“Somos objeto de caza mayor”

Andreu Viloca, el contable. Se caracteriza por su especial discreción, hasta el punto de que escasean las fotografías de él y pocos le conocen en el mundillo político, incluso entre sus correligionarios. De su currículum se conoce que ocupó un cargo directivo en una entidad propietaria de un holding de 15 empresas con intereses en distintos sectores, entre ellos inmobiliarios, de finanzas y seguros. Anticorrupción le atribuye indiciariamente un total de seis delitos.

Del director de obra pública del Govern a altos empresarios. También se detuvo en la operación que desarrolló la Guardia Civil, continuación de la que realizó en agosto, a Josep Antoni Rosell, director general de Infraestructuras de la Generalitat; al consejero delegado del Grupo Soler, Jordi Soler; al exconsejero delegado de Copisa, Xavier Tauler, que actualmente cumple funciones de consultor dentro de la empresa; a dos funcionarios de la sede de Convergència, Carlos del Pozo, mano derecha de Viloca, y Anna Benitez; así como a un empresario de Madrid, Sergio Lerma. Otros arrestados son Juan Luis Romero Gamero (presidente de la empresa Rogasa), Antonio García Bragado (consejero en la empresa Gerona de Aparcamientos y Servicios) y Josep Manel Bassols, exalcalde de Anglès (La Selva).

Donostia - “No encontrarán nada porque no hay nada ilegal en estas adjudicaciones”. Rostro serio, contundente en la expresión y explayándose lo que fuera menester, Artur Mas denunció una “sobreactuación y exageración” en la operación desarrollada ayer por la Guardia Civil en la sede de Convergència, en la calle Córcega de Barcelona, una continuación de la que tuvo lugar el pasado 28 de agosto, en plena precampaña del 27-S, en busca de pruebas del pago de comisiones del 3% a su partido por parte de empresas a cambio de adjudicaciones públicas. En dicha operación, denominada Petrum III, los agentes detuvieron al tesorero de la formación convergente, Andreu Viloca; y a un alto cargo de obra pública de la Generalitat, Josep Antoni Rosell; así como a siete empresarios relacionados con constructoras y a dos administrativos del departamento financiero de CDC. Una actuación, según el president en funciones, que “no es ajena al momento político que vivimos”, en alusión al proceso independentista, y que convierte tanto a las siglas que lidera como a él en “piezas de caza mayor” por parte de los poderes del Estado.

Aunque su presencia pública ante la prensa respondía a la firma del decreto de constitución del Parlament, Mas se afanó en zanjar que no existen las irregularidades de las que presuntamente se les acusa, y defendió a capa y espada el proceder de la empresa GISA que dirige Rosell. “Pueden mirarlo todo, registrarlo todo y llevárselo todo, pero estoy convencido de que todos los expedientes de adjudicación de esta empresa son impecables y los más exigentes de toda España”, alegó, amparándose en un sistema “súper garantista y súper transparente”, y dispuesto si hace falta a comparecer en el Parlament esta misma semana, lo que supondría su segunda aparición para abordar este asunto. Si bien no citó a Viloca, expresó su plena confianza en los administradores del partido, aunque “si se demuestra que no eran dignos, tomaremos decisiones, aunque seguro que no hará falta”. De hecho, “en diez años no he tenido que tomar ninguna porque no se ha encontrado ninguna evidencia de irregularidad grave”, aclaró Mas, compartiendo la sensación de sus correligionarios, que observan un “ensañamiento policial”. Es por ello que censuró la puesta en escena de la Fiscalía y la Guardia Civil, y que algunos medios de comunicación fueran avisados previa y nuevamente de la operación. “Estamos ante la segunda parte de lo que vimos hace unas semanas, entraron un día simbólico y ahora lo vuelven a hacer”, recalcó Mas, advirtiendo de que nada de esto truncará el llamado procés ya que “el Estado seguirá actuando”. “Si lo que está pasando en Catalunya dependiera de eso, vamos mal”, subrayó.

empresas registradas Anticorrupción atribuye indiciariamente al tesorero un total de seis delitos relacionados con la corrupción: cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos o subastas públicas y blanqueo de capitales, según el Ministerio Público. Entre las constructoras registradas y cuyos responsables fueron detenidos se encuentran Copisa, Urbaser, Rogasa, Grupo Soler, Oproler, Tec Cuatro y una filial de Acciona. Todas estas sociedades, según los papeles que se airearon en plena campaña y cuando más fuerza cobraba el independentismo, habrían hecho supuestamente cuantiosas donaciones en los últimos años a las dos fundaciones de Convergència, CatDem y Barcelona Fòrum. Xavier Tauler ejerció de consejero delegado de la constructora Copisa -la segunda mayor donante a CDC, con más de un millón de euros, y también está imputado en la causa que investiga la Audiencia Nacional por el pago de comisiones ilegales a Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresident catalán. Copisa es la segunda mayor donante a Convergència, con más de un millón de euros. La fundación de Urbaser, filial del grupo constructor ACS, habría entregado a CDC en los últimos años 390.000 euros. En paralelo, los investigadores siguen el rastro de la adjudicación del servicio de limpieza y basuras del Ayuntamiento de Olot, adjudicado en 2011 a una unión temporal de empresas (UTE) formada por Urbaser e IGFA.

Por su parte, la sociedad Rogasa (acrónimo de Romero Gamero SA) pertenece al mismo grupo que la constructora Rehac SA, cuyo administrador único es Juan Luis Romero Gamero, que está entre los detenidos. Rehac SA figura también entre los donantes a CDC, pero con un importe menor: 22.000 euros entre 2008 y 2009. Montante inferior al del Grupo Soler, con 590.000 euros. Oproler responde a una constructora de Madrid donde uno de sus directivos, Sergio Lerma Verde, también arrestado, se halla en la lista de donantes al partido de Mas. Tec Cuatro aportó 50.000 euros en 2012, y Antonio García Bragado, uno de los socios de la sociedad, se halla entre los detenidos.

La operación de ayer fue el asidero de los partidos unionistas en Catalunya para reclamar explicaciones a Mas y poner en tela de juicio que pueda ser investido president en esta coyuntura personal y colectiva. Desde el PSC le reclamaron que deje “todos sus cargos públicos” si se demuestra finalmente la financiación irregular, mientras que desde el PP le instaron a “no tirar pelotas fuera” y decir “si tiene algo que ver con sus responsabilidades como presidente del partido”. Ciutadans fue más allá al exigirle que “deje de esconderse” y “renuncie” a su candidatura ya que según su líder, Inés Arrimadas, “Mas no puede ser el próximo president”. Desde CDC señalaron que todo lo acontecido era innecesario porque toda la información incautada podría haber sido entregada de forma voluntaria evitando así un “espectáculo mediático”, y es que, a juicio del coordinador general de la formación, Josep Rull, resulta “inaceptable” que se prioricen este tipo de actuaciones “espectaculares” más allá de querer “averiguar la verdad”. Acontecimientos que, según Mas, tendrán un punto y seguido, y que repuntarán si el soberanismo no cede.