donostia - Las solicitudes de protección internacional en Euskadi han cobrado una nueva dimensión en los últimos meses, en directa relación con los conflictos que sacuden principalmente Latinoamérica. El "aumento exponencial" de los dos últimos años se ha visto incluso superado con peticiones que se han triplicado, de las 1.595 registradas el año pasado a las 4.489 actuales, según datos facilitados a este periódico por la Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi (CEAR), a fecha 30 de noviembre de 2019.

Otro tanto ocurre en el Estado: 54.065 solicitudes de asilo registradas en 2018, por las 107.542 de este año. Gritos de socorro que proceden principalmente de Venezuela, Colombia, Honduras, el Salvador y, en menor medida, Siria y países subsaharianos.

En muchos casos huyen de espacios territoriales ocupados por grupos armados como las maras, pandillas que operan con total impunidad sembrando el terror que expulsa a refugiados centroamericanos. Tras estas solicitudes hay países que parecían en vías de solución, como Colombia y el proceso de paz abierto, que ha entrado de nuevo en una espiral violenta, aumentando con ello el número de personas de este país que llegan a Euskadi pidiendo asilo.

El problema una vez que alcanzan su destino es que el sistema administrativo para dar respuesta no crece en la misma medida, lo que está provocando un "atasco burocrático en el Ministerio del Interior", según informa Patricia Bárcena, directora de CEAR Euskadi.

La abogada participará hoy en Donostia en una jornada sobre la crisis de Europa y el derecho de asilo y frontera, que tendrá lugar a las 18.30 horas en el Museo de San Telmo, y que contará también con la intervención de Iker Barbero, profesor del Departamento de Derecho Administrativo, Constitucional y Filosofía del Derecho de la UPV/EHU.

sin respuesta Cuatro años después de la grave crisis de 2015 que llevó al cierre de fronteras en varios países de la Unión Europea, la incapacidad para articular una política migratoria y de asilo común tiene repercusiones en varias direcciones. El Estado es el que reconoce la condición de refugiado a toda aquella persona que siente un temor fundado de ser perseguida en su país por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o cuestiones de género u orientación sexual.

La oficina de asilo y refugio dependiente del Gobierno central es la que instruye los expedientes de protección internacional. Actualmente se constata "un preocupante colapso en la tramitación", según observa Bárcena. Si bien en Bizkaia se ha conseguido agilizar los trámites que ya provocaron serios problemas el año pasado, es ahora Gipuzkoa el territorio en el que se ha ralentizado el procedimiento, lo que provoca que un solicitante de protección internacional tenga que aguardar hasta mayo del año que viene para mantener una primera entrevista.

Mientras esa persona que huye de la guerra no mantenga ese primer encuentro, no se abre su expediente, con lo cual se le cierran las puertas para formalizar su situación y entrar en el sistema de acogida estatal. En Gipuzkoa todavía no se ha visto personas durmiendo en la calle por este motivo, a la espera de esa entrevista. Es algo que sí está ocurriendo en grandes ciudades como Madrid, donde han registrado en lo que va de año nada menos que 40.000 solicitudes, cifra que supera con creces todos los trámites realizados en el Estado en los últimos años.

La segunda ciudad es Barcelona, con 10.000 peticiones de asilo. Dos grandes urbes en las que la burocracia parece dormir el sueño de los justos, lo que está provocando que muchos refugiados pasen largas temporadas en la calle. "No se duplican los recursos de primera acogida o de urgencia en consonancia con esa realidad, y se están produciendo situaciones de emergencia porque la gente se queda en la calle", advierte la directora de CEAR.

Precisamente, para responder a esa demanda se abrió en Oñati el año pasado un albergue de primera acogida para solicitantes de protección internacional. Se trata de un recurso gestionado por CEAR Euskadi y la Secretaría General de Derechos del Gobierno Vasco.

Estas personas, de no contar con este recurso, caerían irremediablemente en la exclusión social. El balance "es positivo", con el centro a pleno rendimiento y un número de usuarios que oscila entre 80 y 90 personas. A este recurso se añade el centro de Tolosa, en el que actualmente una veintena de usuarios ocupan alguna de las 35 plazas. "El objetivo es que no se queden fuera del sistema de acogida mientras esperan una respuesta", explica Bárcena.

Son centros destinados a personas que no disponen de recursos ya que, a pesar de lo que pueda pensarse, la mayor parte de solicitantes que han llegado al Estado no se encuentran en centros de acogida municipal y, en muchos casos, hacen uso de sus propios ahorros.

Devoluciones Alumbrar tras años de parálisis una nueva política de asilo es uno de los retos de la Unión Europea, que no es el único. El profesor de la UPV/EHU Barbero pone el acento en el actual cierre de fronteras que hace caso omiso al acuerdo de Schengen por el cual se suprimieron los registros en las fronteras interiores. "Los controles por perfiles raciales se siguen produciendo en Francia, y continúan las devoluciones de personas, valiéndose de la amenaza del terrorismo para no respetar los acuerdos. Se están devolviendo a personas desde Hendaia, pero también desde Burdeos", advierte el profesor del Departamento de Derecho Administrativo. Recuerda que en virtud del acuerdo entre Francia y España, un migrante de un tercer país solo puede ser devuelto al país vecino dentro del plazo de cuatro horas tras su entrada.

El experto expresa su preocupación por el papel de control que tanto el Estado como la propia UE ha reconocido a un país como Marruecos, que "sin llegar a ser Libia", no es tampoco un garante de derechos. "Es como si España tuviera dos almas: por un lado se habla de reconocimiento de derechos, pero por otro se está subvencionando con dinero público a un país que abre o cierra sus fronteras según le dan prebendas". Ante este contexto, el profesor alaba el trabajo que vienen realizando las organizaciones humanitarias de rescate y, ante el auge de la extrema derecha en Europa, se muestra convencido de que prevalece el discurso que blinda fronteras, "en el que ningún país habla de integración, derechos humanos ni ayudas porque es contraproducente electoralmente".