendo, procediendo, en los términos en ellos expuestos, a la realización de test diagnósticos, clasificación de todos los trabajadores como trabajadores de exposición de riesgo, facilitar a todos los trabajadores EPIs completos y homologados y exigidos para riesgo biológico y virus".
También, le exige que "realizado el diagnóstico correcto tras la realización de los tests lleven a cabo las medidas relativas a la ubicación y aislamiento" e informen a los trabajadores "del plan de contingencia".
Además, alude a "reforzar el servicio de limpieza, recabar auxilio urgente disponible para dar respuesta a la situación creada en la residencia, informar a los representantes de los trabajadores de la situación del centro y de las medidas a adoptar establecer planes de continuidad de la actividad ante el aumento de las bajas laborales del personal y ante el escenario de incremento de riesgo de transmisión en el lugar de trabajo, con un proceso de participación y acuerdo con la representación legal de los trabajadores".
Asimismo, pide que se informe y forme a la plantilla "con una formación específica y actualizada", que "se den pautas sobre posibles situaciones de estrés laboral" y se "coloquen carteles visibles fuera de cada habitación donde se describa claramente el tipo de precauciones necesarias y el EPI requerido", así como "realizar actividades formativas para educar a residentes sobre higiene de manos e higiene respiratoria y realización de las correspondientes evaluaciones". Contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición en el plazo de tres días hábiles.
En un comunicado, ELA, que presentó la semana pasada tres demandas de tutela de derecho a la salud, vida e integridad física de las trabajadoras de las residencias Iurramendi de Tolosa, San Jose de Ordizia y Argixao de Zumarraga, ha explicado que el tercer auto, correspondiente a este último centro "no se ha hecho público todavía".
DENUNCIAS "AVALADAS" Además, ha aplaudido que estas resoluciones judiciales "avalan" las denuncias del sindicato y de las trabajadoras de residencias de mayores sobre "la falta de personal y la falta de medidas para garantizar la salud" de éstas y de los usuarios de estos centros. Para ELA "si no se corrigen de manera urgente, tendrán graves consecuencias en un sector de riesgo como éste".
En este contexto, ha advertido a la Diputación, "como máximo responsable y financiadora en un 90% de un servicio público privatizado", y a las empresas concesionarias que "recapaciten y asuman su responsabilidad, escuchen a las trabajadoras, a los sindicatos y a las familias de los usuarios".
Además, ELA ha señalado que los autos exigen que "se recabe auxilio urgente", por lo que demanda la intervención "integral" de Osakidetza para que "se dote de profesionales a las residencias, se sustituya al personal de baja o en cuarentena, y se les dote de material que garantice la salud del colectivo para que podamos entre todos evitar las consecuencias más trágicas de esta pandemia".
