En prisión un vecino de Irun como presunto líder de un “grupo criminal” que habría defraudado 40 millones

donostia - Un vecino de Irun ha ingresado en prisión como presunto líder de un “grupo criminal” dedicado a la delincuencia económica y que se sospecha habría defraudado 40 millones de euros al erario público al no pagar las cuotas del IVA en compraventas de combustible. Operaciones casi diarias entre mayoristas y gasolineras del sur y levante peninsular por valor de decenas de miles de euros, aunque el grupo no llegaba a tocar el producto y se limitaba a gestionar su distribución en los puntos de venta finales. 23 de esos millones defraudados deberían haber recalado en las arcas de la Hacienda de Gipuzkoa, que fue la que denunció el caso a principios del año pasado en un juzgado de Donostia; y otros 17 millones en la Agencia Tributaria española. Además del presunto cabecilla, Iker Aldalur, se ha investigado a otras diez personas.

Según fuentes consultadas por este periódico, la organización desmantelada por la Ertzaintza contaba con un “entramado hipersofisticado” y pudo ser investigada gracias a la sospecha temprana y la diligencia de los técnicos de la Hacienda foral, que fueron los que alertaron a la Agencia Tributaria española y acudieron al juzgado, desencadenando la denominada operación Martzi, en la que han participado la propia Ertzain-tza, los Mossos d’Esquadra y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El guipuzcoano ingresado en prisión “es una persona muy conocida” en Irun y vive en el mismo centro de la villa. Fue detenido el pasado viernes, día 5, en la localidad ilerdense de Viella, donde también tiene una casa. Según ha podido saber este periódico, Aldalur “llevaba un “tren de vida muy elevado, viajaba mucho y era una persona ostentosa”. El pasado año habría celebrado su 40 cumpleaños por todo lo alto en el club de golf de Hondarribia. Una celebración a la que “invitó a todo el mundo”, aseguran fuentes cercanas.

La operación culminó la semana pasada con un operativo policial que permitió localizar a once personas sospechosas de formar parte del grupo. Dos de ellas fueron arrestadas en Irun, tres en Viella (entre estos Aldalur), otras tres en Madrid, una en Ciudad Real y otra en Córdoba. A la undécima se le comunicó en Madrid su situación de investigada en el caso. Tras pasar a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción número 3 de Donostia, el principal implicado ingresó en prisión y el resto quedó en libertad con medidas cautelares. Los once tienen obligación de depositar una fianza solidaria de 40 millones de euros.

un coche de 100.000 euros De forma simultánea, informó el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco en un comunicado, se realizaron un total de catorce registros en diversos inmuebles: cuatro en Irun, cinco en Madrid, dos en Ciudad Real, dos en Córdoba y uno en Lleida. En los registros, la Policía se incautó de 91.000 euros, joyas, ordenadores y 8 vehículos de lujo, alguno de ellos valorado en unos 100.000 euros. Las cuentas bancarias y otros activos se han embargado judicialmente, según informó la Ertzaintza.

La trama contaba con una sede en un bloque de oficinas de un polígono industrial de Irun, donde usaban locales de su propiedad, y también en unas dependencias alquiladas en Madrid. Según explicaron fuentes de la Hacienda guipuzcoana, esta operación ha supuesto un “salto cualitativo enorme” para el fisco, porque “nos ha ayudado a comprender cómo funciona un entramado tan complejo como este para evadir impuestos”.

tres brokers La organización, según estas mismas fuentes, tenía “tres brokers que se dedicaban a detectar las debilidades de las administraciones” y aprovecharse de ellas. Un “fraude hipercualificado”, relatan. De este modo, compraban gasolina a través de una empresa y a la hora de pagar el IVA, pedían un aplazamiento y en ese periodo disolvían la empresa. Para cuando Hacienda movía ficha en los plazos marcados, las empresas ya no estaban y resultaba prácticamente imposible reclamarles el dinero debido al complejo entramado de testaferros.

La investigación de la Ertzaintza comenzó a principios del mes de julio pasado tras recibir un encargo del Juzgado de Instrucción número 3 de Donostia, derivado de la denuncia judicial interpuesta por la Hacienda Foral de Gipuzkoa, que a principios de 2017 detectó irregularidades en relación a la trama. Tras constatar los indicios de fraude, la Hacienda foral llevó el caso a los tribunales y advirtió a la Agencia Tributaria estatal del proceder del grupo investigado.

El caso fue asignado a la Sección de Delitos Económicos de la Ertzaintza, que trabajo conjuntamente con el Servicio de Investigación Criminal Territorial de Gipuzkoa. En el proceso de averiguación han colaborado también dos técnicos de la entidad foral guipuzcoana.

El Departamento de Seguridad explicó que el delito consistía en no ingresar a la Hacienda el IVA derivado de las intermediación en la venta de carburantes que realizaba el presunto grupo criminal entre empresas petrolíferas y gasolineras ubicadas en el sur y el levante peninsular. En cambio, esas gasolineras sí deducían de forma legal las cantidades del IVA no tributado por la trama desmantelada ahora. Ese fraude permitía además al grupo delictivo ofrecer a las estaciones de servicio precios inferiores a los del mercado, lo que provocaba un grave perjuicio a los competidores que sí cumplían con las obligaciones fiscales.

varios testaferros Según la investigación, esta trama constituyó una empresa a finales de 2015 y operó de forma ilegal durante 2016. La actividad continuó en 2017 a través de una segunda entidad comercial. En ambos casos, su titularidad se ocultaba a través de varios testaferros, que figuran entre los implicados. Ese cambio de empresa y el uso de testaferros pretendían dificultar la labor fiscal de las agencias de tributación.

Según la Ertzaintza, una parte del grupo realizaba tareas de dirección con el líder encarcelado al frente, mientras que otra se dedicaba a labores de gestión administrativa incluyendo el blanqueo de capitales. Otros integrantes llevaban a cabo funciones comerciales para cerrar operaciones entre mayoristas y minoristas. Por último, los testaferros se encargaban de dar opacidad a la actividad de la trama.

A esta red se le acusa de seis delitos: contra la hacienda, falsificación de documentos y blanqueo de capitales, entre ellos.