donostia - La realidad migratoria marca su propio ritmo y los flujos siempre van un paso por delante del diseño de recursos. La semana pasada ocurrió en Irun, cuando una veintena de migrantes que deambulaba por la localidad se plantaron frente al Ayuntamiento para reclamar más atención. Ayer ocurrió lo mismo en Donostia. De la mano de entidades sociales, nuevamente, una veintena de subsaharianos de tránsito hacia el norte llamaron a las puertas del Consistorio para pedir más recursos a la espera de atravesar la frontera.

Es una estampa que comienza a ser habitual desde el 18 de junio, cuando Donostia se convertía en escenario de una realidad hasta entonces poco frecuente y casi desconocida, con casi medio centenar de inmigrantes procedentes de Almería desorientados durante horas, debido a un fallo de coordinación de Cruz Roja. Aquella estampa puso el foco en unos tránsitos que siempre han existido, con Irun como paso fronterizo, pero no en la medida que lo hacen actualmente.

El goteo es constante. Las instituciones se lo están tomando muy en serio, pero la realidad cambiante supone un ejercicio diario de readaptación de los recursos, y desde hace semanas esta coordinación se ha intensificado.

Solo derivados desde Cruz Roja han llegado a Euskadi un total de 1.600 migrantes. Otros muchos lo hacen por su propia cuenta, y responder a las demandas de todos supone un desafío, con el handicap añadido de atender a personas de paso que, por sus propias características, no responden al perfil habitual de usuarios de la cartera de servicios sociales .

Las estimaciones, según la información a la que ha tenido acceso este periódico, apuntan a que durante las próximas semanas y hasta finales de agosto seguirán llegando cada semana a Euskadi del orden de cien a 150 migrantes, aprovechado las condiciones meteorológicas propicias y la mar en calma de estos días. A partir de septiembre está previsto que cesen los flujos migratorios que se están conociendo estos días.

heridas en carne viva El problema que se plantea a día de hoy para instituciones y entidades sociales es la acogida de urgencia, en la que ambos mantienen visiones dispares de la situación. Abdoulaye tiene 30 años. Procede de Senegal y es uno de los 20 subsaharianos que ayer se presentaron a la entrada del Ayuntamiento de Donostia, animados por las entidades sociales, para denunciar la situación en la que se encuentran. El joven se tocaba el vendaje que cubría una herida profunda de su pierna derecha. “Lleva en carne viva desde hace una semana. Hay compañeros que se hacen cortes profundos saltando las vallas, con las concertinas. Yo me hice la herida en un bosque, antes de subirme a la zodiac con la que llegué a Algeciras”.

Después de permanecer durante una semana en el sur, relata que fue derivado por Cruz Roja hacia el País Vasco, sin saber muy bien a dónde venía. El joven lamentaba haber tenido que abandonar el albergue de Zorroaga en el que fue inicialmente atendido, antes de reponerse definitivamente de sus heridas.

Maialen Ezkiaga, activista de SOS Racismo, de 31 años, le acompañó el domingo al hospital. “Le pidieron los datos de su domicilio para enviarle la factura por la atención. El chaval los dio, pero ante esa situación puse mi dirección. No me podía creer que estuvieran emitiendo una factura a Senegal, de donde precisamente se ha marchado el joven por falta de recursos. Es una situación que nos estamos encontrando, la de personas que se quedan en la calle, y a las que se les cobra cuando requieren de atención sanitaria”, denunciaba ayer la joven.

El caso de Abdoulaye revela un problema, el de la acogida de urgencia, sujeto a distintas interpretaciones entre las entidades sociales y las instituciones. En Gipuzkoa existen 50 plazas, “que en caso de necesidad se amplían hasta casi 70”, repartidas entre Irun y Donostia. Todas ellas están destinadas a la asistencia primaria de las personas migrantes que llegan a las costas de Andalucía en pateras procedentes del Estrecho

A finales de junio se habilitaron 25 plazas en el albergue de Zorroaga y hace una semana, después de la protesta que tuvo lugar frente al Consistorio de Irun, otras 28 en la localidad bidasoarra. La mesa de coordinación de Gipuzkoa para las personas migrantes se reúne todas las semanas. Está integrada por representantes del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa, los Ayuntamientos de Donostia e Irun y la Cruz Roja.

Este organismo emitió ayer por la tarde un comunicado para aclarar que los servicios temporales de acogida de emergencia que se han creado en Gipuzkoa están dirigidos a migrantes en tránsito procedentes de “la llegada masiva a las costas”. Este recurso va dirigido a personas que recalan en Euskadi con una orden de devolución y que llevan menos de 30 días en el Estado, “hayan llegado de la mano de Cruz Roja o no”. A través de estos dispositivos, se ha atendido a casi 2.000 personas en Euskadi.

La comisión precisó que “a todas las personas que llegan a estos dispositivos se les ofrece atención sanitaria por el equipo de Cruz Roja, y se les deriva a urgencias si hiciera falta”, algo que no ha ocurrido en el caso del senegalés Abdoulaye.

De la mano de SOS Racismo y Amnistía Internacional, una veintena de migrantes se plantaron a las 10.00 horas en el Ayuntamiento de Donostia. La semana anterior organizaron un desayuno solidario en Irun, que suscitó una respuesta institucional inmediata, con la apertura de un nuevo servicio. Ayer se quiso emular la protesta. El objetivo era reunirse con el alcalde, Eneko Goia, que no pudo atenderles directamente y delegó en la concejala de Euskera y Educación, Miren Azkarate, y el titular de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Martín Ibabe.

Durante la espera, un migrante aquejado de diabetes sufrió un desvanecimiento y fue atendido por agentes de la Guardia Municipal que custodiaban la entrada al Consistorio. Minutos después, una ambulancia trasladaba al joven al hospital.

Al término del encuentro, Peio Aierbe e Izaskun Fernández, informaron de que habían trasladado al ayuntamiento “la necesidad de aumentar para los migrantes a cinco los días de pernocta en el centro de Zorroaga”. Desde la mesa interinstitucional replicaron que “en un principio se da la posibilidad de pernoctar durante tres días, pero si hubiera plazas, esta opción puede prolongarse hasta cinco noches”.

Preguntada por este periódico, la diputada de Política Social, Maite Peña, desmintió que solo se esté atendiendo a los migrantes que llegan en autobuses fletados por Cruz Roja, como han criticado organizaciones humanitarias. “Nos gustaría hacer un llamamiento a la calma y no caer en la instrumentalización de estas personas. Se atienden a todas las personas, también a las que vienen sin documentación”, precisó.

Las instituciones vascas informaron que, junto a Cruz Roja y otras entidades del tercer sector están trabajando para atender al flujo de personas migrantes en tránsito, “adaptando los recursos a las necesidades cambiantes que van surgiendo”.