- Los socialistas responden con suficiencia cuando alguien les pregunta por la estabilidad de la legislatura estatal en plena crisis con ERC, uno de sus socios prioritarios junto al PNV y con un acuerdo de investidura firmado. Dicen que, aun así, sacan adelante sus leyes. ¿Dónde está la inestabilidad?, vienen a decir. El presidente español, Pedro Sánchez, no ha llegado a formar una mayoría alternativa y ha tramitado leyes con aportaciones variopintas que incluyen al PP. Pero comienza a cobrar protagonismo el respaldo de EH Bildu, que se ha sumado al PNV y trata de proyectar su lealtad a La Moncloa, aunque en muchos casos sigue absteniéndose.

Sus votos han contribuido a que vieran la luz el decreto anticrisis por la guerra en Ucrania y el dictamen de los planes de pensiones de Escrivá, dos medidas que ha rechazado ERC. Sánchez parece haber encontrado un recambio para la situación de crisis con los republicanos catalanes, que aún se desconoce si es un mero paréntesis a la espera de poder mover ficha con la mesa de diálogo cuando pasen las elecciones andaluzas, o si por el contrario se extenderá en el tiempo.

Tras décadas con una presencia intermitente en Madrid y menospreciando las negociaciones del PNV, la izquierda abertzale ha consolidado ya su cambio de estrategia, que en un primer momento tenía como único objetivo hacer posible un cambio en la política aplicada a los presos de ETA, y que ahora mira también al ciclo electoral en Euskadi con la intención de homologarse y disputar la centralidad al PNV emulando su estrategia posibilista. La coalición abertzale se apresuró junto a los jeltzales a aclarar que no rompería con Sánchez, pese al escándalo del espionaje al soberanismo catalán o al propio Arnaldo Otegi y a su diputado Jon Iñarritu.

Esta semana ha anunciado un acuerdo con el Gobierno español para subir las pensiones no contributivas un 15% a cambio de su abstención ante el dictamen de los planes de pensiones (el PNV vot´´o a favor). Se calcula que las pensiones de viudedad, orfandad o invalidez mejorarán entre unos 60 y 100 euros cuando se prorrogue el decreto anticrisis hasta el 31 de diciembre de este año. El PNV ya había llegado a un acuerdo muy sonado en 2018 con el Gobierno de Mariano Rajoy para subir todas las pensiones ese año, para todos los colectivos, con arreglo al IPC; y para retrasar la aplicación del factor de sostenibilidad.

Los votos de EH Bildu siguen causando incomodidad en amplios sectores del PSOE, aunque quizás cada vez menos. Pedro Sánchez agradeció el mes pasado a la coalición abertzale su contribución para sacar adelante medidas de su gabinete, y es evidente que al PSOE le va a resultar más sencillo justificar este apoyo si lo que se pacta es de cariz social como las pensiones, y no trascienden asuntos relacionados con los presos.

Pero en algunos ámbitos muestran sus dudas sobre la posibilidad de que esta dinámica se mantenga en el tiempo sin que ERC esté en la suma y sin que les permita así diluir públicamente el respaldo de EH Bildu. O consideran que, como mínimo, lo deseable sería evitar una dependencia clara, es decir, evitar que sea la coalición abertzale la que salve las votaciones y tenga el voto decisivo, por la utilización que pueda llevar a cabo la derecha española, sobre todo en puertas de las elecciones andaluzas y de las generales de 2023. En la votación de las pensiones, la izquierda abertzale se mantuvo en una abstención que también dio Vox, de manera que la votación en este caso no era tan ajustada.

A nadie se le escapan los movimientos de los socialistas para normalizar la relación, que empezaron con las reuniones públicas y las fotografías de Adriana Lastra o los ministros con EH Bildu. Cuando el grupo compartía estrategia con ERC, ambos le aportaban 18 votos a Sánchez, a tres de la mayoría absoluta, que podría alcanzar fácilmente sumando a Más País y Compromís. En paralelo, necesitaba a EH Bildu en el Parlamento navarro y había iniciado experimentos en ayuntamientos vascos. Y algunos ministros se quejaban de que el PNV es “duro” en las negociaciones al exigir respeto competencial, mientras Bildu cree que lo usa como pretexto para no facilitar leyes sociales. l