Una legislatura en minoría con pactos aquí y en Madrid

Hitos como el acuerdo del Cupo o el adiós de Darpón jalonan el mandato

11.02.2020 | 06:20

Donostia - La convocatoria de las elecciones vascas para el 5 de abril y la disolución del Parlamento ponen fin a la segunda legislatura de Iñigo Urkullu, que arrancó en 2016. Ha gobernado con un Ejecutivo de coalición formado por PNV y PSE que se encuentra un escaño por debajo de la mayoría absoluta, de manera que ha sufrido algún sobresalto en momentos puntuales como la prórroga presupuestaria que tuvo que decretar a finales de 2018, o la dimisión del consejero de Salud Jon Darpón por la ofensiva de la oposición ante la polémica de los exámenes en Osakidetza. Esos fueron los momentos más críticos, pero la tónica ha sido la estabilidad y ha sabido hacer de la necesidad virtud buscando acuerdos plurales para sacar adelante distintas votaciones. Urkullu ha puesto en valor ese sosiego frente a la situación de bloqueo perpetuo que se ha vivido estos años en el Estado o en Catalunya. Tiene los presupuestos de este año aprobados por el acuerdo con Podemos y Equo y, en cuanto ha detectado un asomo de que el clima de precampaña podía abocar a que los próximos meses sean un ejercicio baldío en el Parlamento, ha puesto fin a la legislatura.

El flanco de la producción legislativa no es el más lustroso. Se defiende asegurando que no está en su mano fijar los ritmos de los partidos en el Parlamento a la hora de aprobar leyes, y que su deber empieza y acaba cuando remite los proyectos al legislativo, o cuando aprueba los planes estratégicos que son de su exclusiva competencia. Los quince planes estratégicos que prometió están en vigor desde hace meses, y los indicadores económicos también sacan brillo a su gestión, como la reducción del paro por debajo del 10%, un objetivo alcanzado antes de que terminara la legislatura al margen del repunte del desempleo estacional en enero. Y esgrime el cumplimiento de 175 compromisos y 655 iniciativas.

leyes y pactos Aun así, se han podido aprobar leyes determinantes como la de cooperativas (se aprobó en colaboración con el sector, con un consenso amplísimo del que solo se desmarcó Elkarrekin Podemos, e introdujo novedades de alcance como que los socios no respondan con el patrimonio personal), la quinta modificación de la Ley de Policía (llevaba años coleando, y ahora está negociándose con Madrid para evitar que recurra la figura de los interinos de la Policía local), y la ley que busca reparar los abusos policiales sufridos entre 1978 y 1999. La legislatura ha sido un continuo ejercicio en busca del acuerdo por su situación de minoría, y los dos primeros presupuestos los aprobó con el PP, pero la moción de censura contra Rajoy en Madrid dinamitó las relaciones, y tuvo que intentar sin éxito una aproximación a EH Bildu. La negociación en 2018 no cuajó y hubo prórroga presupuestaria. El viraje de Podemos en busca de una posición de mayor influencia ha propiciado que las cuentas de este año sí vean la luz.

La legislatura ha servido para encauzar demandas históricas en materia de autogobierno con los gobiernos españoles de Rajoy y Sánchez. Con Rajoy, se cerró un acuerdo millonario sobre el Cupo, el dinero que paga Euskadi a Madrid por materias como el Ejército y algunas infraestructuras. Ambos gobiernos resolvieron en mayo de 2017 el tira y afloja que mantenían sobre el cálculo del dinero de los diez años anteriores. Madrid aceptó devolver 1.400 millones de euros a Euskadi. Además, se calculó la cifra que serviría como base para la Ley Quinquenal hasta 2021. Sellaron la paz fiscal para quince años. Ese acuerdo, que afianzaba la relación bilateral, de igual a igual, con el Estado, se trasladó a las ofertas de empleo de la Ertzaintza, donde Rajoy aceptó que el único criterio para fijar la plantilla de agentes vascos sea el que fijen ambos gobiernos en la Junta de Seguridad para mantener la cifra de 8.000 ertzainas, y que no sirvan los pretextos económicos de Madrid.

Con Sánchez, acordó un calendario de transferencias, y ahora se está actualizando con la posibilidad de incorporar la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Se han transferido dos líneas de tren, la autopista AP-68, y se han apalabrado el seguro escolar, los productos farmacéuticos y las ayudas a la jubilación en empresas en ERE. En paralelo, el lehendakari ha mantenido un perfil alto a nivel internacional, donde ha presentado su programa de acogida de migrantes al papa, ha disertado en un foro de la ONU en Nueva York codeándose con representantes de estados, y ha logrado el aval de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas a sus planes de convivencia, hasta el punto de que le han ofrecido que Euskadi sea sede del plan piloto. En materia de equipamientos sanitarios, el balance interno del Gobierno Vasco pone en valor las instalaciones de Biocruces o el centro de salud en Retuerto.

La convocatoria del adelanto se ha cruzado con el desmoronamiento del vertedero de Zaldibar, con dos trabajadores desaparecidos; y el lehendakari defendió que sus esfuerzos están en esa crisis, aunque no acuda personalmente. Respondió así a EH Bildu, que también aprieta con el caso De Miguel, como el PP, aunque la sentencia no señale ningún beneficio para el PNV.

hitos del mandato

Leyes. Urkullu se desvincula del ritmo del Parlamento porque depende de los grupos. Se han aprobado leyes como la de cooperativas, Policía, abusos policiales, FP, puertos, sostenibilidad energética de la administración, patrimonio cultural, dopaje y carreteras.

Acuerdo del Cupo. El Gobierno Vasco resolvió en 2017 con el entonces presidente español, Mariano Rajoy, la disputa histórica sobre el cálculo del Cupo durante diez años. Madrid acordó devolver 1.400 millones y sentar las bases para una paz fiscal de quince años.

Transferencias. Urkullu arrancó un calendario a Sánchez. Han pactado dos líneas de tren, la AP-68, seguro escolar, productos farmacéuticos y ayudas a la jubilación en los ERE.

El trago de Darpón. El momento crítico llegó en marzo de 2019, cuando el entonces consejero de Salud, Jon Darpón, dimitió ante la amenaza de reprobación de la oposición por los exámenes de Osakidetza. Los tribunales no habían señalado a ningún cargo público, pero Darpón prefirió frenar el desgaste político.