GASTEIZ. El copago farmacéutico en Euskadi no tiene la misma incidencia que en las otras autonomías españolas. Fue implantado el 1 de julio de 2013, un año después que en el resto de Estado, y con una diferencia en su sistema: los pensionistas no tienen que adelantar las cantidades que pagan por sus medicamentos cuando superan los topes máximos previstos a abonar según sus rentas.
El Gobierno vasco optó por no acatar, por espacio de un año, el auto del Tribunal Constitucional (TC) que obligaba a esta comunidad a poner en marcha el nuevo copago.
El Ejecutivo anterior presidido por el socialista Patxi López recurrió el Real Decreto al TC y aprobó el 26 de junio de 2012 otro decreto que evitaba la aplicación del copago en base a las competencias que le otorga el Estatuto de Autonomía y porque Euskadi cuenta con "suficiencia financiera" para hacer frente a este gasto.
Ese decreto también permitió la atención sanitaria a inmigrantes sin papeles.
Pero en julio de ese año el TC suspendió cautelarmente dicho decreto y en diciembre del mismo año el Alto Tribunal mantuvo esa suspensión cautelar pero permitió aplicar la atención a los inmigrantes sin papeles, en contra de lo establecido por el Ministerio de Sanidad, que acordó anular la tarjeta sanitaria a este colectivo.
Esa suspensión cautelar obligaba al Gobierno vasco a implantar el copago hasta que hubiera una sentencia definitiva y el Gobierno de Patxi López, que salió del ejecutivo en diciembre, no lo hizo y su sucesor, Iñigo Urkullu, tampoco cumplió con ese mandato durante sus primeros meses al frente del Gobierno.
Finalmente el 1 de julio Euskadi acató ese auto y comenzó a aplicar el copago pero con una diferencia con respecto al resto de comunidades: Los pensionistas no tienen que abonar el porcentaje que les corresponde por sus medicamentos si superan el tope asignado a este colectivo.
Además, el pasado mes de noviembre el Gobierno vasco lanzó un órdago al Estado para que el copago no tuviera incidencia en los ciudadanos con las rentas más bajas o en situación de exclusión y aprobó un decreto de "ayudas económicas" destinadas a asegurar el acceso "a tratamientos médicos a grupos de población en situación objetiva de enfermedad y necesidad".
Esto quiere decir que el Gobierno vasco devolverá el dinero aportado por sus medicamentos a unos 400.000 vascos a través de ayudas, concretamente a pensionistas con ingresos en rentas anuales inferiores a los 18.000 euros, y que sean titularles de la Tarjeta Individual Sanitaria, así como a los parados sin prestación por desempleo y que tampoco reciban la Renta de Garantía de Ingresos y a los inmigrantes indocumentados sin recursos.
Pero el copago ha venido bien a las arcas del Gobierno vasco. Según datos facilitados a Efe por el Departamento de Salud, desde julio las nuevas aportaciones que pagan los vascos por las medicinas han logrado un ahorro, entre julio y octubre, de poco más de 8,2 millones de euros.
También el Gobierno de Urkullu ha abierto otro frente con el Estado y, por consiguiente, un nuevo incumplimiento de una legislación básica sobre el copago de los medicamentos que se adquieren en las farmacias de los hospitales que implantó vía decreto el Ministerio de Sanidad a partir del 1 de octubre y que afecta a 43 medicamentos que se dispensan en las farmacias de los hospitales.
El Gobierno vasco sigue sin aplicar esta medida y tras presentar un requerimiento al Gobierno para que anulara dicha resolución, que no tuvo éxito, ha formalizado un recurso contencioso-administrativo contra este copago.
