- La instructora del expediente abierto en el Tribunal de Cuentas contra 34 ex altos cargos de la Generalitat por su responsabilidad contable en los gastos del procés y de las denominadas embajadas catalanas aprecia indicios de ilegalidad en los avales presentados por la mayor parte de los afectados para afianzar los 5,4 millones de euros que se les reclaman, y que han sido asegurados con dinero del Instituto Catalán de Finanzas (ICF).

Según informaron fuentes del órgano presidido por María José de la Fuente, ante las dudas "sobre suficiencia y legalidad" que la instructora Esperanza García ve en los avales presentados por el ICF se ha solicitado a un informe a la Abogacía del Estado.

Concretamente, y según el escrito remitido reclamando el informe, se pide a la Abogacía que responda a cuatro cuestiones concretas con respecto los avales presentados.

En primer lugar, se solicita conocer si el decreto por el que se creo el Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat y la prestación de aval con garantías de fondos públicos puede constituir afianzamiento de las posibles responsabilidades contables que se reclaman a excargos del Govern en atención al Reglamento General de Recaudación y a determinados artículos de la Ley General Tributaria.

También se pregunta si tal y como indica la propia exposición de motivos del Decreto-Ley de la Generalitat, la concurrencia de dolo o culpa grave en las personas de los presuntos responsables contables se encuentra amparada por el artículo 3 del citado documento o debe entenderse, por el contrario, referido solo a supuestos en los que no concurran tales imputaciones contables por dolo o culpa grave.

Igualmente quiere saber el Tribunal de Cuentas si la jurisprudencia del Tribunal Supremo ampara o no la indemnidad de los cargos y empleados públicos que actúen con dolo o culpa grave.

Por último, se pregunta si, en definitiva, el sistema de responsabilidad contable residenciado en los jueces contables del Tribunal de Cuentas, permite "que sea, directa o indirectamente, la propia entidad perjudicada, en este caso la comunidad autónoma, la que garantice con dinero público la posible responsabilidad contable de los que puedan haber incurrido en responsabilidad contable.

El Tribunal de Cuentas también informó de que, una vez terminado el plazo dado para abonar las fianzas, se emitirá providencia de embargo a dos presuntos responsables que no han afianzado, y cuyas identidades no se han facilitado por el momento.

Entre estos dos afectados no se encuentran los expresidents de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont ni el exvicepresident Junqueras, así como otros excargos vinculados a ERC, ya que todos se acogieron al fondo público. Ante una posible negativa del órgano contable a aceptar el dinero público de este fondo para cubrir las fianzas, algunos letrados ya preparan recurso.

Las fianzas pudieron formalizarse, en su mayoría, tan sólo un día después de que concluyera el último plazo dado por la instructora del expediente, que finalizaba a las 00.00 horas del martes.

De este modo, la instructora ya analiza todos los documentos presentados y, tras conocer el criterio de la Abogacía del Estado, emitirá en los próximos días una resolución dando las cantidades por afianzadas o bien rechazando los avales, algo que parece probable según fuentes jurídicas consultadas, que dudan de la legalidad de acudir a un fondo público para realizar estos pagos.