Alemania desautoriza a Llarena al tumbar la causa por rebelión contra Puigdemont

Donostia - La decisión de Alemania de extraditar a Carles Puigdemont solo por el delito de malversación y no por el de rebelión supone una bofetada en toda regla a la Justicia española y, en particular, al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y es que, paralelamente, esta decisión pone en tela de juicio el encarcelamiento de los nueve políticos soberanistas presos trasladados recientemente a cárceles catalanas. El Tribunal Superior Regional de Schleswig-Holstein (SH) declaró inadmisible la entrega a España por un presunto delito de rebelión, aunque sí declaró admisible entregarle por malversación de caudales públicos, una resolución que de momento permite al exjefe del Govern continuar en suelo germano en libertad provisional porque el procesado “siempre” ha cumplido con las obligaciones derivadas de su situación legal. En esta resolución definitiva se argumenta que los actos imputados a Puigdemont no cumplen los requisitos de los delitos alemanes de alta traición (art. 81 del Código Penal germano) ni de caso grave de perturbación del orden público (Landfriedensbruch, art. 125a).

Los magistrados de Schleswig-Holstein razonan que “un grado de violencia según lo prescrito en la regulación de la alta traición no fue alcanzado en los enfrentamientos en España”, y valoran que se descarta la responsabilidad penal del expresident por perturbación del orden público, porque él solo implementó el referéndum, y “no fue líder espiritual de la violencia”. Sin embargo, los tres jueces de la sala primera de lo penal del citado Tribunal -Martin Probst, Matthias Hohmann y Matthias Schiemann-señalan que la Justicia española acusa a Puigdemont de tener responsabilidad compartida en la asunción de obligaciones financieras del sector público, y que corresponde al proceso penal del Estado español confirmar esas acusaciones.

montoro negó el dinero público Cabe recordar que aunque Llarena apuntó que se gastaron 1,6 millones de euros en el referéndum del 1-O, el anterior ministro de Hacienda, el popular Cristóbal Montoro, descartó en abril que se sufragase con dinero público. “Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos, ni la manutención de Puigdemont, pero sé que no con dinero público”, reiteró. El fallo, esgrimido en 22 páginas, no es recurrible ni por la Fiscalía ni por el acusado, aunque este último, según su abogado alemán Wolfgang Schomburg, pedirá amparo al Tribunal Constitucional (TC), en un plazo de 30 días, lo que prolongaría durante más tiempo, quizá incluso meses, la estancia de Puigdemont en Alemania, que según sus letrados se encuentra “tranquilo y animado”.

La Audiencia de Schleswig-Holstein reitera así los argumentos que ya había expuesto previamente, en los que subrayaba que no se produjo el grado de violencia “suficiente”. “La cantidad de violencia que prevé el delito de alta traición -equivalente alemán al tipo español de rebelión- no se alcanzó en los enfrentamientos en España”, reseñan. Aunque también desdeñan la petición de la defensa de no extraditarlo al entender que no es un perseguido político y que en España podrá tener un juicio justo, dentro de los estándares que se esperan de la “comunidad de valores” y del “espacio de derecho común” de la Unión Europea. Ante el TC se puede interponer un recurso de amparo y pedir asimismo que paralice, de forma temporal y hasta que tome postura sobre el fondo de la cuestión, la extradición. Ahora bien, la otra cuestión que está en el aire es cómo reaccionará el juez Llarena, ya que, como hizo en Bélgica, podría retirar la petición de entrega al desestimarse la rebelión. Un supuesto dictamen del Constitucional únicamente podría recurrirse ante Estrasburgo.

Igualmente, el rechazo del delito de sedición violenta solicitada por la judicatura española podría permitir a Puigdemont esquivar la prisión preventiva una vez trasladado a España, una medida que ya ha golpeado a otros exmiembros del Govern y del movimiento civil independentista, trasladados recientemente a prisiones catalanas. Todo ello llevó a que desde la Generalitat se celebrara la resolución alemana poniéndola en contexto con el resto de políticos señalados y entre rejas. “Estoy muy contento porque se demuestran una vez más los engaños y mentiras de una causa judicial que nunca debería de haberse iniciado”, señaló el president Quim Torra. “El primer contraste de fondo, entre lo que sostiene el juez Llarena y los jueces europeos, acredita que es insostenible desde una interpretación democrática hablar ni de rebelión, ni de sedición ni tan siquiera desórdenes públicos. Un paso importante...”, respondió Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont.

El expresident se jactó de haber “derrotado la principal mentira sostenida por el Estado”, en referencia a la rebelión, y exigió la libertad de los dirigentes encarcelados. “Cada minuto que pasan nuestros compañeros en prisión es un minuto de vergüenza e injusticia. ¡Lucharemos hasta el final, y ganaremos!”, tuiteó.