ALICANTE. Fernando Medán, quien ofrece este viernes una conferencia sobre el tema en Alicante, ha comentado, preguntado por los medios de comunicación, que las provincias de Madrid, Valencia, Cádiz, Barcelona y la comunidad de Navarra son "las que más denuncias de bebés robados" han registrado; en el caso concreto de la provincia valenciana, los casos pueden ser 250, y en toda España la cifra puede ser de 1.500 a 2.000 casos.

Así, ha querido destacar que en "la mayoría de las exhumaciones no se ha encontrado nada y si se han encontrado restos, no se correspondían con el ADN de la madre", por lo que la investigación se cierra en ese punto.

No obstante, ha indicado que, del total de casos denunciados, judicialmente, se piensa que "más de la mitad no es que sean falsos, sino que la información se agota en sí misma", porque no se practican diligencias de mayor alcance.

"PROBLEMA GLOBAL"

Según el abogado, no se trata de un problema local, sino global, porque hay casos de personas "con papeles de haber nacido en La Coruña y en Pamplona, al mismo tiempo, personas nacidas, según los papeles, en Madrid y también en un lugar de Chile, por lo que ha considerado esto es sintomático de que "no es un problema local".

A pesar de eso, ha puesto de ejemplo al Gobierno vasco como pauta de actuación de las comunidades, que también pueden contribuir en este sentido.

Aunque ha insistido en la acumulación de las causas para poder detectar las "interrelaciones" de los casos, ha alabado la disponibilidad de datos que en la CAV se ofrece a los ciudadanos afectados.

En su opinión, hay que dirimir cuáles son las conexiones entre los casos y, para ello, la investigación debe ser conjunta y con una "instrucción exhaustiva" para establecer las "interrelaciones" entre casos.

En este sentido, ha expresado su "opinión" de que podría haber "una trama" común, porque el 'modus operandi' es parecido. Entre los rasgos comunes, el abogado ha apuntado a "instituciones eclesiásticas", hospitales relacionados con "congregaciones" y, principalmente, a la década de los 60.

Aunque ha resaltado el papel de los jueces y fiscales en este asunto, así como de los defensores del pueblo, tanto el estatal como los autonómicos, ha incidido en la necesidad de que el Congreso retome este asunto. También ha subrayado la relación que mantiene para sus investigaciones, tanto con el Ministerio de Justicia, como con la Fiscalía General del Estado.