- Se abre una nueva ventana de esperanza para las familias de todo el Estado que quieren recuperar los restos mortales de sus seres queridos enterrados en el Valle de los Caídos, el monumento franquista construido tras la Guerra Civil. Cinco años después de que una sentencia pionera en un juzgado madrileño autorizase la exhumación de los hermanos Lapeña, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto con una dotación de 665.000 euros para proceder a la apertura de las criptas y exhumar a las víctimas de la guerra y la dictadura, lo que supone que el Estado ha realizado su primer movimiento para dar impulso político al operativo. En el caso vasco, el Instituto de la Memoria, Gogora, ha prestado todo este tiempo ayuda a las familias que quieren exhumar a sus allegados, y sigue recibiendo solicitudes. Según explican a ese periódico desde la consejería de Igualdad y Justicia de Beatriz Artolazabal, el número de familias solicitantes ha crecido desde las 23 comunicadas recientemente hasta un total de 29, aunque tres de ellas todavía se encuentran realizando los trámites y no tienen formalmente reconocido el derecho desde Patrimonio Nacional, que es la institución encargada de autorizar los trabajos desde el Estado.

El instituto que dirige Aintzane Ezenarro ha prestado ayuda a estas familias para realizar los trámites y sacar a sus seres queridos de Cuelgamuros. Las mismas fuentes añaden que, "para que estas exhumaciones se hagan posibles, es necesario que se agilice desde Patrimonio Nacional el operativo que permita iniciar los trabajos forenses y de exhumaciones". "La dirección de Gogora sigue en permanente contacto con el equipo asesor de memoria histórica del Gobierno español", aseguran.

El Gobierno español activa los trabajos con un empuje político. La tarea será compleja a nivel técnico y queda por despejar si todas las exhumaciones serán viables y todos los restos son recuperables, aunque la nota de prensa del ministerio deja ver que ya saben por dónde acometer los trabajos y por dónde entrar en las criptas. Es un asunto tan sensible que nadie quiere encender la llama de una expectativa que después pueda chocarse con problemas técnicos por el nivel de deterioro de los osarios.

La nota de prensa del Gobierno español no concreta fechas para iniciar las obras, aunque sí da la sensación de que comienza a perfilar el operativo, aunque sea vagamente. La propuesta la ha colocado sobre la mesa la vicepresidenta y ministra de Memoria Democrática, Carmen Calvo. La nota menciona, por ejemplo, que los trabajos técnicos de exploración del terreno realizados entre 2017 y 2019 han permitido evaluar el estado de las criptas y ahora se conocen "los posibles puntos de apertura", las condiciones para acceder a ellas y para permitir los trabajos previos imprescindibles para retirar los restos humanos. Es decir, ya saben por dónde hincar el diente a los trabajos.

Según ese comunicado, "las obras no supondrán ninguna modificación urbanística, y consistirán en hacer posible el acceso al interior de las criptas y la ejecución de los trabajos necesarios para asegurar las condiciones de dignidad y respeto propio de un cementerio", así como la seguridad del personal que tendrá que acceder a los osarios. Esta tarea estará supervisada por forenses y antropólogos como el vasco Paco Etxeberria, una autoridad en la materia. Será una tarea quirúrgica por el riesgo de desplome y de que los restos se mezclen entre ellos por su nivel de deterioro. A nivel estatal, el Gobierno español tiene sobre la mesa más de sesenta expedientes para actuar en este monumento ubicado en la Comunidad de Madrid.

Al Valle de los Caídos fueron trasladadas desde 1959 miles de víctimas de la guerra. Yacen más de 33.000 restos humanos, de los cuales 1.300 corresponden a ciudadanos vascos. Entre los enterrados figuran combatientes de los dos bandos. Este monumento se convirtió durante décadas en un símbolo de exaltación franquista y peregrinaje ultra, para mayor escarnio de las víctimas enterradas en contra de su voluntad en ese lugar.

Las criptas de las víctimas fueron tapiadas y ahora se trata de abrirlas para rescatar esos restos humanos, que serán trasladados a Euskadi si es posible completar los trabajos. Las tareas para tratar de dignificar a los sepultados comenzaron con el traslado del dictador Francisco Franco a otro cementerio para que dejara de presidir el monumento y de estar enterrado, para más señas, con sus propias víctimas.

El Gobierno español admite que esta partida económica se aprueba para "dar respuesta a las reclamaciones particulares de los familiares" que han pedido la exhumación, y también para atender los pronunciamientos de "diferentes organismos internacionales, entre ellos el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzosas e Involuntarias de Naciones Unidas, parlamentos autonómicos y entidades locales".

La sentencia de un juez de San Lorenzo de El Escorial en 2016 abrió el camino para las exhumaciones. Dio su aval en el caso de los hermanos Lapeña, fusilados en 1936 por los golpistas y enviados al Valle de los Caídos en contra de la voluntad de sus familias. Su caso es el espejo en el que se miran muchas otras familias en todo el Estado, deseosas de que sus allegados sean enterrados con dignidad y en su territorio.