La figura del arrendador que llama a la puerta para velar por el buen funcionamiento de la vivienda poco tiene que ver con esa otra que cara que, al albur de la globalización, todo lo controla desde cualquier rincón del planeta. Se han convertido en los mayores caseros del mundo. Firmas de capital privado “sin rostro”, multinacionales que extienden sus garras en el sector inmobiliario a la espera de que llegue su momento, y expire el plazo de protección oficial de viviendas. “A partir de ahí, todo es imprevisible”. Pueden llegar a subir los alquileres hasta un 30 o un 50%, impidiendo que muchos inquilinos que hasta entonces, mal que bien, afrontaban el pago de sus viviendas -todavía con las secuelas de las crisis económica a rastras- puedan continuar en sus casas. Es la alerta que han lanzado esta semana expertos de Naciones Unidas dirigiéndose, en concreto, a la multinacional estadounidense Blackstone, una de las mayores inversoras en el sector inmobiliario cuyos tentáculos se extienden por el centro de Donostia.

Un total de 450 familias viven con más que preocupación lo que se ha convertido en una cuenta atrás que, si nadie lo remedia, en 2028 dará paso a un escenario que puede dar un giro a sus vidas. Los pisos de alquiler social de Benta Berri donde viven, en el barrio donostiarra de El Antiguo, han sido esta semana foco de atención, como lo fueron en otro tiempo, casi desde que firmaron las escrituras. La plataforma Stop Desahucios alerta de que estas viviendas “dejarán de contar con el apoyo del Gobierno Vasco” en el plazo de nueve años. Ya no velará por el control de la renta, y a partir de ahí temen que la firma estadounidense pueda hacer “el negocio del siglo”, ya que la multinacional se ha convertido en el inversor mayoritario de estas viviendas. Expertos de la ONU han condenado esta semana estas prácticas “indignantes”.

En el plazo de nueve años finaliza la figura de “protección oficial” que tiene actualmente la promoción de viviendas UTE Benta Berri y, con ello, la posibilidad de que no se respete el régimen de VPO por parte de la promotora privada gestora de la promoción, con gravoso resultado para los afectados. En el práctica, los inquilinos podrían ver cómo se dispara la cuota de unos 700 euros que abonan actualmente. Como referencia, el precio medio fijado el mes pasado de la vivienda en alquiler en Donostia era de 1.300 euros.

Un modelo de negocio redondo del que Blackstone es uno de los más destacados ejemplos. Un casero convertido en “una corporación sin rostro que causa estragos”, urgando en las heridas que genera el nuevo boom inmobiliario del alquiler cuando todavía no han sido restañadas las que ocasionó la anterior crisis.

Los vecinos de Donostia llegan a hablar en términos de promoción “de pesadilla”. Los problemas comenzaron prácticamente desde el inicio. “Muchos se han ido marchando durante estos años atrás al advertir lo que podía venir”, asegura uno de los afectados. Las viviendas fueron adjudicadas por sorteo en 1998, mientras que el Gobierno Vasco cedía su derecho de superficie a las empresas Metrovacesa y Vallehermoso por un periodo de 75 años.

Para evitar el aumento abusivo de los alquileres sociales, el Ejecutivo vasco se encargó inicialmente de la tasación de precios durante doce años, que después amplió a 30. El contrato finaliza en 2028 y, conforme se acerca la fecha, aumenta la angustia de los vecinos, y los movimientos en el seno del mercado inmobiliario. Las dos empresas de la UTE se han fusionado con Testa Residencial-Socimi, una de las compañías líderes en el sector de alquiler en el Estado. Se da la circunstancia de que el año pasado el fondo de inversión estadounidense Blackstone, cuyas prácticas han sido denunciadas durante esta semana por la ONU, se ha convertido en el inversor mayoritario de estas viviendas.

De ahí que “una incertidumbre tremenda” se haya adueñado de los vecinos, que no saben qué va a pasar con sus domicilios. “Desde el primer momento asistimos a un gran timo del que no nos informaron debidamente. Se dejó las VPO en manos de dos empresas que cotizaban en el Ibex 35. Hubo irregularidades. El Gobierno Vasco nos dijo en un principio que íbamos a tener derecho a la vivienda, pero se desentendió y lo dejó todo en manos de la UTE. Vivimos en pisos de desprotección”, denuncia un portavoz de Alokairu, asociación que desde 1995 vela por los derechos de los inquilinos de esta promoción envuelta en la polémica.

¿Emergencia social?

Los vecinos han mantenido un sinfín de reuniones con el Ejecutivo vasco. Dicen que su respuesta se repite como un mantra: “Siempre nos dicen lo mismo. Que el contrato firmado es privado y legal, y que no pueden hacer nada”. Los inquilinos piden mantener el suelo público de forma permanente, así como las condiciones del contrato.

Stop Desahucios tiene previsto mantener una reunión con Lakua ante la sospecha de que estas prácticas puedan estar repitiéndose por toda Euskadi, lo que generaría una “emergencia social” en cientos de familia.

Fuentes del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco consultadas descartan tal posibilidad. Niegan en redondo que los llamados fondos buitre puedan extender sus alas a otras viviendas de Euskadi, ya que en suelo vasco “no se conocen” las grandes operaciones inmobiliarias de otras regiones. “En el caso de Benta Berri, estamos hablando de una promoción especial y singular” que no guarda ninguna relación con las 13.574 viviendas públicas de alquiler del Gobierno Vasco.

Las del barrio donostiarra de El Antiguo fueron adjudicas por sorteo en 1998, y en Euskadi es desde 2003 cuando todas las viviendas de protección pública mantienen la calificación a perpetuidad, con los que los precios de compraventa son limitados para siempre. “En este caso, hay que precisar que estamos hablando además de vivienda protegida, pero no pública. Se trata de un régimen singular porque fue una promoción en suelo público concertada con dos empresas privadas”, precisan desde el Ejecutivo vasco.

En ese sentido, aseguran que promociones como las de la UTE Benta Berri “no hay” y, de hecho, “es tan singular que abonan cuotas de entre 600 y 700 euros cuando en las promociones públicas de alquiler se pagan algo más de 200 euros”, explican desde el Departamento de Vivienda.

El objetivo del Gobierno Vasco es precisamente que el precio del mercado libre de alquiler no se desboque, por lo que va a dejar de promover pisos sociales para la venta. En 2020 todas las promociones públicas serán para alquileres, teniendo en cuenta que la mayor parte de los 64.000 demandantes de vivienda social inscritos en el registro autonómico así lo reclaman.

Pero esa nueva política no resuelve en modo alguno el quebradero de cabeza de los vecinos de El Antiguo. Temen que los fondos buitre hagan con ellos el negocio del siglo, y piden al Gobierno medidas de control. Preguntada al respecto, Vivienda admite que una vez vencido el plazo, “deberá abordarse la situación que se plantea” pero advierten de que “estamos hablando de empresas privadas”.

Stop Desahucios ha iniciado una investigación para determinar si la situación de Benta Berri se podría estar viviendo en cualquier otro punto de la geografía vasca, extremo que descarta Lakua. “Vemos que hay opacidad, que la Administración no tiene conocimiento de lo que está sucediendo en una promoción de VPO de suelo público, y vamos a exigir que no se llegue al extremo que ha vivido Txomin. No permitiremos más desahucios”, asegura Rosa García.

La portavoz de la plataforma hace referencia al motivo por el cual se ha abierto de nuevo la caja de los truenos. Bea y Txomin, un matrimonio residente en uno de estos pisos de Benta Berri junto a sus dos hijos han estado a punto de ser desahuciados. Debían cinco cuotas de 778 euros debido a una enfermedad que mantuvo de baja al padre de familia durante medio año, tras lo cual fue despedido de la empresa.

No se personaron contra la orden de desahucio dentro del plazo estipulado, lo que permitió a la UTE proseguir con la actuación. A pesar de que la familia saldó su deuda el 17 de enero, el fondo de inversión continuó adelante con sus planes. Por este motivo, la plataforma Stop Desahucios se movilizó.

El Ayuntamiento de Donostia y la Juntas Generales también mediaron en el conflicto, y la UTE finalmente retiró la orden. “Siempre defenderemos a personas como Txomin, a deudores de buena fe. No es admisible que una familia tenga que vivir una situación así provocada por una baja médica”, advierte Stop Desahucios.