donostia - El recién investido Pedro Sánchez tiene por delante uno de los panoramas más complicados a los que se ha enfrentado un presidente del Gobierno español. Su nuevo gabinete -de coalición por primera vez desde la II República- echará a andar en clara minoría, con un Congreso más fragmentado que nunca y con la incesante presión discursiva y mediática de una derecha enfurecida.
Además, el presidente socialista deberá mantener el equilibrio interno con Unidas Podemos, abordar los compromisos pactados con ERC y, en Euskadi, cumplir lo acordado con el PNV. De ello dependerá la duración del nuevo Ejecutivo, que volverá a necesitar el apoyo de los soberanistas para sacar adelante su programa.
Medidas sociales En este campo se engloban los compromisos adquiridos con Unidas Podemos, que tendrá un control importante en el ámbito social a través de la vicepresidencia de Pablo Iglesias. En materia económica, en cambio, será el PSOE quien lleve la batuta. Los retos son diversos: la derogación de la ley mordaza y de una parte de la reforma laboral, el aumento de impuestos a las rentas altas, la regulación de los alquileres, la legalización de la eutanasia, el refuerzo de las políticas contra la violencia de género y partidas para afrontar la emergencia climática, entre otras.
El principal obstáculo para llevar a buen puerto toda esta batería de medidas es la minoría del Gobierno. Respecto a las leyes orgánicas, no debería tener excesivos problemas para sacar adelante algunas de ellas intentando reeditar la mayoría de la investidura en el Congreso, aunque ello requerirá de pactos grupo por grupo. Pero al nuevo Ejecutivo le será imposible abordar reformas de mayor calado que requieren de mayoría cualificada.
Presupuestos La elaboración del próximo proyecto presupuestario será la primera gran prueba de fuego para Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y de su éxito puede depender la duración de la legislatura. En el Estado todavía siguen vigentes las cuentas elaboradas por el popular Cristóbal Montoro -aprobadas en mayo de 2018, pocos días antes de la moción de censura de Mariano Rajoy-, tras el fallido presupuesto del primer Ejecutivo de Sánchez, cuyo rechazo en sede parlamentaria propició el adelanto electoral en febrero. Ahora, el reto es similar al de aquella ocasión: el Gobierno debe convencer a ERC para que dé el visto bueno a unas cuentas cuya necesidad es acuciante.
Euskadi En lo que concierne a Euskadi, el flamante Gobierno deberá cumplir los puntos del acuerdo con el PNV, que se convierte también en elemento clave para la gobernabilidad en el Estado. Entre los doce compromisos suscritos por socialistas y jeltzales se incluyen el cumplimiento total del Estatuto de Gernika -con las transferencias restantes-, el impulso a un nuevo proyecto estatutario, el fin de los recursos a las competencias vascas o la aceleración de infraestructuras clave como el TAV.
Catalunya El conflicto catalán será uno de los puntos más calientes de la legislatura que arranca, más si cabe cuando los votos del independentismo se tornan imprescindibles para cualquier votación en el Congreso. El nuevo Ejecutivo promete diálogo y se ha comprometido a poner en marcha a efectos inmediatos una mesa para conversar con la Generalitat de igual a igual, negociación a la que se podrán llevar cualquier tipo de proposiciones. Las amenazas son las de siempre: la presión de la derecha, los movimientos judiciales y el escepticismo de una parte del independentismo. Respecto a esto último, está por ver si JxCat participará o no en la mesa acordada por ERC con el PSOE. Todo ello, con la inhabilitación de Quim Torra de por medio.
Otros retos El gabinete Sánchez deberá afrontar asimismo retos de importancia como la despoblación en la España central, la financiación autonómica o la mejora en diversas infraestructuras pactadas con grupos minoritarios como Teruel Existe, Nueva Canarias, Compromís o el BNG.
