La renuncia de Marchena al frente del Poder Judicial dinamita el pacto entre PP y PSOE

Donostia - La renuncia del candidato pactado por el PP y el PSOE para presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo, el magistrado Manuel Marchena, ha abierto una crisis política que congela la renovación del órgano de gobierno de los jueces en un momento de creciente desprestigio de la justicia. El gesto de Marchena y la decisión del PP de dejar en suspenso el pacto alcanzado con el PSOE para la renovación rompen el único acuerdo político entre los dos principales partidos tras la moción de censura que provocó el cambio de gobierno.

El PSOE y la mayoría de las asociaciones de jueces creen que la renuncia ha sido provocada por el mensaje de WhatsApp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que defendía la elección de Marchena para presidir el CGPJ y el Tribunal Supremo porque se podría controlar “por detrás” la sala segunda del alto tribunal y están en juego “centenares de nombramientos”. Marchena, en el comunicado en el que anunciaba su renuncia a ser candidato, reivindicó su independencia y subrayó que jamás ha concebido “el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal”.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acusó a Cosidó de debilitar al CGPJ y dañar el crédito general de la justicia y le pidió que renuncie a su cargo, pero el PP responsabilizó al Ejecutivo, acusándolo de haber “filtrado” detalles de la negociación para renovar el órgano de gobierno de los jueces desgastando a la justicia. Con ese argumento el líder del PP, Pablo Casado, anunció la ruptura del acuerdo con los socialistas, aunque la tramitación parlamentaria del pacto está en marcha y mañana se debe votar en el Pleno del Congreso a los cuatro vocales juristas que debe elegir la Cámara Baja. Fuentes del PP recuerdan que las negociaciones con los socialistas habían comenzado antes de que Casado asumiera la dirección del partido y señalan que si no rompió antes el acuerdo fue por respeto a Marchena.

Los ánimos entre los populares, apuntan esas mismas fuentes, estaban muy caldeados ante los cambios de última hora del PSOE y en especial por algunos de sus candidatos, como el juez José Ricardo de Prada, magistrado que formó parte del tribunal del caso Gürtel y motivó la declaración como testigo en el juicio del expresidente Mariano Rajoy.

El PP sostiene además que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, negociadora del acuerdo junto a su antecesor en el cargo, Rafael Catalá, ya no es interlocutora válida. De hecho, mañana intentará que el Pleno del Congreso la repruebe. Ella, por su parte, atribuyó la ruptura del pacto por parte del PP a una “cortina de humo” ante ese wasap “absolutamente inaceptable” e insistió en que la “vocación” del Ejecutivo es renovar en plazo el CGPJ, cuyo mandato expira el 4 de diciembre, porque es “bueno para las instituciones”. Para lograrlo, es indispensable el acuerdo entre populares y socialistas, ya que la Constitución establece que los vocales deben ser elegidos -diez en el Congreso y diez en el Senado- por una mayoría de tres quintos de ambas cámaras.

La Ley Orgánica del Poder Judicial fija además que serán los vocales quienes elijan al presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo. Es por ello que la filtración del nombre de Marchena soliviantó a los jueces, que el pasado lunes protagonizaron su segunda huelga del año y reclamaron la despolitización de la justicia y ayer elogiaron la renuncia del magistrado reivindicando su independencia.

Sánchez se mostró abierto a hablar, aunque defendió que sea el Parlamento, representante de la soberanía nacional, y no las asociaciones de jueces quienes elijan a los vocales. Asimismo, recordó que hoy por hoy, la ley exige el acuerdo parlamentario para renovar a los veinte vocales. Mientras no lo haya, seguirá al frente del CGPJ y del Tribunal Supremo Carlos Lesmes, cuestionado tras la gestión que hace pocas semanas realizó el alto tribunal del caso del impuesto de las hipotecas.

Marchena, por su parte, se mantiene con su renuncia al frente de la Sala Segunda del Supremo y del tribunal que juzgará a los 18 acusados por el procés catalán, pero la crisis política e institucional alimenta las acusaciones de falta de independencia de ese organismo. - N.G.