107 herriko tabernas esperan un auto que aclare cómo se ejecutará el decomiso

- El futuro de 107 locales en los que se ubicaron o aún se mantienen herriko tabernas es una absoluta incógnita. El fallo de la Audiencia Nacional, confirmado por el Supremo en junio, fue claro al establecer en uno de sus puntos el decomiso de estos establecimientos, si bien aún no se ha definido en absoluto cómo se aplicará este punto de la sentencia. La previsión es que un próximo auto de la Audiencia Nacional aclarará a corto plazo cómo se deberá ejecutar la sentencia, mientras que una veintena de abogados tratará de defender, caso por caso, el futuro de estos locales. La defensa que ha llevado la causa prepara también un recurso de amparo al Tribunal Constitucional.

El abogado Kepa Landa ha sido el principal responsable de la defensa en este caso y, desde su punto de vista, la palabra incertidumbre es la que mejor refleja la situación de los locales. “No sabemos cómo ni cuándo se va a ejecutar la sentencia, es la pregunta del millón. La situación es de incertidumbre total. La sentencia solo dice que se declara el comiso de estos locales, a pesar de que se reconoce que no se ha podido demostrar un solo traspaso económico hacia ETA u organizaciones dependientes ni tampoco lo contrario”, explica.

Además de las condenas a 20 miembros de la izquierda abertzale, el fallo de la Audiencia Nacional, ratificado por el Supremo, indica en sus dos últimas líneas que “se decreta el comiso de los efectos intervenidos que han tenido relación con los delitos cometidos y, en particular, de las siguientes herriko tabernas”. A partir de ahí una lista detalla los locales afectados, una enumeración de 111 establecimientos de la que se excluyó finalmente a cuatro locales.

La mayoría de estos establecimientos funciona todavía, aunque la amenaza de un cierre prácticamente seguro está en el horizonte. “Los propietarios siguen siendo los titulares de sus patrimonios y de sus asociaciones en tanto en cuanto no se acuerda la disolución y están inscritas en el registro. Las herriko tabernas no están teóricamente en trámite de disolución, aunque sí se ha decretado la disolución de Banaka, una asesoría que dejó de funcionar en 2002; Erosgune, una distribuidora que desapareció en 2002; Eneko, otra distribuidora; y Eustatza, una asociación creada para coordinar las actividades de las herrikos”, explica Kepa Landa.

La casuística es muy amplia y no se conoce el número de trabajadores afectados, ya que en algunos locales trabajan varios voluntarios. La taberna Kirruli del barrio bilbaino de Indautxu es una de las afectadas. En este caso, este bar está gestionado por la asociación Kirruli Kultur Elkartea, que cuenta con unos 60 socios, y tiene cinco trabajadores dados de alta en la Seguridad Social, dos de ellos a jornada completa.

“Trasladamos a los trabajadores lo que nos trasladan nuestros abogados: no sabemos qué va a pasar. En los últimos años la mayor parte de los beneficios se han destinado a pagar el local, que ahora va a pasar a manos del Estado”, explica Beto Rey, encargado de Kirruli Elkartea. En cualquier caso, este local también asume que está abocado al cierre a corto o medio plazo. “Pensamos que nos vamos a quedar sin el local, sí, y varias personas sin trabajo, lo cual es especialmente grave en una situación de crisis”, añade.

la doble vía Aunque la sentencia es firme, desde el punto de vista judicial quedan dos vías. Por un lado, la defensa presentará un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Además, se prevé que los abogados que llevan los casos particulares de las herrikos presenten alegaciones a la ejecución de la sentencia una vez que la Audiencia Nacional la plantee. “Los abogados de las entidades que gestionan los locales van a pelear cada caso y la ejecución no va a ser nada fácil. No es un tema sencillo”, señala el abogado Landa.

El plazo en el que pueda llegar el auto que concrete el procedimiento es también una incógnita. “No tenemos ni idea. La causa comenzó en 2002 y han pasado ya 13 años”, explica. Tampoco está claro que, tal y como se indicó, los locales vayan a ser subastados y el dinero se vaya a destinar a las víctimas del terrorismo. “No sé de dónde salió aquella información, pero tengo muchas dudas de que sea cierta. Mi opinión es que ni siquiera en la Audiencia Nacional saben cómo van a ejecutar un fallo de estas características”. Lo cierto es que aquella información salió del Ministerio de Justicia, que indicó que una vez dictado el auto en el que se especifique cómo se ejecutará la sentencia, se dará traslado al secretario judicial para que proceda a la clausura de los locales y posterior venta mediante subasta pública. El propio Ministerio reconoció que el procedimiento podría dilatarse en el tiempo.

Cuando en 2002 el juez dio orden de iniciar la operación contra las herriko tabernas se produjeron numerosos incidentes en algunas localidades vascas. Desde entonces ha llovido muchísimo en Euskadi, más si cabe a nivel político y social, y las protestas que este verano se han impulsado en diferentes herriko tabernas han tenido un tono muy diferente y básicamente se han limitado a denunciar la situación que viven estos locales. La previsión es que las movilizaciones mantengan este cariz en los próximos meses.