- ERC, Junts, PSC y los comuns presentaron ayer una proposición de ley para modificar la Ley de Política Lingüística para asegurar el dominio de las lenguas oficiales con el catalán como “centro de gravedad” del sistema educativo. La propuesta llegó un día antes de que el Govern deba dar respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que obliga a ofrecer un 25% de la enseñanza en castellano. En un comunicado, defendieron que esta iniciativa es “un paso más para actualizar el consenso político y social alrededor del modelo língüístico de la escuela”, y avalaron su voluntad de construir un modelo que promueva la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la normalización del catalán y el aranés. Este cambio legal pone énfasis en que los proyectos lingüísticos se basarán en los resultados de evaluaciones del alumnado en las lenguas oficiales, a partir de la autonomía de los centros.

El texto presentado propone ampliar el artículo 21 de la Ley de Política Lingüística, que actualmente defiende que “el catalán, como lengua propia de Catalunya, es la lengua normalmente empleada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo”. Con esta proposición de ley, los grupos proponen añadir a este artículo que “también se emplea el castellano en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro”, manteniendo que el catalán es la lengua normalmente empleada como vehicular. En el redactado se incluye que la determinación de la presencia de las lenguas oficiales debe tener en cuenta “la situación sociolingüística y la evolución del proceso de aprendizaje lingüístico, oral y escrito, de acuerdo con los instrumentos de control, evaluación y mejora de las competencias lingüísticas”.

La actual norma fija que no se puede expedir el título de graduado en educación secundaria a ningún alumno que no acredite que tiene los conocimientos orales y escritos de catalán y castellano propios de esta etapa, y la proposición de ley añade que será “sin prejuicio de lo que establezca la normativa educativa”.

Fuentes de los grupos parlamentarios promotores aseguraron que este acuerdo “rehace el consenso que había en torno al sistema lingüístico”, y busca garantizar el pleno dominio del catalán y del castellano -el aranés en Aran- al terminar la educación obligatoria. Así, la norma “pone el foco en el dominio final de las lenguas” y tiene en cuenta la realidad sociolingüística de cada centro, descartando fijar porcentajes, según los grupos impulsores, que suman 106 diputados de los 135 de la Cámara. Los socialistas, eso sí, quisieron desvincular este acuerdo de la sentencia del 25% de castellano.

Pese a que Junts sostiene que este consenso “detiene la imposición del 25% del castellano con una regulación propia para defender el modelo de escuela catalana y protege el catalán y los centros educativos”; el expresident Quim Torra se mostró contrario a este acuerdo porque se reconoce genéricamente el castellano como lengua de uso escolar y lo deja para decidir en cada escuela. “No en mi nombre”, indicó. En parecida sintonía se expresaron desde la CUP: “ERC y Junts han rubricado una sentencia de muerte y se han desnudado ante el país”.