- El pleno del Congreso de los Diputados convalidó ayer el real decreto de medidas organizativas y procesales diseñadas para evitar el colapso de la Justicia, un proyecto que ha recibido numerosas críticas en el hemiciclo y que el Gobierno español consiguió sacar adelante con el apoyo del PNV y de ERC.
El decreto, que se tramitará como proyecto de ley para que los grupos puedan incluir enmiendas, como han reclamado los republicanos catalanes, recibió 178 votos a favor, 161 en contra y diez abstenciones, entre ellas la de EH Bildu, que, como la semana pasada en la votación para la prórroga del estado de alarma, vuelve a desmarcarse del sentido de voto de ERC, pese a la unidad de acción entre ambas formaciones.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, destacó que las medidas fueron consensuadas con todos los consejeros del ramo, también con los del PP y Ciudadanos, y pidió sin éxito a esos partidos que estuvieran a la altura de sus correligionarios con responsabilidades de gestión.
Ambas formaciones rechazaron el decreto, al igual que Vox, la CUP y JxCat, entre advertencias generalizadas de que ninguna medida será eficaz si no hay inversiones y se refuerzan los juzgados.
ERC, socio de JxCat en el Gobierno catalán y con Ester Capella al frente de la conselleria de Justicia, optó sin embargo por el sí. Cree que el decreto “se queda corto”, pero confía en poder enmendarlo y que el mes de agosto, cuya habilitación ha suscitado críticas casi unánimes, quede reservado solo para vistas urgentes.
“Quizás alguien pueda pensar que el decreto no es lo mejor, pero su no convalidación es peor”, señaló el portavoz del PNV, Mikel Legarda, para explicar su apoyo.
Además de habilitar del 11 al 31 de agosto y posibilitar turnos de tarde en los juzgados, la norma apuesta por las vistas telemáticas y agiliza los conflictos de familia y los procesos relativos a expedientes de regulación de empleo y quiebras empresariales.
El ministro de Justicia advirtió del alud de casos que llegarán a los juzgados como consecuencia de la crisis económica tras la pandemia y estimó que los concursos de acreedores presentados aumentarán un 246% este año y un 619% en 2021.
