"Hacemos autocrítica. En casos como los de Mikel Zabalza, Mikel Arregi o Germán Rodríguez no supimos manifestar nuestro cariño a sus familiares ni respaldar como es debido su derecho a la Justicia. Y no nos cuesta pedir perdón a esas familias si nos equivocamos". Son palabras del parlamentario de Navarra Suma, Iñaki Iriarte, hace apenas seis meses. Hoy ha votado en contra de la ley que reconoce a esas mismas víctimas su derecho a la memoria y la reparación.
La derecha navarra ha vuelto a dar la espalda así a las otras víctimas de la violencia. Pero su voto en contra no ha impedido la tramitación de la ley que hoy se debatía en el Parlamento, y que reconoce a este colectivo su derecho a percibir una indemnización en los mismo términos que las víctimas de ETA. La ley, que ha contado con el apoyo de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, pasa ahora a debate a comisión para su aprobación definitiva antes de verano.
La reforma busca corregir la Ley de Reconocimiento y Reparación aprobada en 2019. Aquel texto recogía indemnizaciones para estas víctimas en los mismos términos que en la legislación estatal. El problema era que la ley del Estado no reconoce a este colectivo, por lo que era necesario corregir el texto original para dotarlo de seguridad jurídica.
Las víctimas de la violencia del Estado y de la extrema derecha recibirán así 250.000 euros por fallecimiento, 500.000 euros por gran invalidez y 180.000 euros por incapacidad permanente absoluta, además del derecho a la asistencia sanitaria y psicológica. Será necesario, no obstante, un reconocimiento previo por parte de la Comisión de Reconocimiento y Reparación, que se prevé constituir en breve, y cuyos trabajos comenzarán después del verano.
El objetivo es que, al menos las primeras víctimas, puedan ser reconocidas oficialmente antes de que acabe la legislatura, de forma similar a como ha empezado a hacer también el Gobierno Vasco. Se trata de personas como Mikel Zabalza, Germán Rodríguez o Gladys del Estal. El Ejecutivo de Vitoria ya reconoció a Zabalza el pasado 26 de febrero.
LAS EXCUSAS DE LA DERECHA
Lo hará sin embargo con la oposición de la derecha navarra, cuyo amago de autocrítica ha quedado en nada. De hecho, ya resultó significativo que el propio Javier Esparza evitara avalar públicamente la petición de perdón de su compañero de partido, Iñaki Iriarte.De hecho, ha sido especialmente llamativa la argumentación del portavoz de Navarra Suma para justificar su voto en contra de la ley. Según Iriarte, la ley que tramita en Parlamento genera un escenario de "desigualdad" entre víctimas. Las víctimas del Estado están mejor tratadas que las de ETA en el imaginario de la derecha navarra porque no es necesaria una condena judicial para su reconocimiento.
"El procedimiento es mucho más exigente" para el reconocimiento de víctimas de ETA, se ha quejado Iriarte, que ha cuestionado además la legitimidad de los miembros de la Comisión de Reparación para determinar a quién se le reconoce como víctima ya que está compuesta "por personas respetables pero no independientes, y elegidas y nombrada por políticos". Un argumento cuando menos injusto porque deja a estas víctimas, que nunca han recibido justicia y que en muchos casos sus muertes no se han llegado a investigar, en una situación de indefensión.
LOS DEFENSORES DE LA LEY
Los motivos de Iriarte para votar en contra han sido rebatidos por el parlamentario de Geroa Bai Jabi Arakama, encargado de defender la modificación de la ley. Arakama ha recordado que no corresponde al Parlamento impartir justicia "sino a las jueces" en base a la división de poderes. Ello sin embargo no impide reconocer a unas víctimas "que los tribunales españoles llevan décadas ignorando"."Queremos dar pasos, debemos a las víctimas algo que ya es urgente tras el olvido que han sufrido durante décadas. Esta ley quiere hacer camino para que las víctimas puedan tener la oportunidad de presentar su verdad y de que las instituciones les escuchen", ha señalado el parlamentario de Geroa Bai, que no obstante ha admitido que la ley se queda corta, pero que ha subrayado llega hasta donde permite la sentencia del Tribunal Constitucional.
La parlamentaria del PSN Inma Jurío por su parte ha explicado que aunque los socialistas se abstuvieron en la aprobación de la ley en 2019, la norma cuenta con el aval del Tribunal Constitucional, "es una ley vigente, con completa seguridad jurídica", y aunque no ha compartido totalmente la intervención de Geroa Bai, sí ha considerado que "es necesario avanzar en derechos". "Eso es lo que nos ha permitido esta ley, ha permitido que se elija a los componentes de la Comisión de Reparación y se pondrá en marcha próximamente en la Dirección General de Paz y Convivencia. Se restablece una seguridad jurídica que va a permitir que el trabajo de la comisión se pueda llevar a efecto", ha destacado.
La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha afirmado que la modificación aprobada "no desvirtúa en absoluto el grueso de la ley y persigue dotar de mayor seguridad jurídica, clarificando y concretando algunas cuestiones que estaban delegadas a un desarrollo reglamentario posterior". "Es necesario que esta ley, en este largo recorrido que dura siete años -tras la primera ley presentada en 2015 y anulada por el TC-, esté en condiciones plenas de aplicarse en todos sus términos y a todos los efectos. Ha habido un interés político por parte de la derecha fundamentalmente y un bloqueo judicial que han imposibilitado hasta ahora poder avanzar en la medida que a esta mayoría política y entiendo que a una mayoría social nos hubiera gustado", ha asegurado.
El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha señalado que esta modificación legal "materializa la voluntad política expresada en 2015 con la proposición de ley presentada por Izquierda-Ezkerra para poder atender a estas víctimas" y ha señalado que ahora, con la ley de 2019 en marcha, "con la comisión activada y con las indemnizaciones puestas sobre la mesa, hoy Navarra está en una mejor condición de no repetición de todo lo que esta sociedad tuvo que padecer en una Transición larga, sangrienta y en algunos casos todavía incompleta".
Finalmente, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, se ha alegrado de que "haya una mayoría amplia en el Parlamento que permita la aprobación de esta norma", aunque ha considerado que "no avanza lo suficiente, porque sigue habiendo imposibilidad para investigar los hechos". En cualquier caso, ha dicho que con esta ley "se trata de hacer justicia" con las víctimas. "Solamente el hecho de ser reconocida la condición de víctima supone una reparación", ha subrayado.
