- Ante el bloqueo del PP a la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que requiere de una mayoría técnica que obliga a que los populares den su visto bueno, el Gobierno español intenta atajar mediante un cambio del proceso que rebaje la exigencia a una mayoría absoluta en el Congreso para la renovación judicial, asunto que se ha convertido en trascendental para el Ejecutivo de Pedro Sánchez debido a las interferencias en su actividad del presidente del CGPJ y también del Supremo, Carlos Lesmes.
Así, con el objetivo de sortear a los de Pablo Casado, el PSOE y Unidas Podemos registraron ayer una proposición de ley que buscará que tanto el Congreso como el Senado puedan elegir por mayoría absoluta, en lugar de los actuales tres quintos, a doce de los veinte vocales que componen el órgano que rige la vida judicial. La socialista Adriana Lastra y el morado Pablo Echenique defendieron conjuntamente la “legitimidad democrática” de su planteamiento, que renovaría la ley orgánica 6/1985 sobre la elección de los vocales correspondientes al “turno judicial”.
La Constitución determina que ocho de esos vocales deben ser elegidos entre juristas de reconocida competencia por mayoría de tres quintos del Congreso y del Senado, pero no se pronuncia sobre los doce que las dos cámaras eligen entre los jueces que se postulan o que proponen las asociaciones representativas. Es a ese bloque de doce vocales al que afecta la reforma propuesta por el PSOE y Unidas Podemos para eliminar el requisito de mayoría reforzada (que con el reparto actual de escaños implica obligatoriamente el acuerdo del PSOE y el PP) y permitir su elección mediante mayoría absoluta.
Así, la proposición registrada por los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición busca que tanto el Congreso como el Senado puedan elegir a los seis vocales de cada Cámara con mayoría absoluta 48 horas después de una primera votación en la que se mantendría la exigencia de tres quintos.
El Ejecutivo español, por su parte, intenta desvincularse de la iniciativa achacando la decisión únicamente a los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos. Así, la portavoz María Jesús Montero negó que su gabinete tenga “ninguna voluntad ni intencionalidad”, aunque sí admitió que la posible reforma “probablemente pueda aportar una mayor agilidad” al proceso de reforma judicial. En cualquier caso, Montero defendió la necesidad de renovar cuanto antes el CGPJ y aseguró que cualquier reforma contará con “todas las garantías jurídicas”.
Por su parte, el PP se ha cerrado en banda a todos los intentos de acuerdo para acometer una renovación judicial que lleva paralizada más de dos años, ya que supondría perder la mayoría de magistrados conservadores en el CGPJ. Por ello, los populares contraatacaron ayer con rapidez ante la posible reforma impulsada desde el Congreso y acusaron directamente a Pedro Sánchez de “conductas autoritarias y dictatoriales”.
La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, aseguró que la vía que busca el Gobierno constituye un “fraude”, porque se hace a través de una proposición de ley para sortear los informes de órganos consultivos. Por ello, acusó a Pedro Sánchez de tener una actitud propia de dictaduras. “Solo un dictador considera que las únicas mayorías viables son las que él tiene”, añadió. Al ser preguntada después por si cree que Sánchez es un dictador tras sus reflexiones, Gamarra aclaró que ella no cuestiona su legitimidad porque ha sido elegido democráticamente. Sin embargo, indicó que sí que lo son tanto “sus conductas” como los mecanismos que está impulsando.
