donostia - El colapso del vertedero de Zaldibar ha puesto en jaque la gestión, esta vez, de los desechos industriales. El próximo día 1, el vertedero de Lurpe, en Mutiloa, cerrará, dejando sin solución a más de 200.000 toneladas de cartón, plástico, papel de embalaje, chatarra, tejas, cerámica y otros tantos materiales catalogados como no peligrosos.

A fin de abordar esta situación, la Diputación de Gipuzkoa se está poniendo en contacto con distintos sectores industriales y económicos y se reunirá hoy con los presidentes de las ocho mancomunidades. El encuentro servirá para analizar el volumen de residuos y las necesidades de tratamiento concretas, las posibles alternativas y la interlocución ante las entidades competentes para ofrecer una respuesta coordinada.

“Gipuzkoa tiene un problema serio con sus residuos industriales no peligrosos, un problema con repercusiones ambientales, que puede tener también consecuencias económicas y para el empleo. Tenemos un problema que es del territorio y todos, en función de nuestras competencias y capacidad, tenemos que poner de nuestra parte para encontrar una solución”, dijo el diputado de Medio Ambiente, Jose Ignacio Asensio, este sábado, cuando anunció su intención de reunirse con las mancomunidades para afrontar la situación.

Gipuzkoa, sin infraestructuras Pero, ¿cuál es la situación? El colapso del vertedero de Zaldibar -que recibía cada día 1.400 toneladas de basura, 510.000 toneladas el último año- se ha producido al mismo tiempo que la colmatación del vertedero de Lurpe, en Mutiloa, destino de 200.000 toneladas anuales de residuos de carácter industrial. Ante la imposibilidad de ampliar esta instalación y prolongar su vida útil -la empresa Cespa, gestora del vertedero no ha recibido los permisos para hacerlo- Gipuzkoa se queda ahora sin una sola infraestructura de este tipo. El vertedero de Aizmendi, de la mancomunidad de San Markos está ya colmatado y el de Epele, en Bergara, está al límite.

Bien es cierto también que algunas empresas, la mayoría del ámbito de la construcción, cuentan con plantas propias de tratamiento de tierras y reciclaje, donde transforman materiales como el hormigón en áridos que posteriormente se emplean en la construcción de carreteras, pero gran parte de los residuos se quedan ahora sin un destino al que ser enviados. Y es que a nivel de la CAV, solo los vertederos de Zalla y Garbelegi permanecen operativos.

En los últimos años, Gipuzkoa ha obtenido bastante experiencia en la exportación de los residuos, al menos en los de carácter urbano. Meruelo (Cantabria) o Zabalgarbi (Bizkaia) son algunos de los destinos a los que se han enviado los residuos desde Gipuzkoa.

Pero en este punto, cabe reseñar que si la gestión de la basura no es una tarea sencilla, tampoco es barata. Basta con echar un vistazo a las cifras en las que se han cerrado los convenios para el tratamiento de basuras en los últimos años.

En mayo de 2016, el Parlamento de Cantabria aceptaba el traslado de 128.000 toneladas de residuos desde Gipuzkoa al vertedero de Meruelo. El acuerdo tuvo una vigencia de 18 meses y un coste final de 19 millones de euros (85,19 euros por tonelada vertida, a los que hubo que sumar los costes logísticos de llevar la basura a 180 kilómetros de distancia).

Ya entonces, Asensio calificó el acuerdo como “caro” económicamente y “poco sostenible” medioambientalmente.

Concluido el acuerdo con Meruelo, Asensio cerró en septiembre de 2016 un convenio con la empresa Cespa, gestora del vertedero de Mutiloa, con la que se negoció el vertido de 100.000 toneladas anuales hasta 2019, a cambio de 24,4 millones.

Ya entonces, el diputado de Medio Ambiente advertía de la opción de acondicionar el vertedero de Epele, en Bergara, para recibir residuos urbanos, una opción que finalmente no salió adelante. Asensio recordó en esta época, en las Juntas Generales, que “tratar la basura en Gipuzkoa es un 40% más barato que exportarla”.

Finalmente, ante la necesidad de encontrar otro destino para dar salida a la basura urbana restante sin capacidad de ser tratada en Gipuzkoa, el departamento de Medio Ambiente cerró un acuerdo con la Diputación de Bizkaia para enviar 45.000 toneladas en dos años, con un coste de 5,7 millones.

Ahora Gipuzkoa vuelve a estar condenada a buscar destino a más de 200.000 toneladas de residuos, una tarea en la que la Diputación no es competente, ya que los residuos industriales son responsabilidad de las empresas.