- La Fiscalía Superior del País Vasco ha intensificado su vigilancia en las residencias de mayores en un momento en el que estos centros, sus trabajadores y moradores, atraviesan por una situación muy delicada por las consecuencias de la pandemia que les ha golpeado duramente. Una eventual situación de desatención a este colectivo podría llevar a una denuncia penal por parte del ministerio público que, por el momento, no se ha producido en la CAV.
Con este refuerzo la Fiscalía trata de incrementar la labor de la red de fiscales de lo civil que integra dentro de cada territorio a quienes de manera regular ya hacían las comprobaciones necesarias en estos centros velando por la atención y protección de las personas de avanzada edad. En este momento, las inspecciones de los delegados fiscales de lo civil en estas instalaciones están suspendidas para evitar contagios a los residentes y a los propios fiscales, según señaló a este diario la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán.
A su juicio, "se trata de dar más empuje a la vigilancia y control en estos centros cuando por estas circunstancias no se pueden realizar", señaló Adán. La fiscal superior asegura que no ha habido ninguna situación que haya llevado a abrir diligencias en alguna residencia y advierte que "si apreciamos alguna carencia o alguna situación anómala, actuaremos con el fin de proteger a ese colectivo para que no esté desatendido".
Los fiscales de lo civil se encargan durante todo el año de acudir a las residencias de mayores para realizar controles de cómo están atendidos, si hay familiares y sobre todo vigilar la actuación de la administración o de las empresas particulares que las gestionan.
Hay tres fiscales delegados de lo civil, uno por cada territorio, y la Fiscalía vasca pretende a través de sus diligencias preprocesales recabar información sobre la situación en las residencias usando los canales habituales de su relación ordinaria con las tres diputaciones forales, de las que dependen la mayoría de estos centros.
La Fiscalía General del Estado alertó la semana pasada a las fiscalías autonómicas de que tomaran un papel proactivo en este sector ante la vulnerabilidad de este colectivo, antes incluso de que se conociera la presencia de cadáveres de ancianos junto a residentes vivos en algunas residencias de Madrid, como desveló la ministra de Defensa, Margarita Robles, tras las tareas de desinfección realizadas por la Unidad Militar de Emergencias. Hay dudas sobre si estas personas fallecieron en situación de desatención o, pese a comunicar su deceso, los servicios funerarios tardaron más de la cuenta y los militares llegaron antes que aquellos.
Empleados. EH Bildu pidió ayer que se refuercen "cuanto antes" las medidas de protección en las residencias de mayores dependientes de la Diputación de Gipuzkoa y en las que tienen plazas concertadas, y que se apliquen en todas ellas las mismas iniciativas que ha puesto en marcha Osakide-tza. En un comunicado, reclama también al ente foral que "especifique" qué medidas se han adoptado, si se han repartido EPI y test para detectar el contagio del virus y, de ser así, cuántos y en qué centros.
"Si vemos alguna carencia o algo anómalo, actuaremos para proteger a los mayores"
Fiscal Superior del País Vasco
