Una moción presentada por el PP en el Senado para reivindicar el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tras el escándalo por el espionaje a dirigentes soberanistas sirvió ayer para volver a exigir al Gobierno español la desclasificación de los documentos referentes a la muerte de Mikel Zabalza. Fue el representante de Geroa Bai en la Cámara alta, Koldo Martínez, quien denunció el “encubrimiento” que ha caracterizado este caso durante los últimos 37 años y censuró que el Gobierno de Pedro Sánchez “no quiere que se haga luz sobre este crimen de Estado”.
Para ello, Martínez, en su turno de intervención, recordó un episodio que tuvo lugar durante los 19 días en que Zabalza estuvo desaparecido tras su detención el 26 de noviembre de 1985, en los que su familia y allegados llevaron a cabo una angustiosa búsqueda. La Coordinadora de la Guardia Civil de Inchaurrondo (CGCI), un sindicato clandestino (los agentes del cuerpo no pueden por ley afiliarse a partidos o sindicatos), trasladó a la delegación de Deia de la época en Donostia su denuncia de que Zabalza “ha muerto a manos de sus Deia interrogadores. En un escrito, añadió que “con la intención de tapar el asunto han preparado y hecho pública la fuga”, en referencia a la versión oficial defendida por la Guardia Civil: que Zabalza se zafó de los agentes que le escoltaban y se escapó atravesando el río Bidasoa, a pesar de que tenía las manos esposadas a la espalda, de la escasa visibilidad y de que no sabía nadar.
El documento de CGCI incluía la reivindicación “por una Guardia Civil sin 23-F, sin casos de Almería, depuración y castigo a los culpables”. Deiaen una zona que ya había sido inspeccionada con anterioridad por submarinistas de Cruz Roja y con las esposas todavía aprisionando sus muñecas.
El diario El País se hizo eco de esta información en su edición del 16 de diciembre, nada más aparecer el cuerpo, cuando destacó “las llamadas realizadas a dos periódicos de Barcelona, en las que se apuntaba la posibilidad de que Zabaltza hubiera muerto víctima de las torturas, y la carta enviada al diario Deiaun sindicato seudoclandestino”. Un proceso judicial insuficiente y la salida a la luz de sucesivas pruebas y testimonios, incluyendo unos audios incriminatorios por parte de militares, han llevado a que la exigencia de justicia haya sido una constante.
Impunidad
Ayer en el Senado, Koldo Martínez denunció “la negativa del Gobierno a desclasificar los informes en poder del CNI que permitirían aclarar el asesinato de Mikel Zabalza a manos de miembros de la Guardia Civil”. Añadió que “un servicio público de información no puede servir para enmascarar crímenes de Estado, porque entonces pasa a ser cómplice y, por tanto, también criminal”.
Recordó que Zabalza, que entonces tenía 32 años y era el mayor de nueve hermanos, “al igual que su novia y sus amigos detenidos, nada tenía que ver con ETA, entró vivo en unas dependencias del Estado y salió de ellas muerto”. Fue “un joven que murió ahogado mientras era torturado”, y a pesar de las casi cuatro décadas transcurridas, “las y los navarros queremos la verdad”. “Su familia se merece algo más que la respuesta que dio a su madre el guardia en la garita de acceso al cuartel de Intxaurrondo: Búsquelo en objetos perdidos
Martínez, único senador por designación del Parlamento de Nafarroa y que integra el grupo Izquierda Confederal junto a formaciones como Más País y Compromís, censuró que “cada vez que se rechazan nuestras peticiones al Gobierno para que ponga en manos de los tribunales toda la información de que dispone, se le asesina nuevamente y se revictimiza a su familia”.
En la intervención, que no tuvo réplica del PP por el propio formato de la sesión, realizó duras acusaciones y dijo que en este caso “no solo hay impunidad, sino que hay voluntad política de mantener esa impunidad por todos los medios posibles. ¿Por qué el Gobierno socialista no quiere desclasificar unas informaciones que permitirían reabrir la causa?”, se preguntó.
En referencia por tanto al PSOE, censuró su “ empecinamiento de no hacer luz en el mayor episodio de encubrimiento criminal de la historia de la democracia en España”, que extendió a “la Guardia Civil, médicos, abogados que trabajaban para el Estado, jueces, el ejecutivo socialista de entonces, presidido por Felipe González...”. Cargó contra la “desidia de algunos jueces que se han negado a reabrir la causa, a pesar de varias nuevas evidencias”.
El senador de Geroa Bai concluyó justificando su voto en contra a la moción del PP en favor del CNI, ya que este organismo “tiene en su poder información que serviría para desentrañar un horrible crimen, aunque sea el de un modesto chófer de autobús de Orbaizeta”.
