Las ayudas a las familias crecerán un 50% para fomentar la natalidad
El Gobierno vasco apoyará los proyectos de tener hijos y formar hogares a través de la conciliación y las oportunidades de empleo para los jóvenes
donostia - Con el objetivo de fomentar la natalidad, mitigar los efectos del envejecimiento y aumentar el apoyo a la emancipación y los proyectos familiares de los jóvenes, el Gobierno Vasco incrementará a lo largo de esta legislatura un 50% los recursos destinados a las políticas de familia, como las ayudas para la conciliación. También fomentará el empleo juvenil y “el reemplazo generacional” en el trabajo.
La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, que ayer expuso en el Parlamento Vasco las principales líneas de actuación de su departamento, señaló que los objetivos para la legislatura incluyen una reducción de la tasa de desempleo por debajo del 10% y del índice de pobreza en un 20%; la consolidación del sistema vasco de servicios sociales; potenciar la intermediación laboral y el acompañamiento de Lanbide; y el impulso demográfico.
Artolazabal defendió la decisión del Gobierno Vasco de no aplicar a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) la subida del 8% aprobada por el Gobierno español para el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y actualizar las ayudas con el incremento del IPC, porque así -dijo- se mantiene el poder adquisitivo de los beneficiarios, se “garantiza que la perciban todos los que la necesitan” y permite la sostenibilidad del sistema. Coincidiendo con la comparecencia de la consejera, representantes de colectivos sociales se concentraron frente al Parlamento Vasco para reclamar mayores subidas en la RGI. La consejera también recordó que la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social es una reivindicación histórica y anunció que el Gobierno Vasco la volverá a reclamar.
En el ámbito social, Beatriz Artolazabal reconoció que “la población vasca, al igual que la mayor parte perteneciente a la Europa avanzada, envejece y, por ello el Gobierno Vasco promoverá medidas que reactiven la demografía y animen a nuestra ciudadanía a constituir jóvenes familias en las que se vean satisfechas las necesidades de conciliación del mundo laboral y familiar”. Para lograrlo “el departamento de Empleo y Políticas Sociales apoyará a las familias en su deseo de ampliar el número de hijas e hijos incrementando a lo largo de esta legislatura, hasta un 50% los recursos destinados a las políticas de familia”. “Las personas -señaló Artolazabal- necesitan para hacer realidad su deseo de tener hijos e hijas poder garantizar su bienestar y disponer de servicios de apoyo”. Unos servicios detallados en “una estrategia integral de apoyo a la familia y a la infancia que garantice que todas las estructuras familiares cuenten con el mismo grado de reconocimiento y de protección social”.
reordenar ayudas Las líneas básicas de esta estrategia son “garantizar los recursos económicos mínimos de todas las familias con hijas e hijos y prevenir la pobreza infantil; reorientar las ayudas actuales reforzando las previstas para las excedencias en el caso de menores de doce meses, y por reducción de jornada en familias con necesidades especiales: numerosas, monoparentales o con personas con discapacidad; favorecer la emancipación juvenil y los proyectos de vida autónomos, para facilitar la formación de nuevas unidades familiares; impulsar que los menores puedan recibir servicios de atención infantil accesible, asequible y de calidad; reforzar los programas de parentalidad positiva, de salud infantil y de mediación familiar; o favorecer el acceso de todos los niños/as y jóvenes, en igualdad de condiciones, a una oferta más amplia de recursos y equipamientos socioeducativos, deportivos, culturales y de ocio”.
Respecto a la situación de las ayudas sociales que gestiona el Gobierno Vasco (RGI y PCV), Beatriz Artolazabal afirmó que “ya no existe una saturación de las oficinas por solicitantes de la RGI”, y que el fraude y los pagos indebidos de estas prestaciones no llegan al 1% de los casos: el fraude en el cobro de ayudas es de un 0,59% y los usos indebidos de la prestación suponen un 0,8%.
Artolazabal destacó la reducción de plazos en la tramitación de los expedientes de la RGI y la “mejora” de su gestión. Recordó que en cinco meses presentará una propuesta de reforma “integral” del sistema de Garantía de Ingresos y Contra la Exclusión que tratará de “simplificar” la tramitación de las prestaciones sociales reduciendo la documentación que se exige a los ciudadanos.