El Congreso lleva al Gobierno español al Constitucional por su insumisión

La iniciativa, presentada de forma conjunta por todos los grupos salvo el PP, se produce después de que tres ministros, Ana Pastor, Pedro Morenés y Jorge Fernández Díaz, no acudieran a sendas comparecencias en comisión a la que estaban convocados, al entender que no tienen la obligación de rendir cuentas ante una Cámara que no les ha dado su confianza. No obstante, antes de que el conflicto llegue formalmente al TC, el Gobierno en funciones tiene un mes para responder al requerimiento del Congreso y revocar su decisión. En el caso de no hacerlo, los servicios jurídicos de la Cámara registrarán el recurso en el alto tribunal.

A la votación asistió buena parte del Gobierno, aunque no el presidente, Mariano Rajoy, que ayer precisamente compareció ante el pleno para dar cuenta de las últimas decisiones de la UE sobre la crisis de los refugiados.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, insistió en que pretender que el Ejecutivo en funciones se someta al control del Congreso “va en contra de todos los informes y precedentes de esta Cámara”.

Uno tras otro los portavoces de las distintas fuerzas parlamentarias reclamaron al Ejecutivo en funciones que reconsidere su posición y acepte el control de la Cámara aun cuando no exista “relación de confianza” entre el Parlamento surgido de las elecciones del 20-D y el Gobierno de la pasada legislatura. Todos los grupos, con excepción del popular, que representan dos tercios de los diputados de la Cámara, acusaron en el pleno al Gobierno de “desprecio” al Congreso, de no respetar la democracia y de continuar con la actuación de la anterior legislatura en la que el presidente y los ministros eludieron en multitud de ocasiones comparecer ante el Congreso.

Como promotor del recurso, el portavoz de PSOE, Antonio Hernando, señaló que lo que defiende esta iniciativa es “la democracia misma”, por lo que ha asegurado que hoy es el “día de la dignidad del Parlamento”.

Hernando argumentó que la “rebeldía declarada” por el Gobierno en funciones y su “desprecio” a dar cuenta a los ciudadanos pone en cuestión el funcionamiento del sistema constitucional. “No es solo la ley, sino la democracia misma lo que pretendemos defender”, proclamó.

Para el portavoz de Podemos, Íñigo Errejón, la falta de control al Gobierno español puede acabar derivando en posiciones contrarias al interés general y el pluralismo. “No les estamos pidiendo un favor, sino que cumplan con su deber”, recalcó tras recordar al Ejecutivo que “la Constitución no distingue entre Gobierno y Gobierno en funciones” e instarle a rectificar. “Dense una oportunidad para terminar su mandato con dignidad”, ha emplazado.

Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos, reprochó a los representantes del PP que estén todo el tiempo acusando a otros de haber “matado” a Montesquieu, cuando ellos “le han dejado en funciones”, y recordó al Gobierno que España es una democracia parlamentaria en la que rige la separación de poderes.

Por el PNV, Mikel Legarda lamentó que el Ejecutivo, al que acusó de “fraude constitucional”, haya forzado este conflicto institucional. “Esa posición es inaceptable -subrayó-. Estamos escandalizados por la elusión del control, que es la esencia del sistema parlamentario”.

El PP solo encontró algo de comprensión en su socio electoral de UPN, cuyo diputado Carlos Salvador también es partidario del control al Gobierno pero ha preferido abstenerse porque considera que el PSOE no es “sincero”. - Efe/E.P.