Donostia - El lehendakari, Iñigo Urkullu, urgió ayer al Gobierno español a que proceda a la transferencia al Gobierno Vasco de las competencias penitenciarias y al acercamiento de los presos a cárceles próximas a su domicilio familiar. Asimismo, y por lo que respecta a ETA, reclamó de la organización armada a que en el plazo de un año culmine su desarme y proceda a su definitiva disolución. Aunque habló en clave institucional, como jefe del Ejecutivo vasco, está claro que las exigencias demandas ayer por Iñigo Urkullu, especialmente las referentes al Gobierno español que hacen referencia a la política penitenciaria, son parte fundamental del bloque de propuestas, la llamada “agenda vasca”, que el PNV presentará en la ronda de conversaciones anunciada por el presidente en funciones, Mariano Rajoy, para la constitución del nuevo Gobierno.
Estos dos emplazamientos fueron los ejes de la ponencia Nuevas agendas y nuevos acentos para la convivencia que desarrolló el jefe del Ejecutivo de Gasteiz en el marco de los cursos de verano de la Universidad complutense de Madrid. En su intervención, Urkullu constató el “doble bloqueo” que, a su juicio, está sufriendo el proceso de normalización y convivencia. Según afirmó, si hace dos años consideraba que el final de ETA era definitivo, ahora, transcurridos cinco años desde que la banda anunciara su decisión, “el final es más irreversible, si cabe”. Constató, no obstante, que pese a que los hechos avalan el carácter definitivo del cese del terrorismo de ETA, la percepción social es que el proceso progresa más despacio de lo deseable.
Para el lehendakari, las claves de este bloqueo serían, por un lado, “la parálisis de ETA y de sectores de su entorno político en los ámbitos de desarme, asunción de las vías legales penitenciarias o la reflexión crítica de su pasado”, algo que calificó de incomprensible, y por otro, “la negativa del Gobierno español a tratar de acordar con las instituciones vascas cuestiones estratégicas como el desarme de ETA o la política penitenciaria”. Pese a ello, y aunque insistió en lo que constató como “doble bloqueo”, Urkullu dejó claro que mantiene su “absoluta lealtad” con el Estado.
Por contra, se refirió al Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco que ha contribuido a desarrollar, especialmente en materia de normalización de la convivencia, “un camino constructivo y socialmente reconocible”.
Pasos pendientes Urkullu explicitó los pasos que deben darse para acabar con esta situación de bloqueo. Así, en el plazo de un año situó tres condiciones básicas. Por un lado una nueva política penitenciaria que se viene concretada en la propuesta Zuzen Bidean elaborada por el Gobierno Vasco. Esta propuesta contiene veinte medidas concretas. Las diez primeras no requieren modificación legal, solo el cumplimiento de la ley. Sin embargo, se reclama del Gobierno español la transferencia de la competencia de centros penitenciarios y el acercamiento de los presos.
Una segunda condición tiene a ETA como destinataria ya que se exige que en este plazo de un año haga efectivo un proceso de desarme rápido, viable y con cobertura social, internacional e institucional que desemboque en la disolución definitiva de la banda. En este sentido, hay que recordar que continúa vigente la propuesta de desarme y desaparición de ETA que hizo pública el Ejecutivo de Gasteiz el 21 de diciembre de 2014.
El tercer vértice de los pasos a dar en el plazo de un año, hace referencia a la reflexión crítica del pasado. Según expuso el lehendakari, esta autocrítica no debe quedar encerrada en la esfera de la conciencia personal y moral. A su entender, “es una actitud eminentemente política y sus objetivos son también políticos. Tiene un alto valor para abordar las asignaturas pendientes y reparar sus consecuencias”.
Urkullu presentó, asimismo, otras cuatro propuesta con una proyección más larga en el tiempo, con el horizonte puesto en 2020.
La primera actuación hace referencia a las víctimas e implica desarrollar el programa Batera que promueve la unión entre víctimas y sociedad atendiendo al principio de verdad, justicia y reparación. También aboga por impulsar la Ley de Reconocimiento y Reparación que afecta a las víctimas de abusos policiales.
Otra de las propuestas afecta a la clarificación de lo ocurrido en el periodo 1960-2010, con el objetivo de servir a la verdad. La tercera pata hace referencia a la memoria explicitado en el Plan 2020 impulsado por el Instituto Gogora.
Hay un cuarto eje en el que sitúa la reinserción. Se basa en el decreto Hi-tzeman, que regula las políticas públicas de convivencia en materia de reinserción y reintegración en la sociedad de las personas presas.
