- El Gobierno español supeditará la anunciada reforma legal para sancionar por la vía administrativa los ongietorris convocados para recibir a expresos de ETA a la conclusión del debate abierto en la Unión Europa sobre la “perspectiva de los derechos humanos”, ya que actuar contra estos homenajes públicos “puede colisionar con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”, advierten desde Moncloa.
En una respuesta parlamentaria, el gabinete de Sánchez explica que entiende que la reforma de la Ley de Víctimas de 2011, que anunció en su día el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, “aconseja” esperar a la resolución del debate europeo. La intención es sustituir la vía penal -ante los reiterados pronunciamientos judiciales en contra de lo interesado por las víctimas- y usar como alternativa la administrativa, por medio de sanciones económicas.
Recuerda que la legislación europea “exige que esas acciones o expresiones entrañen una situación de riesgo cierto para las personas o derechos de terceros y para el sistema de libertades”. Añade que “cuando se trata de organizaciones no activas, como ETA, la Audiencia Nacional desde 2017 viene considerando que no existe ese riesgo cierto y, en consecuencia, procede a archivar las denuncias”.
