- “Ni un día más, ni un día menos”. El nuevo estado de alarma que pretende decretar Moncloa hasta el próximo 9 de mayo vuelve a enconar la situación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la oposición, en especial con un PP que ayer salió a la palestra para condicionar su respaldo: que solo tenga una vigencia de ocho semanas, hasta Navidad, y que entre tanto se configure un plan b jurídico reformando la ley de Salud Pública de 1986 para poder limitar la libertad de movimientos sin tener que recurrir al instrumento constitucional de la alarma, exigencias que el Ejecutivo de coalición rechaza de plano. El Consejo de Ministros acordará hoy solicitar al Congreso su autorización para implantar los seis meses de alerta, plazo que la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, consideró “absolutamente necesario”. Otras fuerzas como Ciudadanos y ERC lo ven también excesivo mientras el PNV cree que es “procedente” pero confiando en que Sánchez acuda con frecuencia a la Cámara baja.

“Hacemos una oferta generosa”, expresó el líder del PP, Pablo Casado, quien con un tono más modulado que en anteriores ocasiones fijó en el 20 de diciembre el tope para la duración de este periodo de alarma en aras de “salvar la campaña navideña” y entendiendo que habría margen para estabilizar la curva de contagios y “dar tranquilidad a los mayores para que puedan tener movilidad y recibir a sus familias”. Pero la respuesta desde el Gobierno fue tajante. “El PP debe abandonar sus condiciones (...) No es el momento de palos en las ruedas”, zanjó Darias. Casado maneja su primera prueba de fuego tras quebrar su alineamiento dialéctico con Vox y pretende fijar su visión con un cariz más constructivo no exento de crítica. El PP cuestiona ahora que la autoridad delegada del estado de alarma recaiga en las comunidades autónomas y no en Moncloa, estimando que “no es gobernanza, sino parapetarse” en las autonomías, aunque paradójicamente trasladaba lo contrario cuando defendía la gestión de la Comunidad de Madrid. Además, piensa que hay “aspectos que podrían ir contra la propia Constitución” en el texto normativo, como la previsión de que “no habrá control jurisdiccional” a las medidas.

Casado comparte con otros grupos que el estado de alarma tiene que estar sujeto a un control parlamentario “que no se puede sustituir por la comparecencia de un ministro” cada quince días, en este caso el de Sanidad, Salvador Illa, y en comisión, ya que en ella no se votaría y la oposición no podría forzar modificaciones de las medidas en vigor. A juicio de la ministra Darias, Sánchez fue “tremendamente claro, diáfano e incluso cristalino respecto a la duración”, que responde al criterio de los expertos: “Es el tiempo que se necesita hasta empezar a superar no solo la segunda ola actual en la que nos encontramos, sino la etapa más dañina de la pandemia”. “Si los indicadores sanitarios mejoran ostensiblemente, el estado de alarma va a durar el tiempo estrictamente necesario”, añadió la titular de Política Territorial, que profundizó al respecto. “Apelamos al sentido común de todas las fuerzas políticas, incluido el PP. Quiero ser clara: el PP debe abandonar sus condiciones, y debe sustituirlas por las recomendaciones de los expertos y de la ciencia”. A su vez, descartó abordar una reforma legislativa que sustituya a la alarma. “Para restringir derechos fundamentales, es la única herramienta eficaz”.

Ciudadanos mantiene su disposición a apoyar el nuevo decreto, pero también percibe “excesivo” que se alargue seis meses. Su líder, Inés Arrimadas, intentará “negociar que ese plazo sea mucho menor” y que Sánchez comparezca periódicamente en el Congreso para rendir cuentas. “Está bien que sea una herramienta de largo plazo, pero es compatible con la salud democrática”, subrayó Edmundo Bal, portavoz adjunto del partido naranja.

Por su parte, ERC y Junts condicionan su apoyo a que el Govern tenga más competencias, pues sostienen que se sigue dependiendo mucho del Ejecutivo central para tomar decisiones y no se abordan temas como la obligatoriedad del teletrabajo o la suspensión de los desahucios. La portavoz republicana, Marta Vilalta, reconoció que el decreto es un “avance importante” pero cree que se queda “corto” ante la situación sanitaria. En Esquerra ven una margen para la mejora del texto y esperan que Moncloa quiera negociar también la duración de seis meses. La CUP presentará enmiendas.

Con todo, el Gobierno de Sánchez cuenta ya con los apoyos necesarios para aprobar este nuevo escenario. PSOE y Unidas Podemos suman ya 166 síes con PNV, PDeCAT y NC, e incluso podrían llegar a la mayoría absoluta si cierran un acuerdo con Ciudadanos. Únicamente requiere una mayoría simple del Congreso y de momento solo Vox ha avanzado abiertamente su voto en contra. De su lado, el presidente de UPN, Javier Esparza, anticipó que sus dos diputados no apoyarán la prórroga, pero sin concretar si votarán en contra o se abstendrán. De momento Foro Asturias, que se comporta como socio electoral del PP, no ha desvelado el sentido de su voto.

Tras la moción de censura. Vox aún no ha digerido el discurso de Pablo Casado en la moción de censura y ayer le acusó de haberse convertido en el ”ministro número 19, el ministro de la oposición”. El portavoz del partido de ultraderecha, Jorge Buxadé, lamentó que el líder del PP se haya unido “a la foto” con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. “Ya eres de los nuestros. Te invisto como nuevo ministro. Eres aceptado en nuestro gobierno único y vas a estar ya con nosotros por los siglos de los siglos”, comentó con ironía Buxadé, quien reconoció que “el discurso del ministro de la oposición” fue “doloroso” y “un golpe a la esperanza e ilusión de millones de personas que quieren libertad y unidad”.

“Queremos limitarlo a un máximo de ocho semanas para salvar la campaña de Navidad”

Presidente del PP

“Ni un día más, ni un día menos, el PP no debe poner condiciones ni palos en las ruedas”

Ministra de Política Territorial