- Precisamente en el momento en que se cumplen 41 años desde la aprobación del Estatuto de Gernika, la parlamentaria del PNV, Maria Eugenia Arrizabalaga, defendió ayer el valor que ha tenido esta herramienta, y apostó por renovarla. Dijo que el auto del Tribunal Superior de Justicia que rechazó la pretensión del Gobierno Vasco de prohibir las reuniones sociales de más de seis personas para controlar el coronavirus ha puesto en evidencia la necesidad de un nuevo estatus, porque las competencias vascas están “mediatizadas no solamente políticamente, sino también judicialmente”.
En declaraciones a Radio Euskadi, dijo que la situación sanitaria es “muy preocupante” y no hay “más que mirar los números”, y señaló que creían tener las competencias suficientes para adoptar nuevas medidas restrictivas para “proteger a la población”, pero el TSJPV “sorprendentemente” decidió “que no”, pese a que, ante “medidas muy similares o iguales”, otros tribunales autonómicos han tomado decisiones distintas al vasco, como en el caso del tribunal navarro.
La parlamentaria jeltzale defendió que eso es lo que ha llevado a Urkullu a “tener que solicitar que Pedro Sánchez declare el estado de alarma” porque el TSJPV considera que solo este estado de alarma puede dar cobertura a medidas que restrinjan la movilidad.
Urkullu defendía que la declaración de emergencia sanitaria vasca y la Ley autonómica de Gestión de Emergencias le facultaban para alejar a las personas de los lugares de peligro y dictar confinamientos, una lectura que no comparte el tribunal. Solo con el estado de alarma se podría suspender el libre movimiento, aunque otros tribunales habían visto perfectamente justificadas estas medidas por la evolución de la epidemia. Este es en buena medida un enredo judicial, porque no todos los tribunales opinan lo mismo.
Por otro lado, el PNV se pronunció ayer sobre el 75 aniversario de las Naciones Unidas para pedir “una profunda renovación” de la ONU que incluya cauces de representación para “las nuevas realidades políticas, como las naciones sin Estado y las regiones constitucionales con vocación de participación internacional”.
Podemos Ahal Dugu planteó un Estado “de corte federal, asimétrico, policéntrico, solidario entre territorios y que apueste por una democracia radical”. Volvió a poner el acento en los derechos sociales, y contrapuso el debate centrado en las transferencias de poder o competencias, al debate sobre la toma participativa de decisiones.
