- El caso sobre el uso de tarjetas bancarias de forma fraudulenta por parte del rey emérito y algunos de sus familiares parece abocado al archivo, todo ello después de que el pasado miércoles Juan Carlos I hiciera una declaración voluntaria ante la autoridad tributaria por la que abonó 678.393,72 euros. Se correspondería a lo dejado de pagar en impuestos correspondientes a los ejercicios 2016, 2017, 2018
El equipo de fiscales del Supremo se va a centrar en analizar el contenido de esa regularización, tanto la cuantía declarada, como los períodos impositivos a los que se corresponde, para después valorar “jurídicamente” la incidencia que podría tener en el contenido de la investigación, precisan las fuentes. En el caso de que la Agencia Tributaria no detecte ninguna infracción administrativa, previsiblemente tampoco habría una penal, de modo que el caso podría estar abocado al archivo.
Juan Carlos I presentó esta declaración para regularizar su situación fiscal cuatro meses después de su marcha de España. Este asunto estaba siendo investigado por la Fiscalía del Supremo en unas diligencias en las que también colabora el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que abrió el expediente sobre este asunto hace algo más de un año.
Esta línea de investigación sobre gastos realizados con efectivo y que no había sido declarado a Hacienda se une a las otras dos ya abiertas al rey emérito, la primera por posibles comisiones procedentes del AVE a la Meca. Las terceras diligencias abiertas respecto a Juan Carlos I, reveladas por la propia fiscal general del Estado, Dolores Delgado, partieron de una información procedente de “inteligencia financiera” -Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales-.
Se trataría de conductas realizadas en un espacio temporal aún por delimitar y que inicialmente podrían incardinarse en blanqueo de capitales de los que podrían derivarse delitos fiscales. Según este aviso, Juan Carlos I tendría casi 10 millones de euros en una cuenta activa en la isla de Jersey.
PSOE y PP ejercieron ayer de cortafuegos para el emérito bajo el argumento de que la regularización de su deuda tributaria es algo personal. Para el ministro de Transporte y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se trata de “un tema personal” que debe tratarse en el ámbito de al confidencialidad. Por su parte, la diputada del PP y exministra, Ana Pastor, señaló que la declaración voluntaria ante la Agencia Tributaria es una decisión “individual”.
En su línea habitual, quien fue más allá en la defensa del emérido fue la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien señaló ayer en el Pleno de la Asamblea que “por supuesto que la ley es para todos la misma pero no todos iguales ante la ley. El rey Juan Carlos no es un ciudadano cualquiera, para empezar es un gran embajador de este país durante muchísimos años”.
