Más de 40 fallecidos, cientos de desaparecidos y denuncias de abusos sexuales por parte de la policía. Lo que comenzó el pasado 28 de abril con un paro nacional contra la reforma tributaria ha derivado en un grave conflicto social que dura ya dos semanas. “Se ha instalado un discurso que sataniza la protesta social, que es un derecho de los ciudadanos, y los medios de comunicación están ayudando a perpetuar y sostener este discurso. Es muy triste porque uno encuentra compatriotas que justifican la muerte de personas porque los entienden como vándalos. Hay un enorme abismo que nos divide y hace mucho más compleja la situación. Es como si estuviéramos interpretando dos países”, denuncia María Isabel, desde Bogotá, desde donde cada día es testigo de las manifestaciones ciudadanas.
“La situación ha estado muy tensa desde noviembre de 2019, cuando ya hubo protestas contra las políticas económicas y sociales del Gobierno, pero en esta ocasión ha sido muy grave la falta de información, de datos. No sabemos a ciencia cierta cuántos muertos ha habido, ni cuántos desaparecidos, unos dicen que son 480, otros 500 y otros 800. Tampoco sabemos cuántas mujeres han sido abusadas por la policía en el marco del paro. Estamos navegando en una desinformación brutal”, lamenta.
En los últimos días, el epicentro de la protesta está en Cali, donde el pasado domingo un grupo de civiles armado atacó a la minga (marcha) indígena, dejando nueve heridos graves. “El estado no está reconociendo la protesta pacífica y ha implementado una serie de procesos alternos para crear una confrontación civil. Lo más grave es que hay acciones de grupos de la población civil, gente de los barrios de mayor capacidad económica, en contra del movimiento y esto es ya uno de los logros políticos de este gobierno: hay una diferencia de clases que se está empezando a confrontar”, explica Emanuel Giraldo, sociólogo y documentalista de Cali, que está participando activamente en las protestas.
La minga es una autoridad muy respetada en el país y había acudido a la ciudad colombiana para apoyar a los manifestantes y tratar de pacificar la situación, por lo que el ataque del domingo tuvo un impacto especial. Desde entonces, se instaló el miedo en la ciudad. “Genera mucho temor saber que hay camionetas de esta gente transitando por la ciudad con el respaldo de la policía para masacrar a personas que como máximo tienen un palo y una piedra”, apunta.
“Esto hace parte de los mensajes de guerra que está mandando el gobierno tanto nacional como local en torno a la presencia de la guardia indígena, que desde que llegó ha brindado protección en todos los puntos”, denuncia por su parte Berenice Celeita, directora de organización del Instituto para la Investigación y la Acción Social.
Hoy está convocada una nueva manifestación multitudinaria en Colombia y la minga ha anunciado que tras esta jornada abandonará la ciudad. “Las comunidades indígenas acompañarán y visitarán en caravana todos los puntos de resistencia de la ciudad y, al finalizar, se desplazarán hacia las zonas Sa’th Tama Kiwe (un territorio que agrupa a seis cabildos indígenas en el Cauca), donde se concentrarán para seguir movilizados desde el departamento del Cauca”, explicó el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) a través de un comunicado.
USO DE LA FUERZA
La respuesta del Gobierno de Iván Duque, del partido Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe, ha sido desde el principio el uso de la fuerza contra los manifestantes. Especialmente criticada ha sido la actuación de la ESMAD, los escuadrones de control antidisburbios dependientes de la policía. Pero, además, el mandatario sacó a los militares a las calles de las principales ciudades para controlar las manifestaciones y disturbios, una decisión que causó temor en un país golpeado por más de medio siglo de conflicto armado.
El pasado lunes, tras el ataque a la minga, el mandatario ordenó “el mayor despliegue de fuerza pública” en Cali, mientras que el propio Uribe, muy activo estos días en las redes sociales, pidió la ocupación militar de la ciudad.
“El detonante de la protesta fue la reforma tributaria, pero hay otras dos reformas delicadas: la reforma de pensiones y la reforma de salud”, explica Giraldo, sobre los motivos de los manifestantes para salir a las calles. “Veníamos de una serie de procesos de privatización del sistema de salud que promovió el expresidente Uribe y que han llevado a que hoy en día, por ejemplo, tengas que acudir a cinco o seis hospitales para que te atiendan ante una urgencia. A esto se suman dos elementos de mucha incomodidad. Uno, las masacres de líderes y lideresas sociales y defensores y defensoras de derechos humanos, de enero a marzo habíamos contabilizado un total de 52 líderes y lideresas asesinados y llevamos 21 firmantes del acuerdo de paz también asesinados”, denuncia el sociólogo y documentalista colombiano.
“Por otro lado hay un gran incumplimiento de los acuerdos de paz, lo cual ha hecho que se vuelvan a reagrupar grupos de las disidencias de las FARC y que haya un reagrupamiento de los paramilitares que han ido tomando zonas del país”, prosigue. “En realidad, el nivel de violencia que estamos viviendo hoy en el país es tan fuerte como el primer periodo de Álvaro Uribe”, concluye Giraldo.
