Un Midas inverso

Muchos coinciden con él y han invocado la sección cuarta de la 25ª enmienda para expulsar al presidente de la Casa Blanca. El representante republicano en el congreso Adam Kinzinger y el senador demócrata Chris Coons han sido los primeros en promover la medida. Los líderes del Partido Demócrata en ambas cámaras, Nancy Pelosi y Chuck Schumer han secundado la idea, anunciando públicamente que el presidente es responsable de un acto de instigación a la sedición.Y los hechos del día 6 han provocado una cadena de dimisiones entre los más cercanos colaboradores del presidente, entre ellos dos secretarios de gabinete.

La aplicación de la sección cuarta de la enmienda 25 significa declarar al presidente "incapaz". Esta enmienda, que fue aprobada tras el asesinato de Kennedy y ratificada en 1967, otorga al vicepresidente el poder de solicitar a la mayoría de los "principales funcionarios del ejecutivo" una declaración escrita expresando que el presidente "no puede desempeñar los deberes de su cargo", convirtiéndose inmediatamente en presidente interino. No obstante, el presidente puede alegar estar habilitado y reanudar su mandato. En este caso, el vicepresidente tendría un plazo de cuatro días para volver a solicitar su suspensión al congreso que podría, con el apoyo de dos tercios de los votos de ambas cámaras, "incapacitar" al presidente.

En este caso concreto, Mike Pence necesitaría que ocho de los quince secretarios del gobierno de Trump firmasen la declaración y que la apoyasen dos tercios de los 435 miembros la cámara de representantes (288 votos), por lo que además de los 222 demócratas tendrían que votar a favor 66 miembros del Partido Republicano. Respecto al senado, haría falta el voto de 67 de sus miembros, los 48 demócratas y 19 republicanos. Por otro lado, John Bolton, exconsejero de seguridad nacional, ha añadido que Pence tendría que hacer todo esto en secreto y muy rápidamente, porque Trump podría destituir a los secretarios que fueran a apoyar la petición, invalidando su firma. Entendiendo que Trump reaccionaría como lo que es, se daría el caso de dos personas alegando ser presidentes a un mismo tiempo, algo que generaría más desorden, la descomposición del gobierno y posiblemente disturbios sociales.

Pero, fundamentalmente, aplicar la sección cuarta de esta enmienda supondría retorcer aún más la constitución, ya que está pensada para ser aplicada en el caso de una inhabilitación física grave y no para un caso como éste, de negligencia, abuso de poder e incitación al crimen. John Bolton concluye cínicamente que "es mejor para todos meterlo en el Airforce 1 y mandarlo a jugar a golf unos pocos días más".

Los argumentos de Bolton son válidos, pero ello no significa que no haya que tomar medidas. Simplemente, la aplicación de la enmienda 25 no es la vía. Tal como ha afirmado el fiscal general del Distrito de Columbia Karl Racine, los responsables de los hechos ocurridos en el Capitolio deben pagar por sus actos, incluido el presidente, que es el máximo responsable. No hacerlo sería una grave negligencia y un peligroso precedente.

La representante demócrata Ilhan Omar dio a conocer el viernes una petición de moción de censura y ya hay al menos dos versiones circulando entre los diputados de la cámara, acusando a Trump de "incitar a la violencia contra el gobierno de los Estados Unidos" y asegurando que Trump no debe permanecer a la cabeza del ejecutivo ni estar a cargo del arsenal nuclear del país. "Tampoco se puede confiar en los funcionarios que han sido cómplices de sus crímenes. Debemos acusarlo y destituirlo de su cargo de inmediato". Pero la moción no se refiere únicamente al acto de incitación a la sedición del día 6 de enero, sino a los cuatro años de mentiras, negligencia temeraria y abuso de poder, incluyendo las presiones del pasado día 2 de enero al secretario de estado de Georgia, Brad Raffensperger, para que revocara los resultados electorales verificados legalmente.

La adopción de una medida punitiva severa es indispensable por varias razones. En primer lugar, es esencial para garantizar una transición justa y evitar nuevos actos de conspiración, ya que nadie sabe qué es capaz de hacer en los pocos días que le que quedan de servicio: La Casa Blanca continúa siendo el epicentro de la toxicidad política que afecta al país. Pero, fundamentalmente, es preciso aplicar la moción de censura porque es lo correcto: a todo crimen le corresponde su castigo y, del mismo modo que aquellos que violaron el hemiciclo van a responder ante los tribunales, el principal responsable de aquella jornada no debe quedar impune a la sombra de su cargo. De otro modo, el mensaje a los futuros líderes del ejecutivo es claro: todo vale. Es esencial sentar un precedente y confirmar y subrayar con todo el rigor de la ley y la autoridad de la cámara legislativa su culpabilidad. Es asimismo importante enviar un mensaje a la ciudadanía: No ha habido fraude electoral, la única estafa se apellida Trump. Por último, McConnell ha sometido durante cuatro años a las cámaras al caudillaje del ejecutivo pero en una democracia higiénica el ejecutivo debe sentir las riendas y el látigo del legislativo, no a la inversa.

Por una vez estoy de acuerdo con Rupert Murdoch que, en el editorial del Wall Street Journal del viernes, se ha hecho eco del Washington Post y el New York Times, exigiendo la inmediata renuncia de Trump o su expulsión. El sistema democrático no debe mostrar fisuras cuando se refiere a iniquidades que brotan de las mismas tripas del sistema. Es preciso condenar e inhabilitar a Trump y extirparlo de la sala oval sin piedad. A diferencia de la aplicación de la enmienda 25, la moción de censura constituye una acusación y una condena que incapacitaría a Trump de por vida, impidiendo su candidatura en futuras elecciones. Eso es lo que hay que hacer porque es lo que procede.

Lamentablemente, vivimos en un mundo imperfecto. Si bien técnicamente una moción de censura es viable antes o incluso después del 20 de enero, el grupo de republicanos reunidos en torno a los representantes Josh Hawley de Missouri, Ted Cruz de Texas y Kevin McCarthy de California, interpretan algunos de los peores valores de la política, y se opondrán a que se haga justicia. Los líderes republicanos Lindsey Graham y Mitch McConnell son demasiado egoístas como para reconocer que la moción de censura es necesaria para desinfectar y reconstruir el Partido Republicano que ellos han ayudado a abatir.

En un sistema de derecho, no condenar, sentenciar y suspender con firmeza los excesos del ejecutivo nunca es la alternativa. Trump, una inversión del rey Midas, ha podrido todo lo que ha tocado. Tal vez Biden sea capaz de restaurar el orden político y vestirlo de serenidad gubernativa, pero hacerlo evitando castigar al presidente mermaría la dignidad y la autoridad del sistema de gobierno republicano, y resultaría en una nueva victoria de la corrupción, un peligroso paradigma. La vergüenza no es que un grupo de descerebrados abordasen el Capitolio, la vergüenza es que desde dentro del Capitolio se antepongan los intereses particulares a la administración de justicia y que no haya una mayoría necesaria para evitarlo.