No me lo digas dos veces

En 1991, 17 municipios vascos se asociaron para hacer frente a una triste realidad: mientras el euskera inundaba a diario sus parques, plazas, escuelas y bares, de puertas adentro, sus ayuntamientos seguían funcionando en castellano. Comunicaciones con otras administraciones, trámites, formularios?,” casi todo” en la lengua de Cervantes. “Como mucho, se hacía en euskera alguna moción”, asegura Iraitz Lazkano, alcalde de Elgeta, y actual presidente de UEMA, la mancomunidad de municipios vascos creada entonces, hace 28 años, para localidades donde el conocimiento del euskera por parte de la población supera el 70%.

A día de hoy, con la inminente adhesión de Alkiza, son ya 87 los municipios asociados y hace años que sus consistorios también funcionan en euskera. Pero desde la semana pasada, además, respiran más tranquilos gracias al que se podría denominar como decreto anti Urquijo (Carlos Urquijo fue delegado del Gobierno en Euskadi entre 2012 y 2016), aprobado por el Gobierno Vasco con la intención de” impulsar el uso del euskera”.

Partidos como PP y Vox han grito el grito en el cielo. Lo consideran un ataque a España. A la lengua común. La formación ultra ya ha anunciado su intención de recurrir al Tribunal Constitucional, habilitada por los más de 50 escaños obtenidos en las últimas elecciones generales. Para el Gobierno Vasco, esas críticas “están fuera de lugar” y se muestran tranquilos ante la posible judicialización, puesto que el decreto, insisten, se limita a desarrollar la Ley Municipal vasca de 2016, que “se negoció con el Gobierno de España”.

La sensación es de alivio e satisfacción contenida en las oficinas de UEMA en Azpeitia, donde Miren Segurola, la coordinadora de esta organización, y su presidente, Iraitz Lazkano, reciben a NOTICIAS DE GIPUZKOA. ¿Por qué ha suscitado tanta polémica este decreto? ¿Qué supone en realidad? Así nos lo explican.

“Antes nos veíamos obligados a funcionar en bilingüe y esto nos da cobertura legal para continuar aplicando las políticas lingüísticas progresistas que llevan tiempo aplicando los municipios de UEMA”, dice Lazkano: “Queremos funcionar en euskera, siempre sin menoscabar los derechos de ningún ciudadano”.

Ejemplos: “Poder redactar las actas en euskera. Muchos somos Ayuntamientos muy pequeños, en los que los secretarios ni siquiera están al 100%, sino a media jornada; no hay servicio de traducción y cuando nos vemos obligados a traducir un texto, en nuestro caso concreto, en Elgeta, lo tiene que hacer un concejal. No tenemos recursos para estar duplicando el trabajo de forma innecesaria”, dice.

El decreto, en su vertiente más efectiva, permite a cada municipio elegir el idioma en el que dirigirse al resto de administraciones, especialmente, y con más limitaciones hacia sus vecinos. Cada municipio vasco tiene ahora la facultad legal de elegir cualquiera de los dos idiomas oficiales de la CAV, o ambos, en función de su realidad sociolingüística.

La obligación de tener que duplicar todo en bilingüe, añade Lazkano, “suponía además un peso económico añadido y una imposibilidad de funcionar en muchos aspectos. Lo que permite este decreto en la práctica lo hemos llevado a cabo en muchos pueblos. En Elgeta, por ejemplo, todas las comunicaciones públicas se hacen en euskera y siempre se ha dado la oportunidad a los ciudadanos para recibir ese documento en otro idioma, a través de la web, o por aplicaciones”, explica.

“La única premisa es, y siempre la hemos respetado, no vulnerar los derechos de nadie”. Es decir, ofrecer en castellano la información a los ciudadanos que así lo requieran. De hecho, el propio decreto incide en que las comunicaciones sin destinatario concreto, es decir, los lanzados a la población general, tienen que ofrecerse en bilingüe. Es una de las garantías que introduce para no vulnerar los derechos de nadie.

Pero el gran logro está en las comunicaciones con las administraciones. “Por ejemplo, cuando enviabas un informe en euskera a un juzgado y te lo mandaban de vuelta para que lo tradujeses. Eso se acabó. Nosotros siempre hemos reivindicado que un documento que está escrito en un idioma oficial tiene que tener su valor legal”, señala el propio Lazkano. Ahora se garantiza por ley.

“Con Urquijo hace unos años tuvimos una batalla con las actas; la Delegación del Gobierno las recurría porque no cumplían la ley del euskera de 1982 (Ley Básica de Normalización del Uso del Euskera). Ahora estaríamos blindados. Este decreto nos abre un camino para protegernos jurídicamente en muchos aspectos; no en todos los casos. Pero nos permite funcionar a nivel interno en euskera, salvo que te aparezca un electo que no entienda nada y tengas que traducirle absolutamente todo”, añade la coordinadora de UEMA.

Santuarios y “marcianos” Pero el decreto va más allá e introduce elementos novedosos, que cuando empezaron a ser planteados por la propia UEMA en 2014 eran consideradas rompedoras. “Lo que se plantea es que cualquier decisión que se tome, la programación de actos culturales, la promoción de viviendas, el turismo, puede tener su afección en la realidad sociolingüística de muchos de estos municipios euskaldunes, que somos la mayoría muy pequeños”, apunta Lazkano.

“Cuando planteamos que había que hacer una evaluación de impacto lingüístico de los planes urbanísticos nos consideraban como unos marcianos. Pero en apenas cuatro años hemos pasado a que se incluya en la Ley y eso es un paso tremendo”, reconoce.

Un ejemplo: no es lo mismo hacer una promoción de 2.000 viviendas en Donostia o hacerlo en Gaztelu, un arnasgune, espacios de especial protección lingüística, una especie de santuarios que ahora quedan definidos en el nuevo decreto como aquellos núcleos urbanos donde más del 80% de la población domina el euskera.

Es decir, una promoción urbanística de 2.000 viviendas tendría un impacto enorme en la realidad sociolingüística de Gaztelu, por ejemplo. El decreto obliga a medir ese impacto e introducir medidas correctoras, que podrían ir desde la eliminación del proyecto, la más severa, a la modificación: hacer menos viviendas, o escalonarlas en el tiempo y activar políticas de inclusión lingüística; o bien repartirlas en diferentes barrios, algo imposible en Gaztelu.

Será una herramienta informática la que determinará, en función del tamaño de cada municipio, su realidad sociolingüística, y la dimensión de cada proyecto, si es necesario presentar al Gobierno Vasco una Evaluación de Impacto Lingüístico, una herramienta similar, aclara Lazkano, a lo que podría ser una evaluación de impacto medioambiental. “Siempre el objetivo es avanzar en el uso del euskera. No solo proteger los arnasgunes, sino avanzar”, explica el presidente de UEMA.

ETEL. Euskadiko toki-erakundeetan hizkuntza ofizialen erabilera instituzional eta administratiboa normalizatzeko Dekretua-ren helburua Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legea (ETEL) garatu eta osatzea da. Orain arte egon zitezkeen zalantzak eta anbiguotasunak argitu nahi ditu.

Arauak. Dekretuak euskararen eta gazteleraren ahozko zein idatzizko erabilera arautzen du udal, toki-erakunde eta beren mendeko erakunde eta sozietate guztietan, bai eta udal zerbitzuren bat eskaintzeko kontratatutako edo esleitutako enpresetan ere.

Udalen autonomia. Arau berriak udal autonomia osoa aitortu eta berresten du, udalek erabakiko baitute, beren errealitate soziolinguistikoa kontuan hartuta, euskararen barne eta kanpoko erabilera nola antolatuko duten.

Lan-hizkuntza. Dekretuaren lehentasunezko helburuetako bat da euskara normaltasunez eta orokorrean erabiliko den lan-hizkuntza bilakatzea, eta udalerriaren funtzionamendua euskaraz ahalbidetzea.

Hizkuntza eskubideak. Hala ere, automonia hori gorabehera, udalek beti errespetatu egin beharko dute oinarri bat: herritaren hizkuntza eskubideak. Herritarrek eskubidea dute Administrazioarekin komunikatzeko hizkuntza aukeratzeko, bi hizkuntza ofizialen artean, noski (euskara eta gaztelania).

Informazioa. Horrez gain, Dekretuak azpimarratzen du informazioa eskuratzea ezin dela esan zama bat herritarrentzat; alegia, herritarra ezin da diskriminatua izan bere hizkuntza hautuagatik. Udalek ez dute herritarren erreklamazioak jaso arte itxaron behar; aitzitik, herritarrekin komunikatzeko modua aurreikusi behar dute aipatutako eskubidea errespetatuz.

Kudeaketa. Dekretuak ez die zehazten udalei nola kudeatu behar dituzten kasu guztiak (publizitatea, errotulazioa?). Autonomia ematen die, eta esaten die hizkuntza eskubideak errespetatu behar dituztela, beti.

Hizkuntza inpaktua. 2014an, UEMAk, Kontseiluak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Lurraldea eta Hizkuntza jardunaldiak abiarazi zituzten, pertzepzio zehatz batetik abiatuz: hirigintza proiektuek eta antzeko proiektu handiek eragin zuzena dute herri baten egoera soziolinguistikoan eta, beraz, ingurumenean eta beste arlo batzuetan neurriak hartzen diren bezala, eragin hori neurtu egin behar da, beharrezkoa balitz neurriak hartzeko. Hori ere jasotzen du dekretu berriak. Hiri-antolamenduko Plan Orokorrak (HAPO) edo Turismo Planak egiten diren bakoitzean udalerri guztiek hizkuntza inpaktuari buruzko aurreko azterketa bat egin beharko dute.