La defensa de De Miguel pide la nulidad de la instrucción en la primera sesión

GASTEIZ. El macrojuicio por presunta corrupción que sienta en el banquillo a ex altos cargos del PNV alavés ha comenzado hoy con la petición por parte de la Fiscalía de la incorporación de nuevas pruebas y testificales al caso mientras que el abogado del principal imputado, Alfredo de Miguel, ha reclamado la nulidad total del procedimiento.

Pasadas las diez y cuarto de la mañana ha arrancado este juicio en la Audiencia Provincial de Álava, el mayor sumario por presunta corrupción instruido en Euskadi con 26 imputados, entre los que figuran también cargos durante los gobiernos de Juan José Ibarretxe.

Las cuestiones previas centrarán las primeras sesiones hasta el 18 de enero. Así el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, ha solicitado hoy que testifique el ertzaina que participó en la cadena de custodia de la grabadora que entregó en la Fiscalía la abogada Ainhoa Alberdi, la persona que destapó este caso al denunciar hace ocho años que De Miguel le pidió el pago de una comisión de 100.000 euros tras haber sido adjudicada a la empresa de la que era administradora la ampliación del Parque Tecnológico de Álava en Miñano.

También ha pedido la testifical del notario en cuya notaría se constituyeron muchas de las sociedades objeto de investigación y la de un técnico de la Diputación de Álava, y ha reclamado nueva prueba documental vinculada a una de las sociedades investigas.

La defensa de De Miguel, el letrado Gonzalo Susaeta, y la de otros acusados han mostrado su contrariedad por el hecho de que quiera aportar ahora nuevas pruebas y testificales.

Además el abogado del que fuera número dos del PNV alavés, para quien la Fiscalía pide 54 años de cárcel por liderar una supuesta trama de cobro de comisiones ilegales, ha reclamado la nulidad de toda la instrucción por la conculcación de derechos fundamentales de los acusados -como el de intimidad, inviolabilidad del domicilio y del secreto de comunicaciones, entre otros- debido a la "extralimitación" de los agentes de la Ertzaintza de la unidad de delitos económicos a la hora de extraer información de los ordenadores de los acusados y a la incautación "indiscriminada" e "ilegal" de pruebas.

También ha reclamado la nulidad de pruebas concretas, como las "supuestas grabaciones" hechas por Alberdi y las transcripciones derivadas, al observarse "indicios de manipulación" y la ruptura de la cadena de custodia, ya que según ha dicho, la grabadora "deambuló" durante días por las manos distintos agentes y hubo errores con el número de serie y modelo de la misma, de la que no se aportó imagen gráfica.

"Es imposible saber qué grabadora y con qué contenido se entregó en Fiscalía", ha mantenido el letrado, que ha calificado este hecho de un "auténtico despropósito".

Asimismo, Susaeta, que representa también a la mujer de De Miguel, Ainhoa Bilbao, imputada asimismo en este caso, ha reclamado que los acusados declaren en último lugar como en el caso juzgado en Navarra por la presunta violación múltiple de una joven durante los San Fermines.

En la vista de hoy, el tribunal presidido por el magistrado Jaime Tapia, ha escuchado además las cuestiones previas planteadas por los abogados de 12 de los 26 imputados, entre ellas las de los otros dos exmiembros del PNV alavés Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, quienes se han adherido a la petición de nulidad de todo el procedimiento y a la solicitud de que declaren en último lugar.

Por otro lado, la abogada de Jesús Arruti Odriozola, empresario imputado en este proceso, ha indicado que nuevos informes médicos avalan que la salud física y psíquica de su defendido es "muy delicada" para estar presente en este largo procedimiento y ha pedido una nueva pericial médica a la que se ha opuesto el fiscal.

La Fiscalía mantiene en su escrito de acusación, que ha dado hoy por reproducido, que De Miguel dirigió un entramado societario creado antes de 2005 con el que buscaba obtener un "ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas" y que para ello se valió de las responsabilidades políticas que tenía por su pertenencia al PNV.

Establece que la trama delictiva pivotó en torno a Kataia Consulting, una mercantil con domicilio social en una sociedad gastronómica en Vitoria desde la que supuestamente se cobraron comisiones del 4 %.

Dada la envergadura el juicio se ha dividido en doce piezas que se corresponden con las distintas operaciones investigadas, entre las que figuran varias contrataciones con la consejería de Cultura del Gobierno Vasco entre 2006 y 2008, el Parque Tecnológico de Álava y la Diputación alavesa.

De hecho entre los imputados figuran el que fuera viceconsejero de Cultura y Juventud del Gobierno Vasco con Juan José Ibarretxe, Gurutz Larrañaga; y el expresidente de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco Julián Sánchez Alegría.

El juicio continuará mañana y se estima que no quedará visto para sentencia hasta el 25 de octubre.