- “Si yo estoy allí esto no se habría resuelto por unanimidad”. José Antonio Martín Pallín, que formó parte de la sala del Tribunal Supremo que ayer ordenó repetir el juicio por el caso Bateragune, admitió ayer su “sorpresa” por un fallo que, según él, “va en contra del principio de seguridad jurídica que está en el artículo 9.3 de la Constitución”. “No entiendo absolutamente nada”, añadió.

A la espera de conocer el contenido de la resolución, el magistrado emérito del Supremo opinó: “Me parece una interpretación extensiva en contra de los condenados”, entre ellos Arnaldo Otegi. En declaraciones a Radio Euskadi, aludió a la legislación que regula la doble incriminación, es decir, que impide que “una persona sea juzgada dos veces”. Explicó que, según la misma, “se puede celebrar un segundo proceso si existen nuevos hechos o revelaciones, cosa que en el caso Bateragune no existe”. También podría darse este supuesto por “un vicio esencial en el proceso anterior que pudiera afectar a la sentencia dictada”. Sin embargo, subrayó que dicha irregularidad debería darse en el proceso, “no en la sentencia, y parece que el vicio, según el Supremo, se ha producido en la sentencia”.

Añadió que “si el vicio en el procedimiento es la falta de imparcialidad de uno de los componentes de un tribunal de tres -en referencia a Ángela Murillo-, y la sentencia está dictada por unanimidad, de ninguna manera el nuevo juicio va a poder dictar una sentencia distinta”. Según su parecer, el fallo que emitió la Audiencia Nacional “ya es inamovible a través de un recurso de revisión que hace nulo todo el proceso en virtud de la resolución de Estrasburgo”.

El magistrado consideró además “imposible” que los afectados vuelvan a cumplir condena tras un eventual nuevo fallo condenatorio. “La sentencia no podría variar esencialmente y habría que aplicar todo el tiempo de cumplimiento de la condena” anterior. “Duplicar una pena sería un atentado al principio de legalidad y a principios esenciales y valores superiores como el de la Justicia que recoge nuestra Constitución”, dijo.

Martín Pallín concluyó que la resolución conocida ayer supone “un mensaje demoledor para la valoración de la actuación del más alto organismo de la jurisdicción penal en España”.