Reconocer el trabajo doméstico para la semilibertad de la mujer

El plan del Gobierno Vasco contempla contar con unidades de madres u otros recursos para las presas

12.05.2021 | 01:01

DONOSTIA – El Gobierno Vasco no entiende de diferencias entre presos por el delito que hayan cometido. Su modelo penitenciario se centra en atender situaciones de especial vulnerabilidad, y ahí emergen con claridad las mujeres. En sus líneas de actuación prioritarias, la consejera Beatriz Artolazabal sitúa en primer lugar a las mujeres, por sufrir una situación especialmente delicada al haber padecido abusos y violencia de género y necesitar un apoyo psicológico específico, por no mencionar también los casos de aquellas que tienen a su cargo menores de edad. En ese caso, se aboga por estudiar la derivación a instituciones extrapenitenciarias y, si no es factible, "contar con unidades de madres u otros recursos". Se plantea, asimismo, progresar a algunas a semilibertad, con la aplicación del artículo 82.2 del reglamento penitenciario, para que las labores domésticas tengan la misma consideración que cualquier trabajo y permitan a la reclusa acudir a su domicilio a desempeñar las tareas. De la población reclusa vasca, unas 100 son mujeres.

Las bases que ha remitido la consejera al Parlamento Vasco plantean elaborar un estudio o auditoría sobre la situación de las mujeres en las tres cárceles de la comunidad autónoma, y prestar una atención específica y continuada a las víctimas de violencia de género. Se tendría que traducir en un asesoramiento específico para ellas.

Además, propone estudiar la posibilidad de implantar una "unidad dependiente familia, viviendas donde los o las progenitoras puedan vivir con sus hijos o hijas". Se apuesta, por otro lado, por disponer de un Plan de Igualdad en el sistema penitenciario. Hace un par de años saltó a los titulares de los medios de comunicación el caso de la presa de ETA Sara Majarenas, quien cumplía pena en Madrid y cuya hija fue apuñalada por su progenitor, aunque los casos de vulnerabilidad de esta u otras casuísticas son frecuentes entre las presas comunes a pesar de que no hayan tenido tanta repercusión. Para conocer con exactitud el número de mujeres sujetas a esta problemática, así como los presos en situación vulnerable o regímenes cerrados, habrá que esperar hasta el 1 de octubre. Hasta la fecha, es Instituciones Penitenciarias, desde el Estado, quien gestiona las prisiones, de ahí que el Gobierno Vasco no tenga un cómputo fidedigno y de primera mano de estos casos. Hacer un inventario de todas las situaciones de vulnerabilidad será una de las primeras actuaciones. En el caso de los pocos presos de ETA en Euskadi, quien ejerza el control en última instancia seguirá siendo el juez de vigilancia penitenciaria, en este caso de la Audiencia Nacional por ser el organismo encargado de juzgar los casos de terrorismo o delincuencia organizada. Esta cuestión es intransferible para el Estado.

El portavoz del Ejecutivo vasco, Bingen Zupiria, confirmó tras el Consejo de Gobierno que el modelo vasco tendrá como objetivo la "reinserción y resocialización" porque es la vía más adecuada para los presos, pero también para la "seguridad" de toda la sociedad, en la medida en que un preso reinsertado es un preso que tendrá menores posibilidades de reincidir y volver a cometer un delito. Ya no será un peligro.

El recién proclamado presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, defendió la transferencia de las prisiones en la medida en que supone cumplir el Estatuto de Gernika, y opinó que la comunidad autónoma está "jurídicamente preparada" para afrontar este reto. En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recordó que no se van a modificar la ley ni el reglamento penitenciario, de manera que el marco jurídico ya viene predeterminado. A partir de ahí, reconoció que, aunque la ley sea la misma, es posible una gestión diferente. Tras matizar que habrá que esperar a conocer las intenciones del Gobierno Vasco, aseguró que parece ser que apostará por la justicia restaurativa, un modelo "que es practicable", aunque habrá que ver la respuesta que ofrecen las víctimas a esa posibilidad. Apuntó también al necesario reconocimiento del daño causado.

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