El colapso de las UCI apunta a trasladar de comunidad a los pacientes

La jefa de área del centro de emergencias sanitarias se refugió en estos datos con todas las "cautelas", ya que son incompletos, dado que no incluyen los casos leves, pero sí que "se observa un cambio de tendencia", si bien el número de fallecidos ascendió hasta los 7.340, 812 más que el domingo, lo que supone una subida en términos absolutos menor de la registrada ese día, con 838 muertos, y el sábado, con 832. En términos porcentuales el ritmo también se suaviza, con un 12% de incremento, quince puntos menos que hace seis días.

Sin embargo, en este contexto, lo que más preocupa a las autoridades sanitarias es la presión existente sobre los hospitales y las UCI. El número de personas ingresadas en esas unidades se sitúa ya en 5.231 casos y Sanidad calcula que el ritmo irá a más a finales de esta semana o principios de la próxima, dado que se acumularán los enfermos que ahora precisan tratamiento hospitalario y en UCI con los contagiados que entren en estado muy grave, dado que la estancia media en las UCI oscila entre quince y veinte días. Es por ello que el Ministerio de Sanidad valora el desplazamiento de pacientes desde las comunidades con mayor presión a otras donde hay menos carga -como puede ser Extremadura-, para garantizar una atención adecuada y reducir la letalidad, una vez que ya se está produciendo el traslado de material sanitario entre autonomías, principalmente respiradores.

"Estamos totalmente en contacto para ir viendo las necesidades y lo que haga falta. Si está en nuestras manos, desde luego que intentaremos articularlo", reconoció la portavoz de Emergencias. Una aseveración apostillada por el ministro Illa: "Se está haciendo un esfuerzo de solidaridad importante entre las comunidades autónomas, pero no ha habido traslado de pacientes, sino que se han llevado distintas unidades de material y de suministro a lugares donde más se necesitan. Por tanto, no ha habido otra medida, aunque no descartamos nada".

En el Estado español hay 4.627 camas de este tipo entre públicas y privadas. Su número está dimensionado para atender las necesidades normales de la población de cada comunidad autónoma. Según explicó Sierra, en la Comunidad de Madrid y en Catalunya es donde hay más casos positivos, por lo que están al límite de sus capacidades. Otros territorios se acercan a su tope, aunque están habilitando más camas. En total, 1.460 pacientes han precisado cuidados intensivos en Madrid y 1.512 en suelo catalán, según las cifras proporcionadas desde Sanidad, sumando entre ambas casi el 57% de los ingresados en todo el territorio estatal. Castilla-La Mancha, Castilla y León, la CAV, Nafarroa, Aragón y La Rioja tienen también más enfermos en camas UCI que su capacidad normal. Evitar el colapso de estas unidades es lo que motivó en primer lugar que se decretara el estado de alarma y lo que ha motivado después el endurecimiento de las medidas de confinamiento hasta poner la economía en una especie de hibernación.

Por otra parte, el número de trabajadores sanitarios infectados por el COVID-19 en el conjunto del Estado español es de 12.298, lo que representa el 14,4% del total de contagiados, 85.195. La mayoría, entre un 85% y un 90%, se están "recuperando en su casa con atención domiciliaria" y "en general, tienen una evaluación buena", dijo Sierra. Sin embargo, admitió que se trata de una cifra elevada -al menos cuatro ya han fallecido- y dio las gracias al colectivo médico por su ejemplo de "dedicación y compromiso". El anterior dato oficial sobre profesionales contagiados, facilitado el pasado viernes, ascendía a 9.444.

Asimismo, un avión fletado por el Ejército regresó ayer con 1,5 millones de mascarillas y un millón de test rápidos, una valija que incluía también equipos de protección, después de la polémica suscitada la pasada semana con la partida de kits defectuosos comprados a una empresa china sin licencia a través de un proveedor estatal. En las próximas horas llegará más material, procedente de las compras realizadas por el Gobierno español tras la negociación directa con el Ejecutivo de China. Una herramienta vital para los trabajadores de servicios esenciales, pero especialmente para los profesionales sanitarios y personal de las residencias que trabajan frente a frente contra el coronavirus.

Durante seis meses. En cuanto a las ramificaciones de este drama sanitario, el Gobierno de coalición paralizará los desahucios durante seis meses e impondrá una prórroga automática de los contratos vencidos también durante seis meses, de manera que nadie pueda quedarse sin techo durante el periodo que dure esta crisis. Esta son dos de las medidas que debe tratar hoy el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Transportes (Vivienda), que cuentan con el respaldo de los ministerios de Economía y Hacienda. Estas decisiones, como la de los avales a las personas que tengan que solicitar un crédito para pagar el alquiler, aún deben ser confrontadas con las propuestas que realicen los ministros de Unidas Podemos, pero las modificaciones serán mínimas. Esta medida puede alcanzar al 85% de las personas que viven en régimen de alquiler en el Estado. Las afectadas por la crisis sanitaria y que necesiten pedir un crédito para pagar el alquiler podrán recurrir al Instituto de Crédito Oficial y tendrá un plazo para devolver el crédito de entre tres y seis años. Esta fórmula, en todo caso, evita acudir al sistema financiero tradicional y que el Estado tenga que avalar los créditos.

En situación de quiebra. Transportes también planteará en el Consejo de Ministros que las personas o familias que se vean abocadas a la quiebra no dejarán de tener una vivienda. Se movilizará una partida del Plan Estatal de Vivienda, dotado con 500 millones de euros, para actuar sobre esta situación.