Moncloa se refugia en el poder judicial para zafarse de la 'caja b' de Podemos

Su respuesta choca con la posición beligerante de Podemos contra el juez Juan José Escalonilla, al que acusa de impulsar una "causa general" contra ellos y una "investigación prospectiva". Algo más explícita se mostró la ministra portavoz, María Jesús Montero, quien apostó por la "cohesión" y "fuerza" de la coalición sin necesidad de referirse a la causa judicial. Simplemente señaló que el Gobierno "tiene por delante cuatro años, que esperemos poder utilizar, para dar el impulso económico que España necesita y que va a contar con muchos recursos europeos que habrá que gestionar", comenzando por la aprobación de los presupuestos.

Podemos será investigado al menos hasta diciembre por malversación tras la denuncia interpuesta por el exabogado del partido José Manuel Calvente. Entre los imputados están el secretario de Comunicación de la marca morada, Juanma del Olmo, estrecho colaborador de Iglesias, así como el tesorero y la gerente, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val. Eso sí, llama la atención que en la denuncia de Calvente se incluyeran otros delitos -blanqueo de capitales, descubrimiento y revelación de secretos, allanamiento informático, administración desleal y financiación ilegal- y no por el que se le va a escrutar. Esta conversión no es banal, porque al afectar este delito al interés público es lo que ha permitido al juez -al que Podemos miraba ya con lupa por archivar dos veces las amenazas de muerte de un grupo de agentes de la Policía Local madrileña contra Manuela Carmena- admitir la personación de Vox en la causa sin fianza previa.

Podemos ya ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid solicitando la nulidad de la causa al estimar que las pruebas aportadas por el abogado despedido son meras "sospechas", no tienen "relevancia penal" y además fueron obtenidas de forma "ilícita". En el escrito afirman que la documentación habría sido obtenida vulnerando el deber de sigilo y confidencialidad que acarreaba el ejercicio de las funciones de su cargo, en detrimento del derecho fundamental a la intimidad que es predicable tanto de las personas jurídicas así como de los miembros que la componen. En esas pruebas hay "datos de carácter personal" de miembros del partido y ajenos, como números de DNI, cuentas bancarias, domicilios, teléfonos o datos de afiliación a la Seguridad Social.

Este episodio ha servido a la derecha para presionar a Sánchez para desembarazarse de su socio. Especialmente un PP que tiene en su memoria política y judicial la caja B por la que fue investigado y que acabó con una moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy. El partido de Pablo Casado pretende resarcirse de todo el acoso que sufrió y ha elaborado un vídeo, colgado en su cuenta de Twitter, en el que pide la dimisión del secretario general de Unidas Podemos, porque "este populista de ambición ilimitada no puede ser vicepresidente del Gobierno de España", y añade que "alguien que se mueve constantemente en las cloacas, junto a la imputación de su partido, su cúpula y la corrupción que lo arrincona, está inhabilitado para el cargo". Olvida el PP que aún no ha arrancado ningún juicio oral, sino que se ha abierto una investigación. Por su parte, Vox cree que hay aún más motivos para la moción de censura que tiene previsto presentar en septiembre. Su máximo dirigente, Santiago Abascal, aseveró en Twitter que lo más grave de la financiación de Podemos "no es su ilegalidad, como la del PP o PSOE", sino que "lo terrible es que ese dinero viene de narcos, de dictaduras y regímenes totalitarios". Por su lado, Ciudadanos pidió la comparecencia de Iglesias para que "dé la cara" y explicaciones.

"Alguien que se mueve en las cloacas, e imputado su partido, está inhabilitado para el cargo que ostenta"

Vídeo colgado en su cuenta de Twitter

"Estamos en un Estado de Derecho en el que existe la independencia del Poder Judicial"

Presidente del Gobierno español